Marcela Eternod Arámburu

Feminista, especialista en estadísticas de género y políticas públicas

Impulsar o resistir

Aún falta mucho por hacer para que los Estados garanticen los derechos humanos de sus mujeres y sus niñas, para acercarnos mucho más a la igualdad entre mujeres y hombres, a la igualdad de oportunidades y a la igualdad de trato entre los sexos. Aún falta todavía un enorme esfuerzo colectivo para garantizar a mujeres y niñas a una vida libre de violencia. Falta un compromiso real con la eliminación de toda forma de discriminación y el respeto a los derechos humanos de las mujeres en toda su diversidad.

No obstante, los avances de las agendas de género son evidentes, se van sumando logros, se comparten preocupaciones, y cada vez las alianzas son más robustas porque se extiende el convencimiento de que juntas hacemos más, analizamos mejor, comprendemos con mayor profundidad; y también, identificamos las amenazas y vemos con preocupación que, en algunos países, lo que con tanto esfuerzo se construyó está en riesgo, se desdibuja o simplemente está desapareciendo.

En estas líneas quiero insistir en que, independientemente de cuáles sean las circunstancias de cada país, tenemos ejes estructurales que permiten anclarnos ante la adversidad y resistir, o impulsarnos cuando los vientos son favorables. Observo que en los últimos años hemos logrado establecer, con bastante uniformidad, cinco ejes.

Marco jurídico normativo cada vez más sólido

Esto ha posibilitado importantes avances, tanto mediante leyes nacionales, como locales, y es evidente la convergencia que se busca entre el marco internacional y los nacionales y subnacionales (legislaciones provinciales o estatales). Con respecto a los derechos de las mujeres y niñas, la difusión de los marcos internacionales, su exigibilidad, su aterrizaje en los aparatos jurídico-normativo de cada país, así como su adopción como obligaciones del Estado son una fortaleza.

Tenemos modificaciones jurídicas relevantes, avances notables en leyes de igualdad, de erradicación de la violencia, de no discriminación, de derechos de las niñas y los niños, de combate a la trata de personas, casos emblemáticos, sentencias icónicas, amplios conjuntos de resoluciones y de recomendaciones, entre otros mecanismos, para informar sobre lo que falta, dar a conocer lo que está incompleto, inexacto, mal; sensibilizar, difundir, proponer y monitorear para fortalecer cada vez más este marco normativo, que si bien no es suficiente es imprescindible como base para la exigibilidad de los derechos.

Presupuestos con perspectiva de género

 

Este segundo eje requiere fortalecerse. Se trata de invertir para alcanzar la igualdad, de garantizar que todo programa o política pública tenga perspectiva de género, que se impulsen acciones afirmativas para cerrar brechas de desigualdad, que se consideren presupuestos específicos para incidir en todos los sectores donde se observan considerables asimetrías, que los programas presupuestales tengan claras las metas para mujeres y hombres, y que se impulse la inclusión, la no discriminación y la igualdad en todo el ciclo de una política pública, desde su planeación y presupuestación, hasta el monitoreo de sus resultados y su evaluación.

Ningún país puede pensar en alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, en eliminar las brechas de desigualdad, en no dejar a nadie atrás,[1] o en erradicar la violencia de género, sin analizar críticamente la manera en que las naciones presupuestan. Es, por lo menos, inexplicable, que se piense que más vale tener una carretera que prevenir y atender la violencia contra las mujeres y las niñas, que se piense en fortalecer la infraestructura, en lugar de impulsar la autonomía económica de las mujeres, que se considere medular el armamentismo y no un sistema nacional de cuidados.

Estadísticas de género oficiales

 

Cada día se consolida más: es necesario disponer de estadísticas oficiales sobre todas las esferas de preocupación que integran la agenda de la igualdad, tener cada vez más y mejor información, ya sea que provenga de censos, encuestas o registros administrativos. Esta estrategia contempla que los proyectos estadísticos sean fundamentales para visibilizar las aportaciones de las mujeres en toda su diversidad, pero, sobre todo, para demostrar las muchas situaciones y esferas en donde hace falta una intervención programada del Estado para enfrentar los problemas de desigualdad que viven las mujeres.

Y aquí hay dos temas fundamentales. El primero es lograr que las estadísticas de género sean consideradas de interés nacional, lo que significa que pasan a integrar el núcleo de la generación e integración de datos, para que con base en ellos se diseñen las políticas públicas y para que los beneficios de cada política y programa de gobierno tengan efectos reales en la cotidianidad. El segundo es que sea el Estado quien asuma su financiamiento regular, con los más altos estándares de calidad, con la mayor desagregación para identificar la situación de grupos muy específicos, y que las acciones de gobierno sean adecuadas y pertinentes.

El Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género de las Naciones Unidas (Global Center of Excellence on Gender Statistics, CEGS), tiene, entonces, la responsabilidad de trabajar de la mano con los Sistemas Nacionales de Estadística para que mejoren rápidamente la generación, el análisis y el uso de estadísticas con perspectiva de género, y se fortalezcan las capacidades técnicas para que se produzca información de manera regular, fiable y comparable internacionalmente.[2] Pero además, de establecer alianzas muy sólidas con otros mecanismos como el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, por ejemplo, para reforzar la generación de indicadores y evitar duplicar el trabajo, buscando la convergencia y la vinculación con las herramientas disponibles.

Las estadísticas también contribuyen con los procesos de transparencia y rendición de cuentas de varias maneras; todas ellas útiles para respaldar los argumentos o plantear adecuaciones y modificaciones en un contexto de eficiencia, eficacia y máxima utilidad.

Agendas internacionales y regionales

Un cuarto eje que entendemos muy bien en América Latina y el Caribe es la urgente y necesaria vinculación con y entre las agendas internacionales y regionales, empezando con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y siguiendo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos del Niño (que por cierto debe de incluir a la niña, y en plural sería mejor), y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que permitirán, si nos aplicamos a ello, enfrentar la pobreza, proteger a nuestro planeta y buscar paz y prosperidad para todas y todos; sin olvidar la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la Comisión de Población y Desarrollo que por cierto lleva tres años sin poder alcanzar acuerdos, y los consensos y acuerdos regionales, donde destacan tanto el Consenso de Montevideo 2014 (población y desarrollo) como la Estrategia de Montevideo 2016 (igualdad entre mujeres y hombres, agenda de género vinculada a la agenda 2030).

Se trata de fortalecer las agendas internacionales y regionales con una fuerte participación de los países. De que la región latinoamericana y caribeña tengan una firme, sensata y vanguardista voz en todas las instancias internacionales. De estar en todos los foros e instancias de participación internacional, multilateral, regional o bilateral, de la mano con las organizaciones de la sociedad civil, el movimiento amplio de mujeres y los feminismos en toda su complejidad, con propuestas muy claras y con planteamientos y compromisos precisos, para fortalecer las agendas nacionales. La interconexión de las agendas nacionales de igualdad entre mujeres y hombres debe fortalecerse con la participación de los Estados en el diseño y consolidación de la agenda internacional y viceversa.

Mecanismo para el adelanto de las mujeres

El quinto eje, de primordial importancia, se centra en crear más mecanismos e instancias para el adelanto de las mujeres, ya sea a nivel regional, nacional (ministerios, áreas, unidades de igualdad, unidades de género, enlaces para la igualdad, etc.) o subnacional (instancias o institutos de las mujeres); así como fortalecer dependencias, entidades, unidades y áreas específicas para impulsar la agenda de la igualdad y la no discriminación.

En este sentido preocupa, y mucho, que desde hace más de un año la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América latina y el Caribe, que tiene una enorme relevancia para incorporar la perspectiva de género en el desarrollo regional y que trabaja de la mano con los mecanismos para el adelanto de las mujeres, con la sociedad civil, con las feministas y con el movimiento amplio de mujeres, no tenga a directora.

Una División sin su comandanta es, por decir lo menos, un grave problema. La División de Asuntos de Género de la CEPAL ha desempeñado un papel de la mayor importancia para consolidar a los mecanismos nacionales y subnacionales para el adelanto de las mujeres, y es un elemento indispensable para impulsar la agenda de la igualdad entre mujeres y hombres. Es paradójico que una División que tanto costo crear y que desde su inició tanto ha trabajado para posicionar a los mecanismos para el adelanto de las mujeres, no reciba la misma atención, energía e interés para contar con su directora.

Finalmente, en el contexto del Fondo Regional de Apoyo a Organizaciones y Movimientos de Mujeres y Feministas que se aprobó en la 57° Mesa Directiva de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en julio de 2018, podría ser útil llevar a cabo un estudio sobre la importancia que tienen las áreas de género de los organismos regionales e internacionales, para posicionar la agenda de la igualdad. En el mismo sentido, se sugiere analizar la pertinencia de crear un Observatorio de la Paridad que analice la participación de mujeres y hombres en todas las esferas de toma de decisiones: ejecutivo, legislativo y judicial, a nivel nacional, estatal y municipal, al interior de los organismos autónomos, la academia y el sector privado, entre otros.