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Lo barato sale caro: el problema con la financiación privada de los ODS desde una visión de género.

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María Dolores García

Cada vez más se escucha a gobiernos e instituciones internacionales de desarrollo (PNUD, ONU Mujeres, UNCTAD, CEPAL, etc.) hacer énfasis en el papel que debe jugar el sector privado en la financiación y en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Más allá de que muchas empresas nacionales y multinacionales no cumplen con la legislación mínima sobre una serie de derechos laborales y de regulaciones ambientales (que mucho harían para lograr algunas de las metas de los mencionados ODS), se esgrimen conceptos como la responsabilidad social corporativa (RSC) o se anima a las empresas a ser signatarias del Pacto Global para cumplir los 10 principios[1] o los principios de empoderamiento de las mujeres[2]. Bien analizados, todos estos principios ya son parte de las legislaciones nacionales y se tendrían que cumplir sin más (igualdad salarial, protección laboral de la maternidad, pago de horas extraordinarias, etc.).

A pesar de que las competencias principales del Estado se han reducido notablemente ante la introducción de legislación y políticas neoliberales desde la década de los 80 del siglo pasado, su rol sigue siendo clave para liderar y planificar el desarrollo de un país. Esto es, al menos, dentro de la normalidad democrática y bajo un marco legal determinado que incluye las diferentes formas de financiación para llevar dichos planes a cabo. No cabe duda de que, en algunos casos, la cooperación entre sector público y privado es necesaria para ejecutar proyectos cuyo objetivo final es el bien común y es lógico que el sector privado lucre, dentro de un marco de transparencia y rendición de cuentas. Los problemas surgen cuando dicha transparencia y rendición de cuentas no se incluyen como parte fundamental de la ejecución de dichos proyectos, que pueden resultar en casos de corrupción tan sonados, como los recientes Odebrecht y OHL en América Latina.

Los bonos de impacto social

En un nuevo capítulo para involucrar al sector privado en la persecución de objetivos de desarrollo u objetivos públicos, la creciente intervención en la financiación de estos objetivos se debe analizar esmeradamente. Comencemos por los llamados bonos de impacto social. Los bonos emitidos por instituciones financieras con fines de lucro para cubrir necesidades sociales, fueron introducidos en Inglaterra bajo el gobierno conservador de Margaret Thatcher. La idea principal es que el incentivo financiero puede resolver los problemas que presenta la ejecución en la prestación de algunos servicios o programas públicos. Quienes invierten en dichos bonos son remunerados según el éxito de los servicios o programas por el Estado, convirtiéndose así en una redistribución de lo público a lo privado, por servicios que, de hecho, ya eran públicos.

En la actualidad, instituciones de la ONU, como PNUD[3], se encuentran apoyando a países beneficiarios con este tipo de instrumentos financieros dirigidos a temas de conservación del medio ambiente, como la preservación de especies animales en extinción. Uno de los elementos más importantes del éxito, es la participación y toma de decisiones activa por parte de las comunidades humanas afectadas por estos programas. Esto quiere decir que la participación en el diseño y ejecución del programa, así como en su monitoreo y evaluación, es esencial para garantizar el éxito de dicho programa y que los inversores puedan recuperar su dinero con ganancia pagada por el Estado. Estos instrumentos se pueden ver como los “préstamos al Estado” que ocurren habitualmente a través de la emisión de letras del tesoro u otros instrumentos emitidos por él pero que, en este caso, sería una empresa privada la que se encarga de la emisión y el control.

Si bien se puede pensar que existen algunos puntos a favor de la financiación de objetivos de desarrollo por parte del sector privado en la cooperación al desarrollo e incluso en el gasto público de los propios países a los cuáles va destinada la ayuda, la parte pública, ya sea nacional o extranjera, debe ser monitoreada al igual que se hace con los fondos públicos en general, y debe tener los mismos parámetros de transparencia y rendición de cuentas. Con más razón, el uso de herramientas de presupuestos sensibles al género (PSG) debe utilizarse cuando se trate de fondos que supuestamente se manejan a favor de las mujeres.

En este sentido, OXFAM produjo un documento informativo (briefing paper) en 2017[4] donde señala que de manera más frecuente donantes de cooperación al desarrollo -pero también gobiernos receptores de dicha ayuda-  buscan introducir fondos privados y mezclarlos (blending) con los fondos públicos que habitualmente se utilizan para financiación al desarrollo. Según OXFAM, existe poca evidencia del impacto de la financiación privada en resultados del desarrollo ya que los proyectos que suelen ser financiados, pocas veces están alineados con los intereses del país (no hay apropiación) ni tampoco reflejan transparencia y rendición de cuentas. Lo que es peor, no queda muy clara la necesidad de que esas inversiones privadas necesiten ser subsidiadas por la ayuda al desarrollo oficial. Sin embargo, existen algunas áreas de intervención donde podrían resultar útiles como, por ejemplo, apoyo complementario a proyectos que busquen aliviar la pobreza y que requieran, entre otros elementos, líneas de crédito a las que puedan acceder pequeñas y medianas empresas que deseen formalizarse. Pero este modus operandi conlleva el riesgo de que a medida que se incrementa esta mezcla de fondos públicos y privados, la parte de fondos públicos que habitualmente apoye áreas tradicionales, como los servicios públicos, vaya en descenso.

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Si bien se esgrimen argumentos a favor de fondos privados en la financiación al desarrollo, como el de su supuesto valor añadido, uno de los retos al mezclarse con fondos públicos es que los proyectos en los que se “invierte” en realidad necesiten apoyo público. Por ende, el argumento de que el fondo privado viene a complementar el fondo público no es muy sólido. Por otra parte, los gobiernos de países en desarrollo buscan una mayor participación de la inversión privada para lograr diferentes objetivos de desarrollo, tanto de origen nacional como extranjero. Habitualmente se esgrime el argumento de la creación de empleos. Curiosamente, los países compiten entre sí de manera perniciosa reduciendo las obligaciones fiscales o bien ofreciendo pagar por grandes obras de infraestructura donde los más beneficiados son los inversores y no tanto el público para el cual supuestamente se crean empleos. Las zonas francas en América Latina y en otras latitudes son una clara muestra de ello. En varias de ellas se han perpetrado algunos de los casos de violencia más sonados contra las mujeres, casos que aún siguen sin resolverse, y los culpables sin identificar ni ser castigados. Las investigaciones han demostrado una correlación entre los problemas económicos y políticos y la violencia contra las mujeres a lo largo de la frontera de México con EE.UU[5]. Concretamente, las investigaciones de Pantaleo (2010) han demostrado que “el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como un enfoque capitalista, ha creado directamente una devaluación de la mujer y un aumento de la violencia ejercida”[6][7]. Por otra parte, existe un gran número de investigaciones que señalan cómo estas zonas exportadoras se han convertido en focos de lavado de dinero de todo tipo de actividades ilegales y de evasión fiscal[8]. Esto hace pensar que no se ha velado por el verdadero desarrollo y el empleo en condiciones dignas de las ciudadanas de estos países, esos sean precisamente los argumentos principales para justificar la instauración de este tipo de inversiones privadas subsidiadas por el Estado.

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En el caso de los bonos impulsados por ONU Mujeres que se lanzaron en India[9] en 2019 y ahora en Colombia[10] en el año 2021, el dinero invertido en dichos bonos se entrega a microfinancieras que a su vez las entregarán a mujeres que lo soliciten. Es decir, no hay nada novedoso más allá de que en este caso, tanto las microfinancieras como los “inversores” van a recoger ganancias de los créditos que se hacen a las mujeres que se describen como “marginadas y no aprovechadas por la sociedad”.

Aquí no cabe hacer un análisis en profundidad sobre el efecto de las microfinanciadoras en el empoderamiento de las mujeres pero, a pesar de anunciar como novedad este tipo de financiación a la igualdad de género, en realidad se trata de una nueva vuelta de tuerca a un modelo cada vez más cuestionado, incluso por estudios en profundidad sobre su escaso impacto para reducir la pobreza de las mujeres. Como expresa el profesor de la London School of Economics, Jason Hickel, en 2015: 

De hecho, resulta que las microfinanzas suelen terminar empeorando la pobreza. Las razones de esto son bastante simples. La mayoría de los préstamos de microfinanzas se utilizan para financiar el consumo, para ayudar a las personas a comprar las necesidades básicas que necesitan para sobrevivir. En Sudáfrica, por ejemplo, el consumo representa el 94% del uso de microfinanzas. Como resultado, los prestatarios no generan ningún nuevo ingreso que puedan usar para pagar sus préstamos para que terminen tomando nuevos préstamos para pagar los viejos, envolviéndose en capas de deuda.[11] 

Como colofón, otra tendencia preocupante respecto a las microfinanciadoras en América Latina es su nexo con las llamadas empresas de marketing multinivel. Estas empresas como Avon, Herbalife, Ominlife, Angelissima, (estás dos últimas mexicanas) Yanbal (Perú), Tupperware, Amway y otras, requieren una “inversión” por parte de las nuevas representantes, además de compra de catálogos y otros elementos necesarios para llevar a cabo la actividad de vender los productos. Lo más importante en estas empresas, es el reclutamiento incesante de “nuevas representantes”, que es como el negocio realmente funciona: para que una representante pueda realmente obtener ganancias, las ventas de las personas que reclute tendrán incidencia sobre sus ingresos. En Estados Unidos, varias de estas empresas han sido llevadas a juicio y han sido ordenadas a devolver las “inversiones”, sobre todo a personas inmigrantes hispano hablantes que habían sido engañadas al no tener experiencia ni redes sociales que les podrían haber advertido sobre el peligro de participar en ellas. Algunas de estas empresas se presentan como novedad en América Latina, donde la regulación de este modelo, incluyendo las oficinas de protección al consumidor, tienen poca información sobre las mismas[12]. Agencias de Naciones Unidas han realizado acuerdos con algunas de estas empresas que utilizan un lenguaje “pro mujer”. Sin embargo, sus asociaciones estadounidenses, se alinean con ideales conservadores y han dado apoyo económico a partidos políticos con esta tendencia.

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[1] Los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas se derivan de: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción


[2] Se encuentran en https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/womens-principles 

[3] Más información sobre proyectos del PNUD relacionados con bonos de impacto social se puede consultar en https://www.sdfinance.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/social-development-impact-bonds.html 

[4] OXFAM (2017). Private Finance Blending for Development: Risks and Opportunities, Oxfam. Disponible en: www.oxfam.org/es/node/8244.

[5] Pantaleo, K. (2010). “Gendered Violence: An Analysis of the Maquiladora Murders”. International Criminal Justice Review 20(4): 349365. doi:10.1177/1057567710380914.

[6] Las trabajadoras han sido particularmente solicitadas por la industria orientada a la exportación porque generalmente están menos sindicalizadas; en consecuencia, tienen un menor poder de negociación sobre sus salarios y condiciones de trabajo, y a menudo trabajan en condiciones laborales deficientes. Ver OIT (2009). La igualdad de género como eje del trabajo decente. Informe VI. Sexto punto del orden del día https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_106175.pdf.

[7] Las zonas de procesamiento de exportaciones que han contribuido al éxito exportador de muchos países en desarrollo de Asia Oriental y Sudoriental y América Central desde finales de la década de 1960 han empleado en gran medida mano de obra femenina. Sin duda, un gran número de mujeres se han beneficiado de nuevas oportunidades de empleo. Ver Seguino, S. (2009). "The road to gender equality: global trends and the way forward", en Günseli Berik, Yana van der Meulen Rodgers y Ann Zammit  (eds.), Social Justice and Gender Equity: Rethinking Development Strategies and Macroeconomic Policies. London: Routledge.

[8] Documento en profundidad sobre cómo las zonas francas se prestan al lavado de dinero https://www.fatf-gafi.org/documents/documents/moneylaunderingvulnerabilitiesoffreetradezones.html.

[9] Los bonos, que serán recaudados por un actor privado con el apoyo del Banco Mundial y ONU Mujeres, se han colocado con los principales gestores de patrimonio y empresas del país sobre la base de una colocación privada. La tasa de cupón de estos bonos será del 3% anual. El Banco Mundial ha declarado que los inversores esperan un mayor impacto social de su inversión, lo que les dará un rendimiento razonable de entre el 3 y el 4 % anual. El director del Banco Mundial en la India agregó que las inversiones en esos bonos deben quedar exentas de impuestos para atraer inversionistas (¿?¡!). El banco privado encargado se asegurará de que las instituciones de microfinanzas que obtienen los fondos, recaudados a través del bono de subsistencia de las mujeres para préstamos a mujeres empresarias, no cobren más del 13% de interés. Actualmente, las micro financiadoras en India cobran a las prestatarias entre el 20 y el 24 %. Los préstamos de hasta 150000 rupias indias (poco menos de 2000 dólares americanos) serán desembolsados por micro financieras. Los ingresos de estos bonos de impacto social, que no estarán garantizados ni cotizados en el mercado de valores, se utilizarán para ayudar a las mujeres rurales de los estados más pobres del país para que puedan establecer o ampliar sus propias empresas

[10] La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez declaró: "Estamos tramitando con el apoyo del ministro de Hacienda la posibilidad de que Colombia salga el mercado internacional con los bonos de género", agregando que es el único país de América Latina que tiene el apoyo de la ONU para salir a este mercado https://www.larepublica.co/economia/colombia-colocara-bonos-de-genero-en-el-mercado-internacional-3136690. Además, se utiliza no solo los recursos de ONU Mujeres sino de otros países donantes. 

[11] Artículo para el periódico The Guardian: “The microfinance delusion: who really wins?” (El engaño de las microfinanzas: ¿quién gana realmente?) Disponible en: https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/jun/10/the-microfinance-delusion-who-really-wins.

[12] Ver por ejemplo artículos académicos que presentan una visión sociológica de este fenómeno: Masi de Casanova, E. (2011). “Multiplying Themselves: Women Cosmetics Sellers in Ecuador”. En Feminist Economics, 17(2), pp.1-29. Disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13545701.2011.568419?needAccess=true&. O bien una visión económica que revela la naturaleza fraudulenta de estas empresas: Villagómez Morales, V.E. (2019). “Ventas directas o de marketing multi nivel: ¿Explotación de mujeres o camino hacia el empoderamiento económico?”, en Oikos Polis 4(1), pp.77-98. Disponible en: http://www.iies.uagrm.edu.bo/vol-4-no-1-2019-ventas-directas-o-de-marketing-multi-nivel-explotacion-de-mujeres-o-camino-hacia-el-empoderamiento-economico/