N°10 año 2019

9 de diciembre

Luces y sombras del trabajo doméstico en el cono sur

 

A celebrar y redoblar

Cecilia Gordano Peile

¡¿Cómo le digo que me pague aportes, si es una lucha para
que me pague lo que me está pagando?!

Ester, Argentina


Ser líder te hace más fuerte y capaz, te enseña muchas
cosas, ya no estás encerrada del trabajo a tu casa, tu marido
no te puede más atajar.

Librada, Paraguay


Entré como niñera para dos niños, después fueron tres,
después cocina y limpiar la casa. Y todo en el mismo horario y
por la misma plata. A veces no doy abasto. No me quejo
porque necesito el trabajo.

Daniela, Uruguay

¿Por qué el trabajo doméstico es realizado mayoritariamente por mujeres pobres y racializadas? ¿Por qué parece invisible, si es tan esencial? ¿Por qué permanece precarizado e informal, si hay leyes que lo regulan? ¿Cuál ha sido el proceso de aprobación de estas leyes y qué consecuencias ha tenido para las trabajadoras? ¿Podemos celebrar los avances alcanzados, o tenemos que redoblar la apuesta? ¿Qué puede aportar el movimiento feminista para que el trabajo doméstico sea dignificado, reconocido y justamente remunerado?

No hay respuestas simples. Mucho menos universales: los contextos sociohistóricos, políticos, económicos y culturales son claves para aproximarnos. Para entender lo que está pasando en Latinoamérica, tan diversa y tan asediada por “ados” e “ismos” –patriarcado, precariado, neoliberalismo, colonialismo, racismo– viene bien sumergirse en las páginas de La Mesa está servida. La lucha de las trabajadoras domésticas en Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay, recientemente editado por Cotidiano Mujer y la Articulación Feminista Marcosur (AFM). [1]

“Así como no [les] dejaría el cuidado de un bebé pequeño, un animalito y ni siquiera una planta (…), de la mermelada, ni del caldo; no les dejo al cuidado de la democracia ni del voto”, escribió Maria Galindo en una columna de opinión, en referencia a ciertos políticos bolivianos, antes del golpe de Estado. Las tareas domésticas y de cuidado son esenciales para la vida: quienes las realizan tienen una gran responsabilidad y merecen reconocimiento social y una retribución económica justa. ¿O no?


De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), existen al menos 67 millones de trabajadores domésticos en el mundo, de los cuales 80% son mujeres. [2] La mayoría están en Asia y el Pacífico (41%), seguido por América Latina y el Caribe con el 27% (unas 18 millones de personas, el 7% de todas las personas ocupadas en la región). Estas cifras, que crecen cada día, no incluyen al trabajo infantil –que abunda en muchas regiones– y omite muchas realidades de quienes permanecen en la informalidad, invisibles al radar de
los registros oficiales y excluidos del alcance de las recientes legislaciones laborales.

 

La dimensión cuantitativa del fenómeno no ha tenido un correlato cualitativo en materia de reconocimiento social ni de derechos de este sector económico, tan antiguo como la humanidad. Recién en 2011, la OIT adoptó el Convenio 189 que reconoció los derechos laborales de las trabajadoras domésticas y marcó un antecedente para el sector. Entró en vigor en 2013 y poco a poco ha sido ratificado por algunos países miembro, enmarcando las respectivas legislaciones nacionales y regionales. [3]


¿Qué pasa en el cono sur latinoamericano? Uruguay fue el primer país en el mundo en ratificar el Convenio 189 de la OIT (en 2012). Le siguieron Paraguay (2013) y Argentina (2014). Brasil y Perú lo hicieron en 2018. Estas fechas constituyen importantes hitos, al actualizar los compromisos de los países con un marco internacional. Sin embargo, las fechas per se no son suficientes para entender los complejos procesos políticos, culturales,
socioeconómicos y jurídicos que hay detrás: es necesario mapear voces y escenarios, analizar posicionamientos, acuerdos y disputas. En esta línea, el libro La Mesa está Servida. La lucha de las trabajadoras domésticas en Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay ofrece un recorrido interseccional e interdisciplinar por los imbricados caminos de negociaciones, resistencias, obstáculos y victorias vividas por las trabajadoras del hogar, en articulación con otras organizaciones de la sociedad civil, feministas y de derechos humanos.

Con esta publicación la AFM renueva su compromiso de fortalecer y apoyar los derechos de las trabajadoras domésticas de la región desde una perspectiva feminista, como ya lo hiciera en otras ocasiones. 4 Cada uno de los cinco capítulos está dedicado a un país del cono sur y permite acercarnos al trabajo doméstico en toda su complejidad, a través de testimonios directos de las trabajadoras, del racconto histórico de los procesos de
discusión, aprobación e implementación de las legislaciones vigentes, y hasta de marcos teórico-conceptuales críticos.

 


Argentina: de plazas y parlamentos


Las investigadoras del CONICET, Ania Tizziani y Debora Górban destacan cómo “la legislación discriminatoria que regulaba el sector desde los años 1950” fue reemplazada en 2013 por un nuevo régimen de trabajo que “iguala casi todas las condiciones laborales de las empleadas domésticas con las demás personas asalariadas”. Ese “casi” faltante es la eterna reivindicación de las domésticas de la región, empecinadas en adquirir los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Con este matiz, las autoras destacan los efectos positivos que la ley tuvo en la vida de las trabajadoras y sus familias, incluyendo la regulación de “los salarios y las condiciones laborales en el sector a través de la negociación de convenciones colectivas de trabajo”, lo cual se comenzó a implementar dos años después, en 2015.

El capítulo argentino articula el análisis conceptual sobre la implementación de la ley con las ambigüedades surgidas en la cotidianidad de las trabajadoras domésticas. Ello fue posible gracias a un minucioso trabajo de campo a lo largo de varios años; se entrevistó en profundidad a trabajadoras sindicalizadas y a otras que suelen reunirse en una plaza pública. Las plazas constituyen espacios informales clave para la socialización e intercambio de información laboral y jurídica, en una población dispersa, poco sindicalizada y subregistrada, como es el caso de las trabajadoras domésticas.

Además, este sector económico es muy cambiante. Como en otros países de la región, en Argentina se identificó la disminución de las llamadas empleadas con cama (que viven con un solo empleador) y se constató un aumento de las trabajadoras sin cama, es decir, que trabajan a tiempo parcial y para más de un empleador. Estas últimas “representan casi 45% de las empleadas domésticas, cuentan con una mayor flexibilidad y autonomía en el ejercicio de la actividad y una menor sujeción a las condiciones establecidas por sus empleadoras. Se enfrentan, en cambio, a una gran inestabilidad –tanto en los ingresos como en las actividades laborales– y menores posibilidades de acceso a derechos laborales”. En medio de estas ambigüedades, si la legislación no se adapta a las tendencias laborales en el sector, deja fuera a gran parte de las trabajadoras. La legislación, aunque imperfecta, funciona como un marco de referencia construido colectivamente y que “puede ser movilizado en las negociaciones con sus empleadoras”, incluso si las trabajadoras no están registradas. Las autoras proponen varias recomendaciones para continuar mejorando la implementación de la ley, incluyendo acciones para fortalecer su difusión y formación en derechos para las trabajadoras.

Brasil: desafíos y desfasajes de ayer y de hoy

El capítulo sobre Brasil nos sitúa en un escenario sociopolítico plagado de inequidades y racismo, históricamente enraizado en las instituciones coloniales y las conciencias colonizadas, y recientemente reactivado y agravado por el modus operandi bolsonarista. No es menor: Brasil lideraba la lista mundial de países donde más personas se dedican al trabajo doméstico, según el Informe Mundial sobre Trabajadores Domésticos de la OIT de 2013. Se trata de unos 7,2 millones de personas, de los cuales 6,7 millones eran mujeres, en su gran mayoría, negras y empobrecidas. Ese año, el gobierno de Dilma Rousseff había aprobado la equiparación de derechos para las trabajadoras domésticas (EC Nº72/2013), pero hubo que esperar dos años para su reglamentación con la ley Complementar (LC Nº150/2015).


Con la ayuda de una batería de “teorías críticas materialistas, feministas y decoloniales”, Rivane Fabiana de Melo Arantes, integrante de SOS Corpo-Instituto Feminista para la Democracia, aporta una mirada interseccional que evidencia cómo las desigualdades de sexo/género, raza y clase social operan en la sociedad brasilera. Con gran lucidez, la autora señala el enorme desfasaje que hubo entre el consenso parlamentario alcanzado en el 2013 y el 2015 para aprobar las leyes que garantizaron los derechos laborales de las trabajadoras domésticas, y la falta de consenso social que lo sobrevino, generando una gran polarización “entre quienes apoyaron los intereses patronales por un lado y los de las trabajadoras domésticas por otro”. Ello se agudizó “partir de 2016, cuando el Golpe Institucional político-judicial-mediático destituyó” a Rouseff y habilitó manifestaciones públicas de misoginia, racismo y clasismo.

Como se constata en otros países, los efectos de la ley son paradójicos según cómo y por quién se miren. Las trabajadoras se fortalecieron como sujetas, mejoraron sus condiciones de vida y las de sus familias, y ampliaron “su capacidad de resistir y contraponerse a la definición colonial de que ellas eran nada más que cuerpos destituidos de derechos y voluntad que estaban al servicio de otros”. Sin embargo, para la elite brasileña significó perder arcaicos privilegios de tutela sobre otros sujetos, lo que se tradujo en incumplimientos, trucos y rodeos por parte de empleadores para evadir la normativa, y negligencia de las elites gobernantes para fiscalizar, inspeccionar y sancionar. Algunos números post-equiparación de derechos evidencian una nueva foto de la precarización de las trabajadoras, al disminuir los porcentajes de quienes tienen aportes jubilatorios (del 33% en 2015, al 28,6% en 2018) y de quienes tienen un contrato formal. Las resistencias y los obstáculos, dice la autora, muestran que las reivindicaciones de las domésticas no sólo
se tradujeron en el acceso a unos derechos laborales concretos, sino que implicaron una confrontación directa con “la insuficiencia de los derechos humanos en Brasil y el propio poder capitalista colonial patriarcal”.

Paraguay: con “p” de que puede

Mientras el libro estaba en proceso de edición, las trabajadoras domésticas paraguayas celebraban la tan anhelada igualdad salarial, aprobada por la Cámara de Senadores el 1 de julio de 2019. Todo había comenzado en 2013, con la presentación de un proyecto de ley que dos años más tarde, en 2015, derivó en la aprobación de la Ley 5407/2015 del empleo doméstico.


El reconocimiento de la plena igualdad de empleo doméstico en Paraguay es un logro histórico y pionero en la región, después de largos procesos de lucha y resistencia, como destaca la autora del capítulo, la Investigadora del Centro de Documentación y Estudios (CDE), Lilian Soto: “Los avances son consecuencia de un trabajo sostenido realizado por las tres organizaciones de trabajadoras domésticas que existen en Paraguay –SINTRADESPY, SINTRADI y SINTRADOP-L- con apoyos diversos, entre los que resaltan los de las organizaciones de lucha por derechos de las mujeres y feministas y el permanente respaldo de organizaciones del sistema internacional de derechos humanos como ONU Mujeres y la OIT”.


Como se constata en los demás países analizados, las trabajadoras se empoderaron a través del reclamo de sus derechos y de la organización colectiva y articulada con otras actoras sociales, visibilizaron sus reivindicaciones en el espacio público –ocuparon horarios centrales en los medios de comunicación–, a pesar de las campañas de desprestigios activadas desde los sectores conservadores. Se llegó a culparlas de causar despidos masivos, para tapar con el miedo la legitimidad de sus reclamos. A pesar de todo, poco a poco han subido los salarios y las trabajadoras van mejorando su calidad de vida. Pero también se vislumbran las primeras fallas en la implementación de la ley, y entra en juego la responsabilidad del Estado de velar por el cumplimiento de la legislación vigente.

Más allá de los logros alcanzados, este capítulo destaca “la necesidad de que las trabajadoras puedan seguir realizando un proceso de incidencia que no descuide su presencia en mesas de trabajo y negociación (…), fortalecer las organizaciones” y ampliar su espectro de incidencia. Ello presenta múltiples desafíos en una sociedad aferrada a prácticas de desigualdad muy antiguas y arraigadas, como el criadazgo –una modalidad de
esclavitud infantil disfrazada de adopción–, así como las abismales diferencias entre territorios; como en los demás países analizados, la aplicación de la ley se dificulta mucho más en el medio rural que en el urbano.

Perú: mejor tarde que nunca

Después de ratificar el Convenio 189 de la OIT en noviembre de 2018, Perú está “en pleno proceso de adecuación normativa a los estándares mínimos”. Al igual que en los demás países, los sindicatos afines son los principales impulsores y las trabajadoras domésticas organizadas las actoras más comprometidas y perseverantes.


La autora de este capítulo, Clea Guerra Romero, del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, enumera la gran cantidad de instrumentos legales internacionales, regionales y nacionales existentes para garantizar los derechos humanos, extensibles a los derechos de las trabajadoras domésticas: declaraciones, pactos, convenciones. Lo que falta no son textos, sino su implementación eficaz, voluntad política y cambio cultural.


A nivel nacional, Perú cuenta con una normativa complementaria a la ley N° 27986 de los Trabajadores del Hogar del año 2003 pero, como destaca la autora, es una ley que “institucionaliza situaciones de discriminación, reconociendo la mitad de los beneficios (remuneración, vacaciones, compensación por tiempo de servicio, trabajo en días feriados, etc.) en comparación con el régimen general del trabajo”. Para mejorar esta situación, en la actual gestión parlamentaria (2016-2021) hay nueve proyectos de ley presentados desde
diferentes grupos políticos. Estas iniciativas, sin embargo, se encuentran paralizadas y enfrentan varios obstáculos, principalmente la falta de quórum y el desdén de las integrantes de las comisiones encargadas de tratar los proyectos: la de Trabajo y Seguridad Social y la de Mujer y Familia. Le pese a quien le pese, “las trabajadoras del hogar organizadas se encuentran participando y haciendo labor de incidencia en el Congreso de la República, han acudido a las sesiones de las comisiones, y continuarán posicionando incansablemente sus reivindicaciones”.

Uruguay: pionero, pero sin consenso

Uruguay tiene una ley de trabajo doméstico pionera en la región, aprobada en 2006. Según la periodista Nausicaa Palomeque, autora del capítulo uruguayo (que cierra La mesa está servida…), los avances legislativos en la materia responden a un contexto nacional particular, con la llegada al gobierno en 2005 del Frente Amplio –una coalición política de izquierdas–. A partir de entonces, se desarrollaron numerosas políticas públicas para favorecer especialmente a los sectores socioeconómicos más olvidados. Con esta ley, Uruguay pudo aportar su experiencia en las reuniones preparatorias para la aprobación del Convenio 189 y fue el primer país del mundo en ratificarlo. Con este panorama de avanzada, podría pensarse que todo va genial. Pero no es así.


Este capítulo ofrece un amplio entramado de testimonios de diversos actores y actoras: trabajadoras domésticas, representantes del sector empleador y del gobierno, que componen el complejo escenario donde la ley se aplica, se interpreta y se negocia. Aunque la ley regula cuestiones básicas que antes quedaban libradas a la buena voluntad del sector empleador, continúa habiendo discrecionalidad para aceptar algunos derechos. Y aunque se establecieron mecanismos para controlar su cumplimiento, incluyendo “posibles inspecciones domiciliarias”, el ámbito doméstico sigue estando tradicionalmente envuelto en el halo de lo sagrado y privado. Aun así, el texto recoge un caso paradigmático denunciado por Cotidiano Mujer, en el que se constataron delitos de trata de personas y explotación laboral de trabajadoras domésticas bolivianas en una casa de conocidos empresarios locales, que fueron juzgados y obligados a pagar indemnizaciones.

Otro logro importantísimo de la ley sobre trabajo doméstico fue la instalación de los consejos de salarios: una instancia de negociación colectiva y tripartita, con representación de las partes empleada, empleadora y del Poder Ejecutivo, de las que emerge un convenio sobre temas de interés, principalmente fijación de salarios mínimos, incrementos, primas y compensaciones, entre otros. Mientras los primeros cuatro convenios (realizados en 2008, 2010, 2013 y 2016) fueron definidos por acuerdo de todas las partes, en 2019 no hubo
consenso y el sindicato único de las trabajadoras (SUTD) se abstuvo. Su reclamo histórico de diferenciar categorías laborales –al menos entre cuidado, cocina y limpieza, para evitar que se les exijan tareas extras a las contratadas– fue rechazado por la parte empleadora, quien necesita trabajadoras flexibles y “polifuncionales”. A pesar de los desacuerdos, representantes de las trabajadoras destacaron “la negociación colectiva como una
herramienta en la defensa de los derechos de los trabajadores, dejando el camino abierto para las próximas negociaciones”
.

Continuará…

Los avances en las legislaciones nacionales y las consecuentes mejoras de las condiciones de vida de las trabajadoras domésticas son una realidad y motivo de celebración para todas. Nadie les regaló nada: son producto de largas e intensas luchas, llevadas adelante con tenacidad y convicción por parte de las propias trabajadoras, apoyadas por organizaciones de la sociedad civil, feministas y de derechos humanos. Ante las resistencias y desafíos de leyes todavía imperfectas e interpretadas en contextos de retrocesos de derechos, las trabajadoras y sus aliadas no pueden bajar la guardia, sino que, por el contrario, han de continuar movilizadas, formándose, organizándose y reclamando sus derechos. Fácil escribirlo, muy difícil lograrlo; porque como aparece a lo largo de las páginas de La mesa está servida…, se enfrentan al aislamiento y la soledad de trabajar en el ámbito doméstico, a las resistencias patronales, a la falta de fueros para dedicarse a la actividad sindical y a las desigualdades territoriales, donde las diferencias en la aplicación de la ley entre el ámbito rural y urbano son abismales, entre otros largos etcéteras. Por eso, además de celebrar los logros, este libro es también un llamado a redoblar esfuerzos para mejorar las leyes vigentes y los mecanismos de implementación, para alcanzar la equiparación total de derechos, “a la paraguaya”, y para sensibilizar a toda
la sociedad de que el cambio cultural es urgente.

 

A fines de enero se viene la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, donde varias representantes de las trabajadoras domésticas organizadas de la región estarán presentes. La conferencia se focalizará en la autonomía económica y ellas tendrán mucho para decir. Como se cita en el capítulo dedicado a Brasil: “Tener un trabajo remunerado es, además de una necesidad social, una urgencia política para las mujeres porque nos posibilita mantener a la familia, a nosotras mismas y, sobre todo, la autonomía sobre nuestra propia vida, algo que implica nuestra propia constitución como sujeto y ciudadana (Ávila y Ferreira, 2014:20 y 37)”.