N°13 año 2020

3 de noviembre

Inclusión laboral trans-travesti en Argentina

UN PASO MÁS

 

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Estado argentino estableció que el 1% de los cargos del Sector Público Nacional serán destinados a personas travestis, trans, transgénero y transexuales. Esta conquista histórica del colectivo LGBTIQ+ se enmarca en la lucha por alcanzar una Ley Integral Trans.

 

Julieta Pollo

La población trans-travesti argentina es estructuralmente pobre: en su gran mayoría, se trata de
personas expulsadas del ámbito familiar a temprana edad y excluidas del sistema educativo y
laboral, formal e informal. Con serias dificultades para acceder al sistema de salud y para cubrir
sus necesidades alimentarias y habitacionales, quedan expuestas a múltiples violencias y en una
situación de precariedad que dificulta la posibilidad de elegir y proyectar sus vidas: la expectativa
de vida de trans y travestis en nuestro país es, aún hoy, de entre 35 y 40 años.


En este marco, el derecho básico al empleo emerge como condición imprescindible para
garantizar otros. Para tomar noción, en Argentina solo el 18% de las personas trans y travestis
han tenido acceso a trabajos formales, según el último informe realizado en la materia por la
Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) y la Fundación
Huésped, en 2014. Luego de atravesar distintas formas de exclusión, al menos el 80% de estas
personas ejerce o ejerció el trabajo sexual: es uno de los pocos destinos posibles. El derecho al
trabajo es una deuda histórica que reclaman hace más de una década las organizaciones sociales
disidentes: cupo laboral a nivel estatal y políticas de integración laboral en los sectores público y
privado.


El 4 de septiembre de 2020 fue un día histórico en materia de derechos humanos para la
población LGBTIQ+: Argentina estableció por Decreto que un mínimo el 1% de todos los
cargos y contratos del Estado nacional, en cualquiera de las modalidades de contratación
vigentes, sean destinados a personas travestis, trans, transgénero y transexuales. El Decreto
721/20
se plantea como una medida de “acción positiva con el objetivo de comenzar a reparar
las vulneraciones que se han cometido históricamente contra las personas travestis, transexuales
y transgénero en nuestro país”.


“La importancia de que el Cupo Laboral Trans sea ley es que su efectivización va a generar
garantías de sobrevivencia para el colectivo, nos visibiliza y es un paso más hacia el poder elegir
cómo vivir”, sostiene la activista trans cordobesa y trabajadora social Luz Achával. “Como decía
Pía Baudracco, nos dicen PCP: putas, costureras o peluqueras, porque fuera de eso no podemos
ser otra cosa. El trabajo es un eje ordenador y este derecho nos permite elegir, además de
habilitar otros derechos como el acceso a una obra social, a una vivienda digna, a hormonas que
no sean nocivas, a una vida digna en términos de poder proyectar. Desde el colectivo trans
tenemos que seguir ratificando que somos seres humanos y que, como tal, debemos acceder a los
derechos humanos como cualquier otra persona”.

 


Conquista histórica del activismo disidente


La iniciativa del cupo laboral travesti-trans fue impulsada por Diana Sacayán, referente y activista
travesti, como una estrategia de inclusión para el colectivo. En septiembre de 2015 se logró la
sanción de la ley N° 14783 en la provincia de Buenos Aires -aunque fue reglamentada cuatro
años más tarde-. Un mes después, el 11 de octubre de 2015, Diana fue asesinada en su
departamento.


“Lohana Berkins, Diana Sacayán, Pía Baudracco, y muchas otras que como ellas ya no están,
sentaron las bases para que esto sea posible. Nuestra historia como colectivo, que acarreamos
con mucha alegría y con mucho dolor, ha construido esas bases fuertes para tener la posibilidad
de disputar al Estado, porque nada es dado, son conquistas y luchas históricas”, asegura Luz,

quien forma parte de la Asamblea Trans y Travesti de Córdoba y de la organización feminista
plural Casa Comunidad, que acompaña a mujeres y disidencias en los barrios populares
cordobeses.


Si bien existieron algunas políticas de empleo a nivel provincial y municipal, estaban muy lejos de
implementarse a nivel nacional. En 2020 se venían discutiendo en la Comisión de Mujeres y
Diversidad más de diez proyectos de ley de cupo travesti-trans, que apuraron la emisión de este
decreto de alcance federal. “Desde 2013 vengo presentando proyectos de Cupo Laboral Trans en
Córdoba... cuando se anunció el decreto nacional sentí que todo lo que luchamos en algún
momento tuvo sentido. Fue una alegría porque, después de muchos años de lucha, por fin un
gobierno tomó este reclamo legítimo y avanzó en tratar de transformar este derecho vulnerado”,
recuerda Luz sobre el momento en que se enteró de la noticia.

El decreto: alcances y desafíos


La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, expresó que “existe
en nuestra sociedad un patrón sistemático de desigualdad que somete particularmente a las
personas travestis, transexuales y transgénero a una cadena de exclusiones y discriminación que
muchas veces se inicia en la niñez”, y agregó: “Desde el Estado tenemos la obligación de generar
las condiciones para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades".
Además del cupo laboral de al menos el 1% para personas travestis, trans, transgénero y
transexuales en los cargos del Sector Público Nacional -que incluye a los tres poderes del Estado,
organismos descentralizados, entes públicos no estatales y empresas del Estado, tanto en sus
plantas efectivas como otras modalidades de contratación y tercerización de servicios-, la
normativa estableció la creación de un Registro de Aspirantes voluntario y de una Unidad de
Coordinación Interministerial, en el ámbito del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad,
responsable de garantizar la implementación del cupo, la coordinación interinstitucional para su
cumplimiento,y los espacios de educación y capacitación para el empleo necesarios para este
colectivo.


En concordancia con la Ley 26.743 de Identidad de Género, pionera en el mundo por no
patologizar a las personas de este colectivo, la posibilidad de acceder al cupo será para todas las
personas trans, travestis y transgénero, “hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y
el cambio de nombre de pila e imagen”. Además, la norma indica que no podrán establecerse
requisitos de empleabilidad que obstruyan el ejercicio de estos derechos, y prevé la capacitación
de autoridades y personal del Poder Ejecutivo para que la inclusión se realice de manera
respetuosa.


El requisito de reunir las “condiciones de idoneidad” para acceder a los cargos fue un punto que
generó preocupación en activistas disidentes, teniendo en cuenta lo difícil que es para la mayoría
de este colectivo transitar y concluir trayectos educativos, debido a las condiciones estructurales
de desigualdad, discriminación y exclusión. Sin embargo, los colectivos en lucha lograron que no
se estableciera como requisito de acceso la terminalidad educativa: el decreto establece que no
será un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo y que, si la persona no ha
finalizado sus estudios, se permitirá el ingreso laboral con la condición de cursar el o los niveles
educativos faltantes hasta finalizarlos. Al respecto, Luz Achával reflexiona: “La ‘idoneidad’, una
palabra que me molesta mucho, no contempla las realidades de todo el colectivo. Quienes vamos
a ingresar a un trabajo formal a través de este DNU somos aquellas que tenemos una formación
académica, técnica o que hemos terminado el secundario, pero hay otra parte, que es la gran
mayoría, que no lo tiene y no va a poder. Entonces, el desafío es que quienes estemos adentro
ocupando esos espacios podamos seguir construyendo y ampliando para aquelles compañeres
que no han podido entrar porque han sido vulnerades por la sociedad y por todo un sistema
colonial, capitalista y patriarcal”.

Otro de los puntos problematizados por las organizaciones refiere a la falta de estímulos a la
contratación de personas trans y travestis por parte del sector privado, aunque sin dudas el
decreto representará una base sobre la cual seguir ampliando derechos. El Banco Nación de
Argentina -entidad independiente del Estado que tiene autonomía sobre su presupuesto y
administración- ya firmó un convenio a través del cual se compromete a implementar el cupo
laboral del 1% para personas travestis, transexuales y transgénero.


Teniendo como antecedente las leyes de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género, con
esta normativa Argentina vuelve a posicionarse a la vanguardia de la protección legal de los
derechos de la población LGBTIQ+ en Latinoamérica. Será tarea de la sociedad toda exigir la
efectiva implementación de la misma de manera federal, respetuosa y atendiendo a las
dificultades que obstaculicen una verdadera inclusión.

Hacia una Ley Integral Trans

 

La Ley Integral Trans es un paquete de leyes que incluye al cupo laboral trans, pero avanza
también en cuestiones como acceso a la vivienda, la educación, la justicia, el deporte y la
reparación histórica, entre otras. “El cupo sienta una base, el desafío como colectivo es seguir
construyendo para arriba, para lograr la ley integral. A veces el Estado y las organizaciones
sociales vamos en diferentes carriles en cuanto a la evolución de los discursos. Hoy como
colectivo trans nos centramos en discutir una ley integral y el Estado está discutiendo cupo, pero
tenemos que ser estratégicas: hacer uso de las conquistas para seguir construyendo hacia arriba”,
dice la activista cordobesa, y agrega: “Creo que el rol que tenemos como colectivo trans y travesti
a nivel nacional es aprender del movimiento feminista plural, disidente y diverso, en términos de
organización, para lograr una unidad trans-travesti colectiva y federal, y así luchar coordinadas en
la conquista de derechos”.


El contexto de emergencia sanitaria desencadenado por la pandemia de Covid-19, así como las
medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio que desde el Estado nacional se
dictaron, profundizaron la situación de precariedad en la que ya se encontraba el colectivo trans-
travesti. “Nuestro colectivo vivió en pandemia siempre. Con muertes muy silenciosas, la gran
mayoría evitables, con travesticidios y transfemicidios, no nos mataba un bicho pero sí la
sociedad: nos expulsaba nuestra familia, el sistema médico, la policía, el propio Estado. La
pandemia hoy solo ha hecho que emerja de manera contundente, pero hace muchísimo tiempo
que nuestro colectivo viene trazando estrategias de sobrevivencia, y politizándolas también,
desde la economía popular al trabajo sexual”, concluye la trabajadora social.