N°12 año 2020

28 de junio

Uruguay: las economías morales de los discursos políticos

Mujeres, cuerpos y derechos en tiempos de pandemia

 

Autoras:

Laura López, Sandra López y Adriana Rovira.

Profesoras del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología, Universidad de la República.

Ilustración: @dertinchen

Nuestra apuesta es visualizar la administración moral de la política, las economías morales puestas en juego en la construcción del aborto y el feto como mercancías políticas (Berlant, 2011). El resurgimiento de discursos provida en las conferencias de prensa diarias que el gobierno uruguayo realiza con motivo de la emergencia sanitaria instala la necesidad de analizar las vidas, los cuerpos y la moral, como sustratos materiales de la política (Fassin, 2018). Consideramos necesario discutir en clave ético-política los discursos que buscan instalar ciertos mandatos de obediencia sobre la población en general, pero especialmente en las mujeres y sobre sus derechos sexuales y reproductivos.

Cuando habla el presidente

La declaración de pandemia que instauró la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020 configura, entre sus efectos más notorios, situaciones de emergencia social y económica sin precedentes. Impacta con graves consecuencias de despolitización y desalojo sobre el cómo ser y estar en el mundo. Como señala Judith Butler (2020), las desigualdades sociales y económicas producen condiciones materiales diferenciales para enfrentar la pandemia, intensificándose las vidas precarias. La muerte de unas garantiza la vida de otras y habrá vidas que no tendrán valor, que serán estigmatizadas y puestas en riesgo. La desigualdad en las formas de existencia marca los acuerdos morales para definir quiénes son importantes y quiénes son invisibles (Rovira, López y López, 2020).[1]

Según la CEPAL (2020)[2], América Latina enfrenta la pandemia por covid-19 desde una posición más débil que otras regiones en el mundo, dadas sus características de fragilidad de los sistemas económicos y sanitarios. Esta crisis genera condiciones de posibilidad para que ciertas prácticas y discursos de corte patriarcal hegemónico encuentren espacio político con el objetivo de retroceder en una agenda de derechos, bajo el paraguas de la emergencia sanitaria y el constante bombardeo mediático.

En Uruguay se intenta instalar una ideología provida y pro familia heterosexual, se colocan temas que están hace tiempo en el interés de ciertos sectores políticos y religiosos, pero que nada tienen que ver con la gestión de mecanismos de protección de la crisis sanitaria. En sus primeros 70 días, el actual gobierno –una coalición de derecha y ultra-derecha militar que asumió el 1° de marzo de este año– emitió declaraciones que buscan instalar ciertos mandatos de obediencia sobre la población en general, pero especialmente en las mujeres y sobre sus derechos sexuales y reproductivos.

Nos parece importante analizar estas declaraciones ya que nos enfrentan a una reconfiguración estatal que se impregna de un discurso religioso, a través del tráfico de elementos morales y normativos. Paul Preciado (2020) hace énfasis en que el cómo se piensa y actúa en estos momentos de pandemia, oficia como lupa, en tanto amplifica procesos biopolíticos que ocurren desde hace tiempo para el abordaje de las poblaciones no dignas de ser lloradas (Butler, 2010).

En un momento en el cual la vida y la muerte tienen una centralidad en la atención de la población, el gobierno brindó el 4 de mayo su conferencia de prensa diaria, pero esta vez vía Zoom, integrando a periodistas del interior del país. En ese marco, un pastor (perteneciente a la Iglesia Ministerio Evangélico Jeremías), investido de periodista de una radio de Paysandú, antes de formular una pregunta centrada en el tema del aborto, abogó por aquellos que no tienen voz haciendo referencia a 10 mil niños que no nacen en un país caracterizado por la baja natalidad.[3]

Tanto las preguntas como las opiniones que expresó este pastor redirigieron la discusión a la temática del aborto. El presidente toma/aprovecha la intervención para decir que su gobierno sostiene una agenda provida, por lo que tiene una fuerte política de protección de los niños por nacer y de desestímulo de los abortos y pone el énfasis en que hay vida desde la concepción y que un niño no nacido tiene derechos. Posteriormente a sus expresiones, el Ministro de Salud Pública aclaró que no está en discusión el cumplimiento de la legislación vigente, dado que en Uruguay la ley 18.987 despenalizó el aborto voluntario para circunstancias específicas. [4]

Corresponde señalar que en 1919 se declaró la laicidad en Uruguay y la Iglesia Católica se separa del Estado. La decisión política fue plasmada en la Constitución de la República. Nos parece central puntualizar que los marcos normativos cumplen una función de regulación del aparato público estatal; sobre todo es esencial reconocer los efectos que producen en la construcción subjetiva de ciudadanía. El Estado debe proteger, garantizar y promover mecanismos de protección de derechos de la población, para mejorar la dignidad de vida de las personas. Esto quiere decir que cumplir con las leyes vigentes a nivel nacional no es una opción, sino un deber en la administración del Estado en un orden democrático institucional.

Por lo tanto, cuando habla el Presidente damos por hecho que no está planteando no cumplir con los marcos jurídicos vigentes, entonces ¿qué sentido tienen estas expresiones en este momento? ¿Para qué y para quiénes habla el Presidente? Entendemos que sus opiniones tienen una fuerte intencionalidad en una distribución de economías morales sobre lo femenino y de construir marcos de inteligibilidad en el reconocimiento de los derechos de las mujeres.

Debemos señalar el valor político del discurso. Está la ley, la norma, el cuerpo jurídico que establece criterios de regulación y punitividad sobre las personas, pero al capturar políticamente lo femenino en el discurso, se lo extrae de lo legal para llevarlo a lo moral. Aunque el presidente diga que la ley se cumplirá, instala la agenda de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en un terreno de valoración y acuerdo moral. Se separa la valoración punitiva de una categoría de verdad e instala un valor de verdad que el hombre se auto-asigna, desconociendo lo femenino. Denota con ello un lugar de dominación y vigilancia, que ubica a la mujer en un lugar falsamente natural (Irigaray, 1994).

Hay un sujeto hablante hombre que tiene la investidura de Presidente y que cuando habla reclama e instaura la propiedad de un cuerpo femenino. Al enunciar que está a favor de la agenda provida está haciendo un acto de propiedad; su palabra no es igual a la palabra de todos, él es la autoridad máxima del Estado y debido a ello, establece pautas institucionales. Las leyes no son sólo instrumentos jurídicos; son también acuerdos morales con impactos políticos que sostienen y establecen los marcos de lo posible.

Las mujeres, las violencias, el feto y el covid-19

Ubicar la presencia de la vida no nacida a nivel del discurso presidencial en el marco de la actual pandemia establece al menos tres estrategias de distribución de lo político que son ineludibles de señalar.

Como primera estrategia se produce el desalojo de las condiciones actuales de precarización de la vida de las mujeres, que son obligadas moralmente a gestar y mantener vida en un momento en que los niveles de desigualdad en general aumentan e intensifican las desventajas de las mujeres como efecto de un sistema de género. Es notorio el aumento de la desigualdad, el desempleo y la violencia doméstica, lo cual repercute en nuestra percepción respecto al futuro y la posibilidad de tener un proyecto de vida digno.

Hablar de cómo las mujeres deben ser estimuladas a continuar con embarazos no deseados y en condiciones dramáticas de existencia es ignorar que los derechos se construyen socialmente y el lugar de la producción colectiva –y no individual– en las condiciones de desigualdad y precarización de la vida de las mujeres. Las condiciones de vida de las mujeres son universalizadas y se ignora o pasa por alto la violencia y la precarización de la vida que coacciona a muchas mujeres en la decisión de continuar o interrumpir un embarazo (Menon, 2004 en Phillips, 2019).

Como segunda estrategia, hablar de la vida no nacida ubica lo que Lauren Berlant (2011) denomina mercancía política del feto. Los discursos provida y pro familia configuran el feto en términos de ícono natural y de identidad santificada.

“En este sentido, la identidad nacional santificada del feto es lo opuesto a cualquier identidad multicultural, sexual o de clase: el feto es una luz cegadora que, triunfante como forma modal de ciudadano, borraría las marcas de jerarquía, taxonomía y violencia que ahora parecen tan importantes para la lucha política en torno a quién debe poseer los recursos materiales y culturales de la vida nacional contemporánea” (Berlant, 2011, p. 27)

Lauren Berlant plantea el uso de la iconicidad del feto santificado: el feto es una figura transclase que opera invisivilizando desigualdades, de clase, de género y raciales. El feto es la vida desnuda sin desigualdad enfrentada a la vida de las mujeres, niñas y niños ya nacidas que tienen vidas que no importa cuidar o llorar (Butler, 2011). El feto sirve además para la distribución de derechos versus el reclamo de la protección jurídica al aborto como condición de identificación de la identidad particular de las mujeres (Berlant, 2011).

Se establece un discurso que es falocéntrico donde lo que les sucede a las mujeres es capturado, reinterpretado y vuelto hacia afuera recodificado por una palabra-hombre en la cual la mujer se devuelve como una mujer especular distorsionada de sí misma (Irigaray, 1984). Hay una voz masculina que establece algo negado del trauma del aborto al ponerlo únicamente en una elección de la mujer, e invisibiliza la producción social de coacción a la interrupción del embarazo enmarcada en un dolor subalterno de vidas precarizadas que no pueden sostener la vida, pero que enfrentan la disyuntiva política de sostener la vida del feto (Berlant, 2011; Phillips, 2019).

Como tercer y último aspecto, el feto como vida por venir se impone como responsabilidad femenina en los discursos patriarcales sostenido a partir de una cultura basada en políticas de identidad y distribución de valor de ciudadanías. En contextos de pandemia por covid-19, en los cuales se intensifican las vidas precarizadas para algunas, la administración moral de la política cobra protagonismo, al convertir a estas mismas vidas en responsables por la muerte de las vidas por venir. Paradoja perversa que insiste una vez más en el control del cuerpo de las mujeres a través de su capacidad reproductiva. La metáfora de la vida intrauterina, a través de la iconicidad del feto santificado, expone a las mujeres al poder de dar muerte en términos de responsabilidades/elecciones individuales. En palabras de Penélope Deutscher (2019) las mujeres son “capaces de propagar la muerte y así obstaculizar el futuro social, nacional o racial, y por lo tanto están expuestas a una tanatopolitización de la reproducción y la maternidad”.

La política se ejerce sobre y a través de los cuerpos, en este caso los cuerpos de las mujeres. “Sobre ellos y en ellos, en particular, se leen las desigualdades, se imprimen las violencias, se inscriben las normas de conducta e inconducta” (Fassin, 2018). En estos marcos de comprensión, la economía política del feto nos lleva a pensar que la interrupción del embarazo no es una cuestión de libre elección de las mujeres. ¿A través de qué estrategias la vida del feto se impone sobre las vidas precarias de muchas mujeres? ¿Qué economías morales sostienen a las mujeres como distribuidoras de muerte?