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Silvia Camurça - La necesaria lucha feminista

Resistir a la reforma ultraliberal

Las “reformas” de los sistemas de protección social son parte de los planes de las fuerzas de derecha en todas partes, sea como ataque al Estado de bienestar europeo, o como extinción de los pactos promotores de justicia social conquistados en varios países latinoamericanos desde los años 80 y en los recientes gobiernos de centro-izquierda/populares en la región. Pese a la diferencia de contextos en que se van imponiendo las reformas, vale señalar acontecimientos comunes que confrontan la política feminista sostenida en torno a la defensa de las mujeres, sus vidas, sus derechos, su lugar de ciudadanas.


Las reformas se sostienen en el fin de solidaridad social, liberan la burguesía rentista de devolver a la sociedad parte de las riquezas extraídas del trabajo colectivo. Las reformas dejan sobre las espaldas de las mujeres la solidaridad social entre mujeres a partir de la ayuda mutua, redes familiares y comunitarias para cuidados, en la enfermedad, en la vejez, en la niñez y en la madurez. Y, por ello, empujan a las mujeres a volver a la estructura familiar patriarcal y a la vida doméstica, restringiendo su potencial humano al de cuidadoras y siervas de la sociedad, bloqueando su emancipación. Las reformas profundizarán la pobreza, la enfermedad y la muerte de las mujeres, sea por amenazar los ingresos en momentos en los que no sea posible trabajar, o por limitar la posibilidad de autonomía económica en la vejez, o por rebajar valores mínimos para transferencia de renta en situaciones de extrema pobreza, vía asistencia social.


El caso de Brasil es emblemático. De un golpe machista, misógino, racista, patriarcal y ultraneoliberal solo podría nacer un gobierno igualmente pavoroso a la autonomía de todas las mujeres: fin de las políticas para igualdad de género y racial, fin de las políticas de apoyo a la agricultura familiar y de comunidades tradicionales, aumento de la política de violencia policial contra la población negra y de periferia, fin del compromiso con seguridad alimentaria y nutricional, combate a la educación para una ciudadanía crítica, ninguna política de promoción de empleo, fin del Ministerio de Trabajo, reanudación de los manicomios y tratamiento con descargas eléctricas, viejas conocidas de las mujeres internadas por la fuerza.


Desde el golpe de 2016 y con la implementación de las medidas del actual gobierno, el lugar reservado a la clase trabajadora, mujeres, pueblos indígenas y población negra solo disminuyó. Desde el punto de vista de los mandatarios, son sacrificios necesarios para superar la crisis económica. Al mismo tiempo, los mismos mandatarios afirman proteger y defender a la familia. Con todo, su visión de familia se restringe a una concepción patriarcal: unidad de consumo formada por el hombre jefe de familia-proveedor, su mujer (supuestamente “bella, pudorosa y del hogar”) y sus hijos legítimos, nacidos de esa boda civil, ya que los demás serían “bastardos”. Esa visión se complementa con el abordaje de los derechos sociales como privilegios de algunos y la naturalización del carácter antisocial de la burguesía como legítimo, el simple hecho de ofrecer puestos de trabajo ya sería su contribución social. Es decir, borran las relaciones de explotación y concentración de riquezas, a la vez que el mundo llegó al más alto grado de concentración de riquezas y desigualdades (Thomas Piketty y otros bien lodemostraron).

¿Y nosotras, mujeres?


En el Brasil, las mujeres somos la gran mayoría de las jubiladas por edad y con solo un salario mínimo, o sea, el piso salarial. ¿Y por qué? Porque las desigualdades en el mercado de trabajo capitalista, patriarcal y racista son transferidas hacia el sistema de protección social capitalista, patriarcal y racista de nuestro país. Somos nosotras, las mujeres, las que ganamos menores salarios, somos más veces despedidas, empujadas hacia los sectores precarizados del mercado de trabajo o sectores que más eluden la contribución patronal de la protección.


Nosotras, mujeres de la clase trabajadora brasileña, mayormente formada por la población negra y no blanca, somos aquellas personas que, a lo largo de la vida productiva, más veces paramos de trabajar por razones “privadas”: violencia, embarazo, abortos, partos, para cuidar a otros familiares, niños, ancianos, discapacitados de algúntipo.

En fin, a los 60 años tenemos menor tiempo de contribución a la previdencia, aun empezando a trabajar temprano y trabajando por toda la vida y, por ello, en la mayoría de las veces, solo conseguimos jubilarnos por edad, a diferencia de los hombres que, en su mayoría, se jubilan por tiempo de contribución.


Se construyó esa “desventaja” en la reforma de la previdencia de la era FHC 1 , que acabó con la jubilación por tiempo de servicio, valiendo para efecto de jubilación solo contabilizar los años en que se “pagó” por ese derecho. El Gobierno FHC también acabó con el Consejo que se encargaría del Presupuesto de la Seguridad Social presupuesto jamás implantado por fuerza del bloqueo perpetrado por el

capital financiero a la justicia social.

Seguridad Social, Pública, Universal y Solidaria fue dura conquista social en el Brasil

El sistema de protección social del estado brasileño fue una conquista pos dictadura, fecha de la Asamblea Constituyente de 1988. Denominado Seguridad Social conquistamos, allí, en el artículo 194 de la Constitución Federal vigente, un sistema que incluye la financiación de la salud pública, asistencia social y previdencia social, tomadas como derechos de todos y deber del Estado brasileño.

Son constitucionales las principales fuentes de financiación de ese sistema (artículo 195 CF): la contribución patronal y la contribución del/de la trabajador/a; contribución de las empresas sobre la ganancia (Contribución Social sobre Ganancia Neta), la contribución de la población que incide sobre el consumo (COFINS – Contribución para Financiación de la Seguridad Social), esta última es la mayor recaudación del país; y, además, el PIS/Pasep, es la recaudación sobre importaciones y la contribución que incide sobre los billetes de loterías. El gravamen sobre operaciones financieras sería otra posibilidad, que recogería contribución sobre los inversores del mercado financiero.


Fue una conquista que la figura de “indigente” se retirara del ideario social, todos y todas se hicieron ciudadanos y ciudadanas portadores de derechos sociales. El acceso a la salud pública se volvió universal y no solo para quienes estaban en el mercado formal.


Pero, a pesar de ser constitucional, la seguridad social en Brasil viene siendo atacada desde su conquista. Con la derrota de la izquierda en las elecciones de 1989 y la victoria del campo liberal, se sucedieron reformas: el congreso apoyó sucesivas DRUs (Desvinculación de Recetas de la Unión), sacando cada año dinero de las fuentes constitucionales que deberían financiar la seguridad social, creando falsamente el déficit de la previdencia, que no existe.


Hay todavía la política de exención. El agronegocio, por ejemplo, no paga la contribución, mientras se mantienen cobros sobre la agricultura familiar, que, después de todo, es indicada como causa del supuesto déficit. Y es norma el fraude fiscal de grandes empresas en todas las áreas de los “negocios”.


De momento, la ultraderecha liberal desea acabar de una vez con cualquier posibilidad de solidaridad de clase, es decir, desea deslegitimar el derecho a seguridad social como derecho universal, de todos y todas, a la vez que desea desobligar la burguesía de contribuir a la financiación de derechos y, en este sentido, también de devolverle a la sociedad, en forma de impuestos, una parte de lo mucho que cumula con la explotación del trabajo ajeno, como si las ganancias fueran algo legítimo.

Ganancia y enriquecimiento en detrimento de la calidad de vida de otros seres humanos son inmorales, ilegítimos, inaceptables. Mientras exista pobreza, miseria, hambre, desamparo, imposibilidad de sostenerse a sí mismos con trabajo propio, límites educacionales y de salud, será necesario repartir la riqueza, siempre. En nombre de aquello de humano que todavía queda en nosotros.

Modelo de capitalización insostenible

En Brasil, se pretende adoptar el fallido modelo chileno de capitalización para sustituir al modelo actual de la seguridad social. La capitalización privatiza la seguridad, obligando a cada persona a pagar por su propia protección social, lo que resulta una imposibilidad real a millones de personas. Quienes ganan poco o no ganan, no pueden ahorrar para la vejez, para momentos de enfermedad o imposibilidad de trabajar, ni pagar seguros de salud o servicios de asistencia social. Quienes ganan tan poco, no pueden pagar previdencia privada. Y nosotras, las mujeres, ganamos muy poco, somos de las peores remuneradas en relaciones laborales precarizadas e informales.


Ese modelo ya se demostró fallido en el Chile, aunque parezca bueno a la clase media, siempre interesada en pagar solo por su propio beneficio. Se implantó el modelo liberal de capitalización en Chile durante la dictadura de Pinochet y es indicado como factor importante al aumento continuado de suicidios entre ancianos en aquel país, pues no les aseguró las mínimas condiciones de supervivencia digna en la vejez.


Para nosotras, en país de tamaña desigualdad como el Brasil, solamente previdencia pública, universal y solidaria es posible. Solidaria porque quienes pagan y quienes no pueden pagar, reciben; quienes tienen más pagan más y quienes tienen menos, pagan menos. Además, tanto quienes viven del trabajo y consumen poco, como quienes enriquecieron y consumen mucho, pagan sobre consumo; se retiran las fuentes de financiación de las varias formas de producción y circulación del dinero.


Seguridad solidaria también porque la previdencia, en el modelo de la Constitución de 1988, no es seguro individual, sino un fondo colectivo: la persona no recibe por lo que pagó; alguien que paga mucho recibirá el techo, mientras que quienes pagan poco recibirán el piso. Vale señalar que la reforma de la previdencia bolsonarista también pone en riesgo a las personas ya jubiladas, pues es en la práctica que se da el desmonte del sistema actual por su desfinanciación de largo plazo.


Nosotras mujeres, con doble jornada laboral, trabajos precarios, sin papeles, y bajísimos salarios, empobrecidas, de clase media, negras, domésticas, ambulantes, maquilladoras, manicures, peluqueras, camareras de hotel, sirvientas y profesoras tercerizadas de la red pública de educación, agentes de salud, enfermeras, y tantas otras profesionales de salud y asistencia social, estaremos todas sin ninguna protección social. Sin protección social significa sin seguro de paro, sin pensión por muerte para hijos/hijas, con dificultad de acceso a baja por maternidad, auxilio por enfermedad, límites en el acceso a BPC (Beneficio de Prestación Continuada para casos de imposibilidades permanentes de accesos a trabajo remunerado) y con toda red de asistencia social siendo desguazada y desfinanciada.


La política para la familia, del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, la política de seguridad, de educación, y todo el programa ultraneoliberal de las fuerzas en el poder son bloqueos a avances en la lucha de las mujeres por libertad e igualdad. Peor que eso, dichas políticas corroen las condiciones materiales y objetivas para autonomía de millones de mujeres brasileñas de la clase trabajadora a lo largo de toda la vida y en la vejez.

Pero, como dicen muchos, entre el presente y el futuro está la lucha. Gritemos no a la reforma ultraneoliberal, patriarcal y racista de la previdencia. Luchemos por la Seguridad Social, Pública, Universal y Solidaria. Por una política feminista confrontadora de las varias formas de explotación de las mujeres.

1 Gobierno Fernando Henrique Cardoso, que más enmiendas liberalizantes hizo a la Constitución de 1988 – marco del Estado democrático de Derecho con justicia social en el Brasil.