N°10 año 2019

9 de diciembre

En defensa de ellas

La lucha por la despenalización del aborto en Brasil

Viniste de una mujer. Y es en defensa de ellas que yo canto. De librar a sus hijas del llanto. Entre muerte y vida, sangra la herida. No defiendas la vida abstracta. Tu voto condena y mata. Canto por Teresa, Joana y tantas Marías… Tener o no tener.
La elección es solo de ellas.

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Juliana Strassacapa

Ventre Laico, Mente Livre

El día 28 de setiembre es el Día de la Lucha por la Despenalización del Aborto en América Latina y Caribe [1]. En esa semana, Oaxaca se convirtió en el segundo Estado de México que legaliza el aborto, convirtiéndose en otra región del mundo que está a la vanguardia de la lucha por la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres y de las personas con útero. La conquista del movimiento feminista mexicano reaviva el debate y la esperanza de que otros países de América Latina y Caribe puedan tratar la interrupción de la gestación como un asunto estructural y político, y no moral.


En Brasil el aborto es ilegal, aunque existen algunos casos previstos por la ley en los que está permitido: cuando el embarazo es resultado de una violación; cuando existe confirmación de anencefalia fetal; y cuando la gestación supone un riesgo para la vida de la madre. No obstante, incluso tratándose de alguno de estos
casos, el estigma, el prejuicio, el miedo y la violencia contra las mujeres que uscan ayuda las arrastran hasta la clandestinidad. Y aquí hay un profundo problema. La falta de acogimiento y de políticas públicas que posibilitarían una atención humanizada hace que las mujeres corran riesgos al buscar soluciones alternativas para interrumpir el embarazo. El aborto inseguro es la cuarta causa de muerte materna en el país.


Según DataSus, sistema de información del Sistema Único de Salud (SUS), en 2018 se gastaron 36 millones de reales en procedimientos de legrados tras abortos que se hicieron de forma inadecuada, de acuerdo con lo previsto por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Incluso con una ley penal severa, cada minuto una mujer aborta en el país. Son 250 mil mujeres por año, las que ingresan en las camas del SUS como consecuencia de complicaciones por la realización de abortos inseguros, como revelaron los datos presentados en la Audiencia Pública de la Acción de Arguición de Incumplimiento de Precepto Fundamental, de 2018, en el Supremo Tribunal Federal (ADPF/442 de 2018, STF).


La cuestión toma una perspectiva estructural cuando se entiende que son mujeres negras, de la periferia, ribereñas, campesinas, indígenas, con rentas bajas, de clase trabajadora y con poca información las que principalmente quedan sujetas a esta situación y las que más mueren durante la realización de abortos inseguros, que además de ser llevados a cabo por personas que no están calificadas, se hacen siguiendo métodos peligrosos e invasivos y en lugares con condiciones insalubres. Es necesario entender que, en un Estado regido por el capitalismo, el racismo y el patriarcado se generan desigualdades de diferentes proporciones para las personas y, en este caso, la criminalización se vuelve un agravante, ya que viene aliada con el racismo y la pobreza.


Sobre este contexto en Brasil, hablamos con Silvia Camurça, integrante de SOS Corpo – Instituto Feminista para la Democracia y militante feminista del Frente Nacional Contra la Criminalización de las Mujeres y por la Legalización del Aborto.

—¿Por qué SOS Corpo defiende que el aborto sea legalizado en Brasil?


—Solamente con el aborto legalizado podremos superar los prejuicios contra la planificación reproductiva, avanzar en el reconocimiento público de la autonomía de las mujeres y garantizar las transformaciones sociales que colocan a las mujeres en el plano de la libertad y la responsabilidad de sus decisiones éticas. Es una lucha que en el proceso de conquista produce transformaciones fundamentales. Al mismo tiempo protege la vida de millones de mujeres ante sufrimientos innecesarios, especialmente la vida de las mujeres negras de la clase trabajadora, que son las más atacadas por la criminalización.

 


—Las mujeres que buscan someterse a un procedimiento de aborto, ¿ante qué situación se encuentran hoy en Brasil?


—En primer lugar, no saben dónde buscar. Nos encontramos en un contexto en el que este tema es vetado. Hay una interdicción política. No está en la ley, no está en ningún lugar, y las personas tienen miedo de hablar sobre este asunto y ser mal vistas por ello. Hemos vuelto al tiempo del silencio. Esta es la primera dificultad:
¿con quién podría hablar en confianza sobre cómo hacer un aborto? El segundo problema es que hace algunos años, cuando las mujeres y los empleados farmacéuticos descubrieron el misoprostol dentro del cytotec como un medicamento seguro para abortar, según la OMS, se prohibió su venta. De manera que ni tan siquiera cuando necesitas hacer un aborto que cabe dentro de la ley, y la legislación lo permite, puedes comprar el medicamento en la farmacia. Se trata de un método seguro, que inclusive es usado y recomendado por el SUS (Sistema Único de Salud) cuando necesitas realizar un aborto permitido por la ley. Este medicamento solo puede ser comprado por el SUS. Ellas no saben que en el SUS 
pueden encontrar esta alternativa, y tampoco pueden encontrar el medicamento en las farmacias ni confiar en el farmacéutico ni hablar con él sin ser criminalizadas. Se las arrastra así a la clandestinidad. Son empujadas a comprar en el mercado ilegal de medicamentos, lo que supone riesgos por diferentes aspectos: entrar en una red de clandestinidad a cambio de ese favor, comprar medicamentos falsificados o terminar en clínicas clandestinas. Y las clínicas de calidad están desapareciendo, y las que aún existen están muy escondidas, aunque en cualquier caso solamente consiguen llegar a ellas las mujeres que cuentan con una renta alta. Las mujeres de media y baja renta van a parar a las peores clínicas. Por todo esto, lo que las mujeres encuentran es un escenario de miedo y desinformación. Miedo de morir, de ser presas, miedo de no saber en quién confiar. Porque el ambiente de criminalización hace que vecinos e incluso familiares las delaten. Tienen miedo hasta de hablar con su médico, porque está creciendo el número de médicos que delatan a sus propias pacientes, faltando también de esta forma al Código de Ética médico. Es un escenario de mucho miedo, inseguridad y soledad, especialmente para las mujeres más jóvenes y las mujeres de la clase trabajadora más empobrecida o desempleada. Y cuando las mujeres tienen acceso al servicio de aborto legal, cuando tienen acceso a información y saben que su caso se
encuentra dentro de alguna de las tres posibilidades donde el aborto es permitido por ley, sin ser presas por realizarlo, acaban teniendo que enfrentarse al prejuicio, y ante tanto cuestionamiento terminan desistiendo y buscando una forma clandestina.

—Según datos divulgados a principios de este mes por el Anuario Brasileño de Seguridad Pública de 2019, solo en el año pasado se registraron en Brasil 66 mil casos de violación, 180 mujeres violadas por día. Uno de los casos previstos por la ley que permite la realización del aborto es ser víctima de violencia sexual. ¿Cómo se tratan hoy estos casos en el país?

—Han aumentado mucho los casos de violación; no obstante, los profesionales del servicio, médicos y médicas incluidos, dicen que las mujeres que llegan relatando violaciones están mintiendo, que se lo están inventando. Y recrean una verdad sobre la historia de las mujeres, que no es la verdad de ellas. En vez de acoger, desde el punto de vista de la salud, esos profesionales buscan formas de decir que ellas están mintiendo. Retrasan el tiempo de diagnóstico, porque existe todo un procedimiento de comprobación de información para tener seguridad de que se encuadra en la ley, exámenes de ultrasonido para saber el número de semanas, etc. En los casos de aborto por violación la mujer se encuentra con esa situación: no le creen. Y en muchas ocasiones requirieren la denuncia policial, algo que por la norma técnica del SUS no es necesario. La verificación del relato de la mujer y la prueba de ultrasonido son suficientes, especialmente porque la mujer pasa por tres profesionales: una psicóloga, una asistente social y un médico. Ante este contexto, muchas mujeres desisten y recurren a abortos clandestinos.

—Y cuando el embarazo es de riesgo, ¿a qué se enfrentan las mujeres?

—Cuando las mujeres buscan un procedimiento de aborto por riesgo de muerte –porque están con cáncer y la gestación puede ser perjudicial para su salud o porque tienen presión alta y corren el riesgo de sufrir un caso de eclampsia, citando solo algunos ejemplos– también enfrentan prejuicios. Hay profesionales que consideran que el riesgo no es tan alto y, por lo tanto, no les avisan que tienen una gestación de riesgo, negándoles así la opción de que sean ellas mismas las que decidan si interrumpen o no la gestación. El año pasado tuvimos en Recife tres casos de muerte de mujeres que, según profesionales de la salud, no podrían ni siquiera haberse quedado embarazadas. Sin embargo, no fueron avisadas de que corrían ese riesgo y que, por consiguiente, tenían el derecho de interrumpir el embarazo. Por otro lado, se encuentran con el poder médico, que decidirá por ellas si corren o no el riesgo de morir continuando con el embarazo. Y ahora, además, también se enfrentan a una nueva resolución del Consejo Federal de Medicina, que manifiesta cosas esdrújulas como que es necesario tener cuidado ante el exceso de derechos de las mujeres, un “abuso de derechos”. Como si las mujeres al decidir por sus propias vidas estuvieran ejerciendo sus derechos en exceso. Cabe más al médico dar la palabra final y decidir si la mujer podrá o no interrumpir el embarazo de riesgo. Esa resolución arrebata la autonomía de la mujer sobre su propia vida.

—¿Y qué alternativa se da a las mujeres? Porque ni respaldadas por la ley tienen el derecho de decidir sobre la propia gestación.

—Estas imágenes nos muestran un contexto en el cual el dominio del patriarcado se expresa de forma violenta sobre las mujeres. Un entorno de total limitación que busca el mantenimiento de una gestación forzada. Incluso existen proyectos de ley que disponen como parte del control prenatal que, si la mujer llega, descubre que
está embarazada y dice que no quiere, aun así, debe ser inmediatamente informada sobre los beneficios sociales que una adopción puede traer y debe ser estimulada a mantener el embrazado para después dar el niño en adopción. Esto es algo de extrema perversidad para la mujer y para la vida que se está gestando. Se coloca a la mujer en una posición de conducto a través del cual se traen nuevas vidas a la sociedad, como si la mujer en sí no fuese más que un canal, y como si la nueva vida no tuviese emoción. Sin embargo, a partir de los siete meses, hay una relación emocional entre el cuerpo de la madre y del bebé, porque con siete meses es un bebé. Y al nacer hay relaciones emocionales, la emoción es del cuerpo. La emoción no es un sentimiento, es una reacción del cuerpo. Se piensa como si ese bebé no fuese a tener la emoción del abandono y sí la tiene.
Por lo tanto, es una falta de respeto no solo hacia la mujer, sino también hacia la vida que se va a gestar, y todo para impedir que la mujer pueda tomar, desde el principio de la gestación, su propia decisión. ¿Cómo puede alguien imaginar que una mujer, una joven por ejemplo que va a la facultad, mantiene su embarazo y después vuelve sin su bebé, será un hecho que pasará desapercibido sin ser visto socialmente como algo malo? Se está imponiendo así, ante los ojos de los demás, la idea de que esa mujer es “una madre que rechazó a su hijo”, porque todos vieron la barriga, la familia la vio, los tíos, las abuelas, las vecinas, etc. Ella no quería aquella gestación, era un embarazo indeseado, pero puede que dentro de unos años sí quiera tener un hijo; sin embarazo, pasará a ser la mujer que no ama a sus hijos. Por no renunciar al poder de dominio que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres, se provoca dolor en la vida que se va a gestar y que nacerá y se provoca dolor en la mujer que está embarazada. Es una cuestión de patriarcado, que no puede renunciar al dominio sobre el cuerpo de las mujeres, porque si lo hace perdería la mitad de su poder en el mundo. Las mujeres son criminalizadas de diferentes modos, y la única alternativa que se les presenta es que se conviertan en mujeres que abandonan a sus hijos ante una sociedad que va a juzgarlas. Pero, en realidad, ellas no quieren abandonar a ningún bebé, lo que quieren es no mantener ese embarazo. Podrán ser excelentes madres el día que ellas quieran serlo.

—El 18 de setiembre la Revista AzMina, institución sin ánimos de lucro que hace periodismo de investigación con pautas volcadas en la defensa de los derechos de las mujeres, publicó un reportaje mostrando cómo hacer un aborto seguro en Brasil, según datos oficiales divulgados por la OMS. Con la repercusión, inmediatamente aparecieron las primeras denuncias contra el reportaje, como la hecha por la ministra Damares Alves al Ministerio Público, alegando que estaban siendo divulgados datos criminales. Diferentes organizaciones y medios alternativos de comunicación salieron en defensa de la libertad de información, ya que AzMina presentó un contenido de interés público. ¿Cómo evalúa usted esa persecución?


—Yo pienso que esos ataques son parte del proyecto oscurantista de las fuerzas que están hoy en el poder. Esas mismas fuerzas necesitan la ignorancia y el miedo para mantenerse en el poder. Son las mismas fuerzas que atacan la educación crítica o la cuestión de igualdad de género en las escuelas llamándola de ideología, y son las mismas fuerzas que impiden que las mujeres conozcan los métodos seguros de aborto para los casos previstos por la ley. Se trata de informaciones públicas disponibles en páginas webs, como la del Ministerio de Salud, con orientaciones sobre cómo proceder en cada caso según la norma técnica de atención humanizada al aborto. Si una mujer se va a hacer un aborto legal debe tener el derecho de saberlo, para poder discutir con el médico cuál es el método que ella quiere. Es un derecho del paciente, un derecho individual. ¿Cómo una mujer puede decidir cuál es el mejor método para abortar si no sabe lo que la OMS o el Ministerio de Salud recomienda para cada situación? El derecho de saber lo que va a ocurrir contigo y si aquel procedimiento es el mejor dadas tus condiciones de salud, es un derecho inalienable. Yo pienso que otras organizaciones del área del derecho deberían entrar contra esa acción, a favor de los derechos de elección de los pacientes en general. Pero puede ser que pocos o ninguno lo hagan porque se trata de aborto. Si se mira desde el punto de vista relación médico-paciente, es el paciente el que debe tener el derecho de decidir qué hacer y cómo hacerlo. Aunque la ley de derecho a la información existe en el país desde hace ya algunos años, se viene violando sistemáticamente desde el golpe de 2016. Desafortunadamente, las fuerzas que actualmente están en el poder, en este gobierno, tienen una visión oscurantista de las cosas, persiguen a las universidades, van a la caza de los investigadores y esconden datos oficiales de interés público.