N°13 año 2020

3 de noviembre

Las denuncias de acoso en la universidad pública de Uruguay

 

 

Elisa Filgueira y Mayra Miranda

Durante 2020 en Uruguay se han intensificado las denuncias de acoso y violencia en todos los ámbitos sociales. Estas son producto de un proceso de acumulación en la temática que tiene varios años: la polémica en torno a la respuesta al acoso y la discriminación crece y toma diferentes formas y herramientas. Es decir, al mismo tiempo que los reclamos del feminismo se intensifican y materializan en demandas y reivindicaciones concretas (que a menudo ingresan en esquemas institucionales y los interpelan), la discusión sobre el acoso se comienza a darse a través de un diálogo abierto, con agentes públicos (políticos, comunicadores, o autoridades de diverso tipo) que se ven forzados a generar discurso sobre las respuestas al acoso. A lo largo de este año, desde el feminismo, se han generado esfuerzos desde varios espacios para dar cuenta de las diferentes formas en las que se materializa el sistema de dominación masculino y las redes de complicidad que lo avalan en diversos contextos. Estos reclamos abonan la necesidad de profundizar las respuestas institucionales en materia de acoso, particularmente acoso sexual.

 

La conversación sobre las acciones institucionales que deben desarrollarse ante el acoso y la violencia, están presentes en la agenda política de desde diferentes espacios (institucionales, gremiales, partidarias u otras formas de asociación colectiva). El reclamo de las feministas es constante, y discusiones como qué configura acoso, qué lugar tiene la figura de la víctima, cuáles son las soluciones posibles, cómo se generan políticas que estimulen nuevas pautas de relacionamiento o cómo se rompe con la impunidad de los violentos se vuelcan con progresiva intensidad al debate público. A partir de estas demandas, surgen diferentes protocolos de acción ante el acoso, la discriminación, y la violencia en espacios de todo tipo, ya sea entidades estatales, espacios educativos, organizaciones gremiales, o estructuras político partidarias. Nos interesa analizar cómo el desarrollo de estas discusiones se plasma en un espacio de referencia para Uruguay: la Universidad de la República (UDELAR).

Mediante sus ejes de construcción comunitaria, investigación, extensión y autonomía, la UDELAR ha sido históricamente un actor fundamental en la construcción política del Uruguay. Dentro de la Universidad, las discusiones y proyectos con respecto a esta temática ganan tracción en la última década con diversas denuncias públicas de acoso en espacios universitarios (mediante los medios de prensa), al no encontrar respuestas satisfactorias a nivel institucional. Particularmente este último año, se materializa en la llegada mediática que tuvieron movimientos virtuales como el hashtag “me lo dijeron en la FMED” o “me lo dijeron en la FDER” (facultades de Medicina y Derecho respectivamente), que exponen las violencias que atravesamos como mujeres al habitar la Universidad.

Esto hace que sea necesario dar cuenta de la situación institucional en torno a las temáticas de acoso; es decir, cómo se ha hecho cargo la universidad de las situaciones de acoso. En la UDELAR, existe desde 2013 un protocolo de actuación, que determina un procedimiento a ser aplicado en caso de denuncias por violencia, acoso sexual, laboral y discriminación. Este, crea a su vez, una comisión encargada de aplicar dicho procedimiento, y enuncia su conformación y competencias. La Comisión Central de Prevención y Actuación ante el Acoso y la Discriminación (CPAAD) está integrada por representantes de los gremios universitarios (el docente, el estudiantil, el de funcionarios y el de funcionarios del hospital de Clínicas) y delegados de otros espacios como la División Universitaria de Salud o la Red Temática de Género, que firman un acuerdo de confidencialidad en relación a los casos. La comisión se encarga, de acuerdo al protocolo, de recibir y generar recomendaciones sobre los casos para las autoridades del servicio involucrado. Estas recomendaciones se aprueban por consenso dentro de la comisión, y son definidas en base a informes de situación emitidos por un equipo técnico, encargado de recabar y analizar la información pertinente al caso.

Esta secuencia implica que las denuncias realicen un largo recorrido a través de la burocracia universitaria: desde el espacio donde se presente originalmente a la comisión, de la comisión al equipo técnico, quien realiza un informe que sirve de insumo para la recomendación que la Comisión finalmente enviará a la facultad. Allí, quedarán a consideración de su máximo órgano resolutivo (que generalmente es el Consejo Directivo, órgano cogobernado con representación de docentes, estudiantes y egresados).

Este procedimiento es una de las causas por las cuales las denuncias no son tratadas con la celeridad que requieren. Ello no es producto de una falta de voluntad política de los equipos encargados de esta temática, sino de una realidad que ha atravesado a la mayoría de estos espacios; la falta de presupuesto y relevancia que se le da en el espacio institucional. Por esta razón la comisión cobró notoriedad en diversas ocasiones: por la acumulación de casos sin resolver, debida principalmente a la falta de equipo técnico y a que el funcionamiento de la comisión era mantenido por el esfuerzo de sus integrantes.

El carácter público que tomaron algunos casos evidenció no sólo una falta por parte de la Universidad para responsabilizar a los violentos de sus actos, sino también cómo algunos actores dentro de la comunidad universitaria –particularmente varios docentes de gran trayectoria en la institución- salían en defensa de los abusadores. Sin embargo, la polémica generó que el tema acoso se pusiera nuevamente sobre la mesa dentro de la UDELAR, esta vez en un contexto social que habilitaba discusiones más profundas.

Hoy en día, la comisión funciona con un equipo técnico ampliado, con profesionales de diversas áreas contratados en el último período, y existe una comisión cogobernada (esto es, un espacio con representación de docentes, estudiantes, egresados, y, en este caso funcionarios de la Universidad) con el propósito de generar un nuevo protocolo, integrada por representantes de varios espacios relevantes dentro de la Universidad. Este proceso tiene su comienzo formal en 2019, pero se está dando y reclamando con larga data dentro del entramado comunitario universitario.

 

Generar un nuevo protocolo de acción en este contexto, incita a un sinfín de reflexiones para las mujeres y disidencias que habitamos la UDELAR, democratiza el acceso a la educación, amplía las formas de participación para la construcción de la universidad que queremos, y por sobre todo nos permite ser protagonistas de este proceso. Como mujeres, como jóvenes, y como estudiantes, nos entendemos como actoras colectivas fundamentales de un proceso que se lleva adelante en toda la región, de apuestas insistentes por la despatriarcalización de los espacios, y por tanto de las trayectorias de vida que atravesamos. Por todo esto, creemos necesario no solo reconocernos como tales, sino hacerlo en el contexto en que estamos insertas, entendiéndonos como continuadoras de un acumulado histórico feminista, que hoy cobra una potencia internacional y coordinada que parece inacabable. Las discusiones que se abren en la Universidad y las movilizaciones que surgen a su alrededor son una manifestación más de esto.

 

Es urgente revelarnos en la fuerza propia, y la de nuestras compañeras, entender que la capacidad que tenemos hoy de inundar espacios con estas problemáticas, e incitar y obligar a la reacción, nace de un acumulado político nuestro, que no responde a las líneas de ninguna institución ni orgánica que nos quiera determinar o utilizarnos como bandera, y lo seguimos probando una y otra vez. La creciente movilización hacia la creación de protocolos, códigos de ética, y diversos mecanismos es un ejemplo más de la fuerza del movimiento feminista. Los canales de participación y discusión se abren por la disposición de sistemas políticos y actores institucionales que los habilitan. Pero, sobre todo, por la capacidad de los movimientos sociales de ser agentes de presión, de insertar sus demandas en la agenda pública, y de disrumpir el orden estructural que niega sus reivindicaciones. El feminismo ha tenido diferentes estrategias a través del tiempo para consolidar su capacidad de hacer esto mismo. Hoy en día, vemos algunos de los frutos de una labor histórica que tiene raíces profundas y proyecciones políticas transformadoras, ahora, y siempre.