N°13 año 2020

3 de noviembre

Toma de tierras y desalojos en Argentina

 

El derecho a construir otro habitar

 

A comienzos de septiembre, Balakrishnan Rajagopal, Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda, advirtió que las prohibiciones temporales de desalojos están llegando a su fin en muchos países, lo que podría resultar en un “tsunami de desalojos”. Este tsunami parece estar ocurriendo en Argentina, donde las tomas de tierra empezaron a ganar espacio en las agendas mediáticas y políticas, poniendo el problema histórico del acceso a la vivienda en el centro del debate.

 

Bahía Flores

En 2019 se registraron 140 tomas de tierra por mes en Argentina, pero este número viene
creciendo desde marzo. La crisis sanitaria global terminó de quebrar lo que desde hacía mucho ya
estaba roto: el desempleo creció y el salario se deterioró aún más. La fragilidad laboral, sanitaria,
habitacional, económica y educativa quedaron absolutamente expuestas, y son el resultado de un
modelo económico que, en las últimas décadas, no ha hecho sino alimentar el sector privado y
propiciar el enriquecimiento de unos pocos.


Los altos valores de la tierra urbana, los desplazamientos hacia las grandes ciudades, la prioridad
del uso para la inversión y la especulación privada y la ausencia de políticas que regulen el
mercado de suelo y la vivienda son algunos de los factores que explican la profundización de la
problemática de acceso al hábitat, configurando un uso del espacio privativo y excluyente.
En abril de este año, casi 9 millones de personas se inscribieron para recibir el Ingreso Familiar
de Emergencia 1 que implementó el Gobierno Nacional; la gran mayoría destinó esos fondos al
pago de alquileres informales, alquileres que, por otra parte, recaen sobre las mujeres que se
encuentran a cargo de la mayoría de las familias monoparentales. Las distintas fases de la
cuarentena transcurrieron y la situación se volvió más que insostenible. Quienes no pueden
afrontar el alquiler o viven en condiciones de hacinamiento y precariedad (aún más riesgosas en
este contexto), son les que, sin muchas opciones, deciden tomar tierras. Es la única forma que
encuentran para construir un techo propio ante la inexistencia de políticas habitacionales que
consideren la situación de los sectores populares.


En Argentina el déficit de vivienda llega al 40% de la población, que vive en condiciones de
hacinamiento crítico, vivienda deficitaria y/o no son propietarios de la vivienda o terreno). Hay,
además, más de 1,6 millones de hogares informales 2 -villas y asentamientos-. Decretos como el
n° 320, que suspende los desalojos y el corte de servicios por falta de pago, son parches que no
alcanzan. “No son soluciones, son medidas que pretenden atenuar las difíciles circunstancias que
ha profundizado la pandemia, pero no tienen ninguna capacidad resolutiva de fondo”, señala
Alejandra Ciuffolini‬, Doctora en Ciencias Sociales, coordinadora del grupo de investigadores
del Llano en llamas 3 y socia fundadora del Centro de Estudios Políticos y Sociales de América
Latina (CEPSAL).

En las últimas semanas, a raíz de la toma de tierras en Guernica (provincia de Buenos Aires), la
más grande del país, nacida a fines de julio de este año y en la cual hoy viven más de 2.000
familias en un predio que estuvo abandonado por 40 años, la problemática del acceso a la tierra
se hizo un lugar en la discusión pública. Ni la justicia, ni las autoridades ni los medios de
comunicación plantearon el diálogo como una vía de solución, sino que el conflicto se abordó
desde una mirada condenatoria y punitivista que criminalizó a los ocupantes, sin intentar
profundizar en las causas que llevan a miles de personas a ocupar terrenos abandonados. “Los
medios de comunicación nos dicen constantemente que se trata de organizaciones delictivas
organizadas, que son criminales, pero si vemos un poco más allá, las personas que observamos
en esos terrenos son jóvenes, mujeres, ancianos, niñas y niños. La violencia sobre las clases
populares se incrementó en estos últimos meses, pero nadie salió a quejarse por la falta de
respuesta y asistencia en los comedores o por la falta de insumos y servicios en los barrios
populares para combatir al COVID-19. Sin embargo, ahora que estos grupos se movilizan para
tomar un derecho universal que les es negado sistemáticamente, la opinión de la sociedad los
criminaliza” apuntan desde Ando Habitando, colectivo mendocino que trabaja hábitat y género.


Mientras que la universalidad del derecho a la educación y la salud se percibe indiscutida, el
derecho a la propiedad privada siempre se prioriza por sobre el derecho a la vivienda y al hábitat,
pese a ser un derecho humano consagrado en la Constitución Nacional. “El derecho a la
vivienda no encarna como un derecho universal entre los argentinos, siempre estuvo en una zona
bisagra” observa Ciuffolini‬, quien explica que entre las décadas del ‘40 y el ‘70 hubo políticas de
vivienda que han sido un reconocimiento de derechos para muchos ciudadanos, trabajadores y
para los sectores más empobrecidos, pero posteriormente, sobre todo en los ’90, el negocio
inmobiliario y desarrollista adquirió una fuerza mayor. Así, el acceso a la vivienda, que siempre
pivoteó entre lo social y lo privado, en los últimos 20 años fue ganado por el sector privado, que
se lo agenció para sí mismo como un negocio y le quitó su carácter social. En este sentido, desde
Ando Habitando señalan que “la actitud punitivista es negar que existe un problema de fondo a
ser solucionado, no solo habitacional sino también de una profunda desigualdad social”, y
enfatizan que vivir en ciudades y territorios más justos solo es posible si la tierra, la vivienda, la
salud y el trabajo son para todas las personas, sin discriminación alguna.

Políticas pensadas desde abajo​

¿Cómo salir del déficit habitacional? ¿Qué estrategias y acciones deben encararse desde los
gobiernos para que el acceso a la tierra deje de ser un privilegio para pocos y un drama de las
mayorías? Para empezar a brindar una respuesta estructural al acceso a la tierra y la vivienda, para
Ciuffolini‬ lo primero es hacer un relevamiento de las tierras fiscales porque “ha habido
usurpación por parte de intereses económicos fuertes, no de pobladores sin techo”. Desarrollar
un banco de tierras y trabajar en la urbanización in situ de villas y asentamientos, que garantice
mejores condiciones y acceso a servicios, especialmente el acceso al agua, son otras medidas que,
según la investigadora, deben considerarse. Desde Ando Habitando sostienen que es necesaria
también una “diversificación de las propuestas de las políticas habitacionales en relación a la
heterogeneidad de las demandas habitacionales que existen. Un plan de suelo urbano debe
incorporar instrumentos de acción local que los municipios puedan aplicar”. También hacen
hincapié en que deben impulsarse políticas que partan de una concepción autogestionaria del
hábitat, permitan generar puestos de trabajo local y reduzcan de manera significativa el costo de
producción. Ahora, con grandes áreas afectadas por incendios, es fundamental que no se permita
la construcción inmobiliaria ni el cambio de usos de suelo en terrenos quemados por un lapso de
30 años. “Las políticas públicas tienden a ser pensadas desde escritorios, desde proyectos muy
abstractos que no tienen en cuenta las culturas locales. Este país es grande, diverso: recuperar
esos saberes, esas formas de hacer y constituir desde allí programas de política pública de
vivienda, hábitat e incluso ambiente, sería un salto extraordinario en relación a los modelos
tecnocráticos vigentes”, considera Ciuffolini‬.


Según el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (RENABAP, Ministerio de Desarrollo
Territorial y Hábitat), entre las familias monoparentales el 85% se encuentra a cargo de mujeres,
que a su vez son quienes más padecen esta emergencia habitacional: tienen más dificultades para
alquilar y menos acceso a la propiedad de la tierra. Y son ellas, mujeres y disidencias, jefas de
hogar, madres solteras, trabajadoras de casas particulares, las que están resistiendo y reclamando

por su derecho al hábitat en cada toma de tierras, organizando asambleas, construyendo casas,
planificando calles, llevando adelante comedores.


En el caso de la toma de Guernica, las mujeres y disidencias que allí viven decidieron hacerse
escuchar y le enviaron una carta a la Ministra de Mujeres, Género y Diversidad. Además de
contarle que viven en carpas hechas con cartones, lonas y chapas, en un predio donde no tienen
agua, y sufren el hostigamiento continuo de las fuerzas de seguridad, le dejaron en claro a la
Ministra Gómez Alcorta que desde esa toma de tierra luchan contra la violencia de género “por
una vida sin miedo, una vida digna, una vida que merezca ser vivida”, y que no van a bajar los
brazos. Las últimas noticias sobre el desalojo indican que está previsto para el 15 de octubre,
según lo dispuso el juez de Garantías de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo.


Pensar el hábitat desde el feminismo quizá permita tener nuevas respuestas que sirvan no sólo
para atravesar “la crisis de la pandemia” sino para resolver los problemas de fondo. Ciuffolini‬
entiende que hay que plantearlo desde el hacer: “Hay un hacer feminista, que se ve en la
espontaneidad del “Ni una menos”, que se traduce en las formas de solidaridad de las mujeres en
los barrios, que se encuentra en la capacidad de gestionar en la escasez”. Ese hacer es colectivo,
situado, está hecho cuerpo y puede ser el punto de partida para pensar formas de construcción
del hábitat que impliquen nuevas lógicas y otras formas de gestionar, derivando en programas
públicos mucho más democráticos y sólidos. “Hay en el feminismo una potencia para disolver
los códigos patriarcales en el diseño de las políticas. El feminismo es una batalla directa contra
esas condiciones de las sociedades capitalistas, extractivas, des-posesivas, abusivas; tiene la
potencia necesaria para establecer nuevas reglas en la forma de la territorialidad. Y esas nuevas
reglas suponen un cambio radical, una afrenta a estas formas des-posesivas, a todas las
condiciones de desigualdad.”

[1] El Ingreso Familiar de Emergencia, conocido como IFE, es un bono que se entregó a trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas para hacer frente a la crisis que profundizó la pandemia. El monto de cada IFE fue de $10.000 pesos argentinos, es decir casi USD 130.


[2] Datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos.


[3] Recientemente CEPSAL y El llano en llamas publicaron “La foto revelada. Informe sobre la situación social, conflictividad y medidas gubernamentales en la córdoba de la pandemia” que se encuentra disponible en su página web: https://www.llanocordoba.com.ar/