N°12 año 2020

28 de junio

Encuesta a mujeres y disidencias durante el aislamiento social

Mucho más que un problema de salud

 

La principal preocupación de mujeres y disidencias no es contagiarse el virus: es tener la comida diaria, es saber cómo están otras mujeres de su entorno que están lejos, es poder ir al supermercado sin ser violentadas por la policía. Esto surgió de una consulta realizada durante el aislamiento social en la Provincia de Córdoba que pronto fue replicada en otros territorios.

 

Julieta Pollo

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Fotos: La Tinta

El aislamiento social como medida para prevenir el contagio del covid-19 empuja a mujeres, lesbianas y trans a una situación de precarización y desprotección aún más aguda. Si bien se activaron las redes feministas y las estrategias de cuidado y solidaridad, la sostenibilidad de nuestra vida se torna difícil entre la falta de ingresos, la frágil situación habitacional, el desborde de tareas de cuidado y las violencias múltiples. Algunas mujeres tienen que soportar el encierro con sus agresores en un contexto que acrecienta las situaciones de violencia. Hay una curva que no se aplana: el femicidio es el único delito que no descendió durante la cuarentena. En Argentina, de los 124 femicidios en lo que va de 2020, casi la mitad ocurrió durante las medidas de aislamiento¹.

En este contexto, CISCSA impulsó una consulta para conocer los impactos de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio en mujeres, lesbianas y trans de la provincia de Córdoba. Las respuestas recibidas fueron sistematizadas en el informe “Los efectos de la pandemia COVID-19: mucho más que un problema de salud. Primeras lecturas”. Una de las preocupaciones más mencionadas por las mujeres, lesbianas y trans consultadas fue garantizar la comida diaria: el 50% de las personas que respondieron la consulta vio reducidos sus ingresos o bien no tiene ningún ingreso desde que se implementaron las medidas de aislamiento. Algunas indicaron que, si bien no se encuentran desarrollando actividades exceptuadas por las medidas de aislamiento, salen a trabajar porque no cuentan con otras posibilidades para garantizar la comida diaria. Esta situación golpea fuertemente a quienes, a su vez, realizan tareas de cuidado. Expresaron estar desbordadas, sobre todo aquellas que no cuentan con ayuda de otras personas para enfrentar el cuidado de hijos e hijas, y de otras personas a su cargo.

Otra de las preocupaciones mencionadas está relacionada a vivir situaciones de violencia en la calle o el barrio. Un 30% dijo haber vivido o saber de personas cercanas que han recibido malos tratos, abusos o detenciones arbitrarias por parte de la Policía de Córdoba. En el caso de particular de personas trans, travestis, lesbianas y no binaries, se manifestó especial preocupación por maltratos en el ámbito familiar, expulsión del hogar y situaciones de violencia urbana.

Una gran cantidad de personas consultadas dijo estar preocupada por no poder ayudar a familiares y amigos que viven lejos. En este sentido, muchas personas plantearon preocupación por amigas, familiares o vecinas que se encuentran en vínculos violentos, pero que no los reconocen como tales. A su vez, hicieron referencia a estar atentas para contener y mantener lazos estrechos con otras mujeres. Si bien la amplia mayoría afirmó tener información sobre dónde solicitar ayuda frente a una situación de violencia, propia o ajena, las respuestas institucionales de los organismos dispuestos para atender estas situaciones se describieron como irregulares y escasas.

“Entendemos que esta preocupación da cuenta de que la violencia contra las mujeres e identidades disidentes está instalada como problema social, no del ámbito privado. También que la casa ya no es vista como segura de por sí, entonces frente al mandato ‘Quedate en casa’, nos preguntamos qué pasa si en casa está el agresor. Se ha activado cierta sensibilidad social que está presente en las respuestas de las encuestadas; ellas expresaron tener información sobre adónde recurrir frente a estas situaciones. Aunque los servicios no funcionan como querríamos hay mucho más recurso social y comunitario, y eso es muy interesante”, observaron desde CISCSA. “Ahí donde el Estado no está llegando hay un serio problema, pero también hay un montón de organizaciones y redes de personas que están atentas e intentando acompañar a otras”.

Para esta consulta, CISCSA trabajó con la Comisión Géneros y Disidencias del Consejo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, integrada por organizaciones como Las Alicias y Servicio a la Acción Popular y Católicas por el Derecho a Decidir. “Lanzamos la consulta a los pocos días de que se decretara el aislamiento social con la intención de tener información de primera mano respecto de la profundización de las desigualdades estructurales que ya viven estas poblaciones. Las medidas de aislamiento fueron tomadas desde una mirada centrada en la prevención, que en su momento visualizamos como necesaria, pero desde las organizaciones sociales, comunitarias y feministas entendimos que iban a reforzar las vulneraciones de derechos y la situación de desigualdad de mujeres y disidencias, sobre todo las que pertenecen a sectores populares”, explicaron desde CISCSA.

Además de recabar información situada con celeridad, la propuesta abrió un canal de comunicación con quienes activaron redes de acompañamiento y pusieron a su disposición información clave para orientar consultas, demandas y propuestas a las autoridades locales. Se elaboraron recomendaciones que fueron presentadas al Centro de Operaciones de Emergencia de la Provincia de Córdoba y a los poderes del Estado provincial, sobre algunos aspectos que no estaban siendo considerados en las medidas tomadas. “Hicimos recomendaciones respecto de la desprovisión de métodos anticonceptivos en centros de salud y de elementos de higiene personal en los centros comunitarios, la discontinuidad de tratamientos hormonales de personas trans, la falta de información clara sobre los servicios de salud, y señalamos situaciones de violencia institucional hacia, por ejemplo, mujeres que iban a hacer compras con sus hijas –para lo cual no es necesario el permiso de circulación– y recibieron amenazas por parte de la policía; entre otras cuestiones”, detallaron desde CICSA.

Lo que comenzó como una iniciativa de alcance local, rápidamente se expandió por la potencia de las redes feministas. Hacia el interior de Argentina, la consulta fue adaptada por compañeras de la Provincia de Mendoza, que forman parte de la Comisión Hábitat y Géneros de HABITAR Argentina. La propuesta también cruzó las fronteras y las compañeras de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador la adaptaron y la aplicaron en su país: por estos días se encuentran analizando las respuestas. Además, la consulta se realizó a nivel regional por la Red Mujer y Hábitat de América Latina, que CISCSA integra junto a otras organizaciones feministas. Se recibieron respuestas de mujeres, trans y lesbianas de Colombia, Chile, Brasil, Bolivia, Guatemala, México, Perú y otros países latinoamericanos. En el caso de la consulta regional, se pudieron ampliar los ejes abordados inicialmente a cuestiones ligadas a salud mental, organización y participación comunitaria y política, y condiciones de hábitat y vivienda.