N°13 año 2020

3 de noviembre

Con Alejandra Domínguez

 

“La lucha por el aborto no va a concluir el día que se apruebe la ley”

Laura Leonelli Morey

La lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina no se detiene a pesar de las restricciones derivadas del covid-19. La investigadora Alejandra Domínguez, una de las principales referentes de la campaña del pañuelo verde, nos cuenta cómo se siguen organizando y cómo impacta la pandemia en los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos.

En los últimos cinco años, Argentina fue protagonista de dos hitos feministas de alto impacto en la región latinoamericana. 2015 fue el año del Ni Una Menos, un grito colectivo que inundó las calles de todas las ciudades y pueblos del país, multiplicó los activismos por una vida sin violencias y potenció la agenda feminista. 2018 fue el año de la marea verde, cuya fuerza logró que, por primera vez en la historia, el Congreso argentino tratara un proyecto de ley para despenalizar el aborto, luego de 13 años de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (“la Campaña”) que impulsan y sostienen decenas de organizaciones. La iniciativa logró la aprobación en la Cámara de Diputados, pero no pasó el filtro conservador del Senado.


El movimiento feminista va detrás de un nuevo hito: la legalización definitiva del aborto. Ese es el compromiso que asumió públicamente el actual presidente, Alberto Fernández, para 2020. Sin embargo, la pandemia atrasó los planes, y por ahora no hay una fecha cierta. El activismo, por su parte, sigue empujando el tema: por ejemplo, ante la imposibilidad de salir a las calles, organizó un multitudinario “pañuelazo virtual” el 28 de septiembre, o “28S”, Día por Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe.


Alejandra Domínguez, referente de esta lucha en Córdoba, está convencida de que habrá ley: habla de su implementación y se adelanta a las restricciones que se podrán interponer al acceso de ese derecho. Pero también habla de cómo se llegó hasta aquí y de cómo la lucha por los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, incluido el aborto, estuvo presente en la agenda del movimiento de mujeres desde los primeros años del retorno de la democracia, hace más de tres décadas. Los hitos de los últimos años no hubieran sido posible sin las luchas que los precedieron y sin el poder de organización feminista que fue abonando ese camino.


Si finalmente el gobierno nacional cumple y logra que se apruebe, Argentina será un respiro en una región cada vez más cerrada a la agenda de derechos, un pequeño oasis entre la derecha liberal de Chile, el gobierno golpista de Bolivia, la derecha antigénero de Paraguay, la ultraderecha fundamentalista de Brasil y la nueva coalición de derecha que gobierna desde hace pocos meses Uruguay.


–Es una gran noticia que el presidente argentino haya tomado el reclamo de las feministas por el aborto legal, pero todo indica que la reacción será muy dura porque contará con financiamiento externo. La investigadora Sonia Correa dice que en Argentina los sectores neoconservadores se organizaron tardíamente en comparación con otros países de la región, como Brasil, y que eso sucedió durante la discusión del proyecto de ley por el aborto, hace dos años. ¿Cómo lo ves?


–Los fundamentalismos se expresan desde distintos lugares, no sólo desde los grupos evangélicos. Aparecen visiblemente con la campaña Con Mis Hijos no te Metas (de dimensión regional) entre la aprobación de Diputados y el rechazo del Senado en 2018. Los grupos fundamentalistas están muy pegados a otros sectores sociales que una podría ubicar como los más conservadores o derechizados; son los que tienen un discurso basado en el individualismo y en que los derechos son para quienes trabajen. Durante la campaña, emergieron discursos y reacciones con relación a los derechos de mujeres y disidencias, que hoy continúan apareciendo en las redes. La campaña de los sectores más fundamentalistas no cesó en todo este tiempo, pero disminuyó, aunque están atentos y haciendo un trabajo de mucha presión y lobby en el Congreso. De hecho, en las últimas elecciones lograron diputados, es decir, hicieron un trabajo estratégico.

 


–¿Están planteadas, dentro del movimiento, estrategias específicas frente a la reacción?
 

–Me parece que como feministas aún no le hemos dado suficiente dimensión a la cuestión de los fundamentalismos. Si bien lo venimos debatiendo, nos cuesta pensar en las estrategias... o capaz que una tiene límites; estamos con las estrategias comunicacionales, las estrategias de cómo sumar a otros, las estrategias en el Congreso… Ya hemos comenzado a pensar qué vamos a hacer en las provincias cuando sea ley y cómo se va a implementar. ¿Cómo vinculamos estas luchas con los avances de los fundamentalismos, que tienen discursos más llanos, de sentido común, que aglutinan de otra manera? Nosotras todavía tenemos un discurso que hay que bajar, hacerlo más cotidiano. Ahí nos están faltando estrategias y creatividad. A veces quedamos obnubiladas por toda la movida que hay en la calle, pero esta movida inmensa no se traduce necesariamente en acciones de accesibilidad de derechos en las instituciones, si bien las pibas jóvenes no dejan pasar casi nada en las instituciones. Hay reclamos, hay denuncias de violencia obstétrica, de libertad reproductiva que se van transformando en acciones de exigibilidad que quizá son las que debemos agudizar para poder competir con esta avanzada tan fuerte de los conservadurismos.

–¿Cuál será el escenario una vez que se legalice el aborto en Argentina?


–Lo que nos ha comenzado a preocupar como Campaña es que una vez que se apruebe la legalización, se tiene que implementar en cada una de las provincias, que son las que restringen el derecho en términos de acceso. La gran preocupación es con los gobiernos provinciales, por la presencia de los sectores antiderechos. De hecho, han operado muy bien en torno a la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), con los decisores de políticas públicas y los docentes, y ha primado el discurso de que es un asunto privado. Creo que desde los feminismos hace falta reforzar la vinculación de la ESI con la violencia hacia las mujeres. La lucha por el tema del aborto no va a concluir el día que se apruebe la ley, todo el trabajo de implementación no será nada sencillo.

–Muchos países de América Latina tienen como centro de las disputas políticas sus capitales, como Buenos Aires. Un gran mérito de las luchas feministas de Argentina es que la movilización ha penetrado en todos los rincones, en todas las provincias, incluso en las más conservadoras. ¿Cómo se logró esto?


–La Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se lanza en 2005. Pero para llegar allí hubo un proceso. El tema del aborto se instala hace 30 años en el Encuentro Nacional de Mujeres, primero con talleres y luego fuertemente en la modificación de la Constitución Nacional Argentina en 1994 con MADE - Mujeres Autoconvocadas a Decidir en Libertad, un espacio que aglutinó a más de cien feministas del país.

 


Alejandra hace un recuento de espacios, organizaciones y activistas que han trabajado durante décadas por los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Nombra a precursoras como Dora Coledesky, Alicia Cacopardo, Safina Newbery y Zulema Palma; o a espacios como la Red de Salud de Mujeres de América Latina y de Argentina o la Campaña 28 de Septiembre, que es una articulación de mujeres y organizaciones latinoamericanas que surgió en la década del 90.


Recuerda que la Campaña llegó con una gran asamblea del Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) de 2003, donde asomaron los primeros pañuelos verdes que han cruzado fronteras y son un símbolo de lucha en decenas de países. Cuenta que en esos Encuentros –cada una de las últimas ediciones reúne a cientos de miles de mujeres– surgen las primeras consignas, como la mítica “anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, propuesta por la Comisión por el Derecho al Aborto, que luego la campaña retoma y trabaja alrededor del tema de la educación sexual.

 


–En 2005, cuando se lanza la Campaña en Córdoba el 28 de mayo, en el que el pañuelo verde se termina de definir, participamos 70 organizaciones de casi todo el país. Es decir, el origen federal estuvo desde el nacimiento.


También fueron fundantes otros espacios como la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir que se crea en 2014 y que hoy está en todo el país desarrollando consejerías y espacios de asesoramiento y tiene la intención de visibilizar y contar con profesionales que garanticen el derecho con una fuerte articulación. Las Socorristas, que surgen unos años antes a partir de la experiencia de la Línea Lesbianas y Feministas por la Despenalización del Aborto en 2008, dieron continuidad al acompañamiento y apoyo a mujeres y niñas que deciden abortar; y tuvieron presencia en las grandes ciudades, pero también en las localidades más pequeñas y remotas.


–Por más hayamos pensado en esta estrategia federal, nos sigue sorprendiendo que se sumen nuevos espacios y grupos en localidades muy pequeñas y distantes de las ciudades. Es importante que distintas feministas a lo largo y a lo ancho del país estemos poniendo cuerpo y cabeza para que en cada localidad se armen espacios de contención, se realicen actividades por el 8 de marzo, dialoguen con el hospital local para garantizar el acceso a la anticoncepción o a una interrupción voluntaria del embarazo permitida por la ley. A su vez, esos espacios pueden ser difíciles de sostener. Participar en ellos puede traer consecuencias, como la no renovación de contratos laborales por su exposición pública por la Campaña. Algunas compañeras han perdido su fuente laboral, otras dejan de activar por temor a perderlo.

–Se sigue poniendo el cuerpo, literalmente. Todavía tiene costos, aunque no tantos como hace cinco, diez o veinte años.


–Tiene muchos costos; los hemos tenido todas las feministas. Hoy nombrarte feminista en Argentina pareciera que no supone costos, pero hay que indagar. La forma en que aparecen violentados los cuerpos en los asesinatos habla de que es difícil para esa sociedad, y para esos varones que aún ejercen mayoritariamente la violencia, bancarse el avance de las mujeres y que reclamemos autonomía, decisión. El empoderamiento tiene altos costos. El patriarcado se va naturalizando, pareciera que lo vamos tirando, que se va cayendo, pero también se va transformando y ahí es donde necesitamos agudizar las estrategias para efectivamente avanzar en esas rupturas.

 


–¿Cómo ves la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos en el marco de la pandemia de la Covid-19?


–La pandemia fue agudizando las dificultades de accesibilidad; primero porque las mujeres no interpretaron, en un inicio, que comprar anticonceptivos era parte de las posibilidades de ir a la farmacia, no lo entendieron como un medicamento. Tampoco hubo claridad cuando se expresaron los distintos permisos que podías obtener para ir a centros de salud. Además, los miedos comienzan a aparecer; actualmente la gente casi no está acudiendo al médico. Las personas demoran en recurrir al sistema de salud, ya llegan con las patologías o situaciones avanzadas porque entienden que el sistema de salud está sólo abocado al covid-19 o porque tienen miedo a contagiarse.

 


–No se está promoviendo ese acceso.
 

–Tampoco. Entonces, las mujeres de sectores populares no iban al centro de salud a buscar sus anticonceptivos porque entendían que necesitaban un permiso. Muchas veces para llegar al centro de salud deben atravesar un puente, en esta ciudad que es grande, y en cada puente hay controles. Hasta que se aclaró que las personas podían ir al médico, pasó un mes y medio. Sumado a que hay faltantes de anticonceptivos. Lo mismo sucede, o peor, con la interrupción legal del embarazo (ILE) [1] . Las mujeres demoraron aún más, según lo que está registrando la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, las mujeres antes llegaban con seis, siete, ocho semanas de retraso a solicitar una ILE, ahora lo hacen con 10, 11 semanas, es decir, en el filo del tercer trimestre.

 


–No se visualiza como un tema sanitario.


–Es necesario que las mujeres puedan entender que acceder a los derechos sexuales y reproductivos tiene que ver con acceder al derecho a la salud, que esto no necesita ningún permiso. A esto se suma que algunos médicos comenzaron de nuevo a obstaculizar el acceso al aborto no punible. Desde la Campaña hicimos una encuesta sobre acceso a ILE y se ha complicado con el inicio de la pandemia el acceso a la interrupción del embarazo por falta de misoprostol, por las barreras para los traslados a los centros de salud, por falta de claridad en la documentación necesaria para la movilidad y porque la Policía solicitaba los controles en las calles sin entender que era parte de la salud. Algunas situaciones empeoran en el interior de la provincia, donde no todas las comunas o poblaciones tienen centros de salud y las mujeres tienen que trasladarse varios kilómetros y en el medio tienen que atravesar un control. En algunos lugares, al contrario, se lograron avances, como que el acceso a la interrupción del embarazo se realice en algunas semanas más avanzadas. Así como la pandemia dificultó el acceso a la ILE, también desnudó las desigualdades y las brechas entre las que accedemos y las que no pueden acceder, entre las mujeres del campo y la ciudad. Las desigualdades estructurales siempre estuvieron, tal vez más ocultas, pero ahora se visibilizaron. Por ejemplo, las dificultades de las mujeres más pobres, las más alejadas de las ciudades que viven en localidades donde no hay médico por recortes presupuestarios o que los traslados no son accesibles, quedaron sin cobertura, sin control de embarazo, sin acceso a métodos anticonceptivos, menos a ILE.

–El activismo feminista descansa en épocas de pandemia y cuarentena.


–No. Es agotador. No paramos nunca. Rápidamente nos trasladamos a la virtualidad. Las redes siguen funcionando. Como Campaña, hemos hecho reuniones cada 15 días, como en  la presencialidad. El grupo de WhatsApp está recontra activo. Los casos continuaron llegando a las activistas y organizaciones de mujeres, y eso nos permitió seguir presionando al programa nacional, al programa provincial, y ahora monitoreamos esos casos para ver qué sucede. Están resolviendo y planteando cuáles son los obstáculos. Son los problemas que tuvimos siempre y antes también realizábamos acciones, pedíamos reunión al ministro, pero ahora el ministro está con el tema covid-19. El resto queda delegado y quizá en esa delegación no hay compromiso. Pareciera que estos temas requieren compromiso todavía, no son vistos como un tema de salud pública, como un derecho.

 


–Las feministas siguen militando, pero ¿qué se ha perdido, además de la posibilidad de estar en las calles, en términos de poder hacer?


–Se va ampliando cada vez más la brecha. Antes, quienes venimos trabajando con mujeres de sectores populares, íbamos al barrio, una vez por semana, cada 15 días. Las ves, hablás, hacés talleres, encuentros. Esto permite ir viendo por dónde están los problemas e ir diseñando con ellas estrategias para incidencia en sus propios centros de salud. No digo que no lo hagan, están muy activas, pero ahora quienes acompañaban están con más restricciones por miedo, por problemas de salud, porque se enteran más tarde de los casos porque no hay reuniones entre grupos de mujeres. El activismo se sigue movilizando para organizar una acción, pero la presencialidad nos permitía discusiones y debates políticos que hoy nos están costando sostener. La presencia en los medios cuesta mucho. Están todo el tiempo narrando casos de covid-19 y es muy difícil entrar con otra agenda. Siempre en situaciones de crisis la agenda de las mujeres, de los derechos sexuales y reproductivos, de aborto, queda como un problema menor. Y el debate en Diputados está parado.

[1] En Argentina, el aborto está despenalizado en dos casos: cuando el embarazo es resultado de una violación o cuando su continuación supone riesgo para la vida o salud de la gestante.