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Educadas y longevas…pero pobres y sin poder. 

El Informe IsoQuito 2019-2021

Constanza Moreira, Andrea Delbono y Mariana Fernández Soto

Diversos instrumentos se han creado en los últimos años para medir la equidad de género. Desde que se diseñara el Índice de Desarrollo Humano hasta la construcción del Índice de Desigualdad de Género, medir el bienestar de las mujeres contrastado con el de los hombres se ha vuelto una rutina saludablemente incorporada al análisis estadístico. Como señala Lucy Garrido “si no nos cuentan, no contamos”. Medir es parte del proceso de visibilización de los problemas que afectan diferencialmente a las mujeres como resultado de la división sexual del trabajo y la estructura patriarcal de la desigualdad, y uno de los objetivos del índice IsoQuito desde 2007.

Desde hace décadas, se han consolidado algunas tendencias estadísticas que habilitan al título de este artículo. La esperanza de vida aumenta en (casi) todos los países de América Latina y el Caribe, aun a despecho de las recurrentes crisis económicas que se sufren. La esperanza de vida de las mujeres es superior a la de los hombres en toda la región. Y en la inmensa mayoría del subcontinente, las mujeres van aumentando su promedio educativo con respecto a los varones. En algunos países, la participación femenina a nivel terciario es muy superior a la masculina. Pero ese “capital humano” (y la educación es el principal capital humano) no redunda en los beneficios esperados. Las mujeres siguen teniendo escaso capital económico, su participación en el mercado de trabajo es muy inferior a la de los hombres y cuando efectivamente participan, ganan menos y no llegan a cargos gerenciales o de poder, al tiempo que continúan desempeñando buena parte del trabajo no remunerado que la dinámica capitalista excluye de la categoría trabajo. Tampoco el capital humano de la educación les ha servido a las mujeres para mejorar su situación en la repartición regular del poder institucional. Con la excepción de Bolivia y México, las mujeres, en promedio, son menos de la tercera parte de los parlamentos, de los gabinetes ministeriales y de los órganos judiciales de la mayor jerarquía. Solo a través de las leyes y la movilización política y civil se han logrado cuotas y paridad que aseguren lugares para la mujer en la política institucional y de los partidos. Las desigualdades entre hombres y mujeres desafían a la teoría económica, a la teoría social y a la teoría política. Los componentes de discriminación “pura” reflejan una ordenación del poder patriarcal que cuestiona profundamente la democracia.

 El IsoQuito es un instrumento que permite medir, a través de un índice, la situación de las mujeres en relación a los hombres y la calidad de vida de aquellas en dieciocho países de América Latina y el Caribe. El denominado “índice IsoQuito” ha sido medido desde el año 2007 (fecha que remite al Consenso de Quito) hasta el presente. Asimismo, el IsoQuito registra los avances y rezagos de los países en sus compromisos públicos sobre la igualdad de género a través del llamado “índice de compromisos institucionales”. Tales compromisos se expresan en los acuerdos y convenciones que los gobiernos han firmado, y se traducen en las leyes que aprueban y sus contenidos. 

La primera dimensión del índice IsoQuito es la relativa al bienestar social de las mujeres e incorpora la dimensión educativa, la mortalidad materna y la situación de pobreza. La segunda dimensión mide la paridad económica entre varones y mujeres en salario, tasas de participación laboral, acceso a ingresos propios y niveles de formalización del empleo. La tercera dimensión mide la paridad en la toma de decisiones y se construye en un índice que combina la participación de la mujer en diferentes niveles de gobierno: la justicia, el parlamento y el gobierno. Estas dimensiones se reflejan en un índice que sintetiza el estado efectivo de las mujeres en general y la brecha que las distancia de los logros de sus pares masculinos. 

En la dimensión del Bienestar de las Mujeres, cabe destacar que la mortalidad materna y la fecundidad adolescente, que siguen siendo muy altas en la inmensa mayoría de los países de la región, evidencian la vulnerabilidad de las mujeres, la precariedad de sus derechos sexuales y reproductivos, y las limitaciones de los sistemas de salud en relación a estos temas. 

En la dimensión sobre Paridad Económica y Laboral, se destaca que la participación de la mujer es muy baja en relación a la de los hombres (en algunos países no alcanza ni a la mitad de la población femenina en edad de trabajar) y debe llamar la atención sobre la dimensión “oculta”: el trabajo no remunerado como barrera al acceso al mercado de trabajo. La discriminación salarial entre hombres y mujeres sigue siendo alta, aunque la tendencia es a su disminución. El porcentaje de mujeres sin ingresos propios también es siempre más alto que el de los hombres, en general, y en el caso de su disminución, refleja las ayudas y transferencias hacia las mujeres, una política que debería generalizarse y ampliarse. 

Finalmente, en la dimensión sobre Paridad Política, lo que más destaca son los avances en la representación política femenina en los parlamentos, que pone a la región muy por encima del promedio mundial y la destaca como la que más avances ha tenido en las últimas décadas. Adicionalmente, algunos países como Bolivia y como México han alcanzado la paridad a través de exigentes leyes y de la propia Constitución.

En tanto, el índice de compromisos institucionales da cuenta de los esfuerzos que hacen los gobiernos en el diseño e implementación de políticas públicas destinadas a combatir la desigualdad de género y a asegurar el bienestar de las mujeres. En concreto, este índice releva el compromiso político de los gobiernos respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres (con énfasis en las políticas de despenalización del aborto); la paridad política; las licencias maternales, paternales y parentales; el combate a la violencia contra las mujeres basada en género y, finalmente, las políticas de cuidado.

El índice de los compromisos institucionales presenta un ordenamiento similar al Índice IsoQuito que mide los logros efectivos, aunque con algunas diferencias.  Para el año 2021, Uruguay y Argentina vuelven a exhibir altos niveles en logros normativos, ubicados en el primer y segundo lugar del ranking, seguidos por Ecuador y Bolivia. En una posición intermedia en la tabla de dieciocho países, se suceden Panamá, Venezuela, Chile, México, Costa Rica, Perú, Colombia, Paraguay, Brasil, El Salvador y Nicaragua. Finalmente, hacia el final del ranking se posicionan República Dominicana, Honduras y Guatemala, con los progresos legislativos más magros a la fecha.

Ranking ISOQuito y subíndices por países según valores de 2018

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Ranking ISOQuito y subíndices por países según valores de 2018

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Como fuera ya señalado, en el Índice de Compromisos Políticos se observan consistentes avances en todas las dimensiones consideradas. En algunos casos, los cambios son más modestos, como en materia de licencias maternales, paternales y parentales (donde se destacan Uruguay y Chile) y en la normativa sobre cuidados (Uruguay presenta el mayor progreso legislativo en esta dimensión, seguido de Ecuador, Chile y Perú). En otros casos, los avances son más contundentes, como en lo relativo a la aprobación de leyes de acción afirmativa en el campo de la paridad política (la mitad de los países analizados por el IsoQuito cuentan con legislación que fija la paridad), así como en la tipificación del feminicidio (constatada en todos los países de la región evaluados) y en la profusa normativa sobre violencia de género.  En cuanto a la legislación sobre despenalización del aborto -una de las reformas más difíciles de procesar-, los cambios han sido lentos, pero se destacan recientes avances significativos, particularmente, los protagonizados por Argentina y México. 

Los avances en estas dimensiones son diferentes: los avances en la dimensión paridad política y en legislación sobre violencia de género son los más significativos, seguidos del avance en bienestar social, mientras que los avances en paridad económica son menos auspiciosos. 

En síntesis: aunque muchas dimensiones analizadas por el IsoQuito registran avances, otras manifiestan un relativo estancamiento, al tiempo que, en algunas, como las referidas a la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo, se constata una tozuda mantención de un status quo francamente contrario a los intereses de las mujeres y, consiguientemente, a cualquier concepción sobre el bienestar general. Adicionalmente, la recesión generalizada que afecta a la región, y el impacto de la pandemia desatada por el Covid-19 amenazan algunos de los logros, en especial, aquellos más dependientes del desarrollo económico de los países. En muchos casos, se han producido retrocesos democráticos evidentes, lo que deberá alertar sobre posibles regresiones autoritarias con impactos previsibles sobre la autonomía y derechos de las mujeres.  

El informe IsoQuito y la construcción del índice general han sido concebidos como instrumentos sistemáticos y de lectura accesible orientados a ofrecer a las organizaciones sociales y políticas que luchan por abatir la desigualdad de género y mejorar la autonomía y el bienestar de las mujeres, información en tiempo y calidad, con una perspectiva regional comparada. Es por ello que el Informe IsoQuito debe ser pensado en la articulación con las organizaciones y movimientos sociales para favorecer el debate y la formación política. Toda ciencia social debe cumplir su imperativo práctico de contribuir a mejorar el mundo en que vivimos. La herramienta de IsoQuito, generada desde la sociedad civil, pretende hacer su pequeña parte en la contribución al objetivo general de construir una sociedad más paritaria, más equitativa y más libre.   

 

Más información sobre los informes IsoQito:  

https://www.mujeresdelsur-afm.org/tag/isoquito/

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