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Manuela

Morena Herrera y Sara García

La prohibición absoluta del aborto criminaliza a las mujeres, especialmente a las  mujeres que viven en situación de pobreza, como Manuela. Las estigmatiza y las condena injusta y arbitrariamente por no reconocer sus derechos sexuales y reproductivos. Esta violación sistemática de los derechos de las mujeres ocurre en El Salvador -uno de los países más restrictivos sobre aborto- pero también en otros países de América Latina y el Caribe. Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría empezar a cambiar la historia.

Cuando hacíamos indagaciones sobre mujeres criminalizadas por aborto y complicaciones obstétricas en los tribunales de sentencia y en centros penitenciarios para la primera investigación “Del Hospital a la Cárcel”[1], no podíamos comprender lo que le había pasado a Manuela. Nos decían que había muerto al poco tiempo de empezar a cumplir su condena de 30 años de cárcel. Poco a poco, como cuando se pela una cebolla, fuimos conociendo y comprendiendo las múltiples vejaciones y violaciones a sus derechos humanos, que habían vivido esta mujer y sus familiares más cercanos. ​

Manuela es una historia única y también una historia más común de lo que quisiéramos pensar en América Latina y el Caribe. Cuando reconstruimos su tránsito por el sistema de salud, nos dimos cuenta que había consultado por unas protuberancias y dolores en el cuello, que bien pudieron ser identificadas como los síntomas de un cáncer linfático que padecía, y que sólo fue diagnosticado en etapa más avanzada estando ya ella en la cárcel. Como sospechosa de aborto tras una pérdida de su embarazo, fue inmediatamente denunciada y sometida a un proceso judicial similar al que han transitado otras mujeres, que han ido directamente de las salas de emergencia de hospitales públicos a las bartolinas y cárceles en El Salvador.

Su madre, a quien todavía dura el miedo por las amenazas que sufrió durante los registros e inspecciones de la policía y las instancias judiciales en su pequeña vivienda, ha vivido con la carga de asumir el cuidado de los dos pequeños hijos que quedaron en orfandad con la muerte de Manuela. Su padre, ha vivido con el peso de haber puesto sus huellas dactilares en un documento que usaron para inculpar a su hija. Sus hijos, crecieron con el estigma de tener una madre que había sido condenada por homicidio agravado. Aliviar estas angustias nos motivó a presentar  la solicitud de revisión de sentencia de Manuela aún después de muerta, pero el estado salvadoreño también negó este derecho a esta familia. 

El 21 de marzo del 2012, cuando iniciaba la primavera de ese año, presentamos la demanda de Manuela ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ya sabíamos que en El Salvador la criminalización de mujeres por aborto y por complicaciones durante el embarazo y el parto no era un caso aislado, y para ese entonces, ya habíamos logrado la liberación de dos mujeres que también habían sido condenadas a 30 años de cárcel por circunstancias similares.[2] Creíamos, sin embargo, que era algo que sólo ocurría en El Salvador, como consecuencia de la penalización absoluta del aborto que propicia el andamiaje institucional y jurídico, para que mujeres a las que se considera sospechosas de haberse provocado un aborto, sean acusadas, procesadas y -con altos grados de ensañamiento judicial- condenadas a 30 y hasta a 40 años de cárcel. 

En el intercambio con feministas latinoamericanas, hemos constatado que la criminalización de mujeres por eventos obstétricos es una realidad extendida en varios de nuestros países, incluso en algunos como Argentina, existen mujeres condenadas a cadena perpetua[3]. Hasta hace poco, ha sido una realidad silenciada y escondida, resultado de una injusticia estructural que afecta a mujeres que comparten rasgos de un perfil común: son jóvenes, viven en situación de pobreza, con bajo nivel educativo, en circunstancias de vulnerabilidad y desprotección. Por ello, los resultados del proceso de búsqueda de justicia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pueden tener una repercusión importante más allá de las fronteras salvadoreñas.

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Una audiencia que marcará hitos

El pasado 10 y 11 de marzo del 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos conoció el caso Manuela y familiares vs El Salvador. Es la primera vez en la historia que el más alto Tribunal de Derechos Humanos en las Américas escucha las injusticias que atravesaron el cuerpo de una mujer salvadoreña, que se enfrentó con la discriminación estructural e interseccional de un país que tiene una de las leyes más restrictivas en materia de aborto. En El Salvador se persigue y castiga a las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas o abortos espontáneos. Según la investigación realizada por la Agrupación Ciudadana, de 1998 a 2019 se han registrado 181 casos de mujeres criminalizadas por abortos o delitos relacionados; esto indica que las violencias e injusticias ocurren de manera sistemática debido a la existencia de un contexto restrictivo en materia de derechos reproductivos, que no pondera derechos e impone mandatos relativos a la maternidad que generan estereotipos de género.

La discriminación estructural e interseccional atravesó el cuerpo de Manuela, pues el estado salvadoreño le negó sus derechos fundamentales, por ser mujer, joven, de  zona rural, por vivir en situación de pobreza. Manuela tuvo un parto precipitado, extra hospitalario, que le provocó una fuerte hemorragia, perdiendo a la criatura que estaba gestando, todo ello en condiciones de extrema precariedad. Su familia la encontró desmayada, a causa del evento obstétrico que puso en riesgo su vida. Fue trasladada a un hospital público, donde esperaba recibir atención integral en salud. Sin embargo, el hospital se convirtió en la antesala del juicio: allí fue denunciada debido a que, según el personal de salud, Manuela había abortado porque su embarazo era producto de una “infidelidad”. Este fue el estereotipo de género básico con el cual se activó el sistema de (in)justicia, vulnerando el debido proceso, pues fue interrogada sin la presencia de abogadxs. Manuela fue juzgada y condenada a 30 años de cárcel. Estando en prisión su salud se deterioró muy rápidamente, diagnosticando que los bultos de su cuello se debían a un cáncer linfático. Pasó sus dos últimos años de vida privada de libertad. Manuela falleció lejos de su familia, esposada a una camilla en el pabellón de reos de un hospital público de la capital. 

Es importante destacar las implicaciones de este proceso en la vida y dignidad de la familia de Manuela, quien era la cabeza del hogar y sostén de su núcleo familiar. Su detención y muerte repercutieron negativamente en el proyecto de vida de sus dos  hijos, de su madre y de su padre. Las pérdidas que sufrieron los familiares de Manuela no fueron sólo económicas: les afectaron las posibilidades de una vida digna. Además, Manuela y sus familiares han sufrido estigmatización y re victimización  debido a los ataques de grupos que niegan los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos. 

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La negación de la condición de personas

La criminalización de mujeres por aborto y por complicaciones obstétricas en El Salvador se ha conocido en el mundo a través de la historia de Las 17 y Más[4] y la campaña que con ese nombre inició en el 2014 para exigir la libertad de mujeres injustamente condenadas, pero poco se ha profundizado en cómo la penalización del aborto despoja a las mujeres embarazadas que sufren complicaciones en el embarazo y el parto – especialmente a las jóvenes, pobres, con bajo nivel educativo y viviendo en condiciones de vulnerabilidad y desprotección – de su condición de personas. 

 

Los Estados como el salvadoreño, impulsan políticas de pro nacimiento, no como una política de provisión de servicios, sino como una exigencia a las mujeres, a quienes no protegen ni proporcionan condiciones de salud y socio económicas para asegurar embarazos saludables. Sin embargo, ante la posibilidad de una idea o una práctica que pudiera cuestionar el mandato patriarcal de la maternidad como la única forma de existencia para ser mujer, las leyes se activan y actúan aceleradamente en persecución y judicialización contra aquella mujer que, de acuerdo a sus parámetros, pudiera haber tenido la osadía de poner en cuestión el precepto de ser ante todo madres, no importando incluso si su vida y su salud hubiera estado en grave riesgo. 

 

En los últimos años hemos observado que este afán penalizador contra las mujeres por razones asociadas al aborto, ha evolucionado a la personificación de embriones y fetos, para presentarlos como “las víctimas”, moviendo legislaciones y constituciones que pretenden el reconocimiento del no nacido como persona. En el caso de Manuela este propósito fue llevado al extremo de obligar a su familia a poner un nombre en la partida de defunción, al que ahora dedican un video y lo enarbolan como víctima de “infanticidio”. 

 

Es en este escenario de fuertes restricciones y graves injusticias reproductivas, donde la acción feminista y la solidaridad internacional han logrado que más de 45 mujeres condenadas salgan de la cárcel y recuperen su libertad. A pesar de ello, continúan las injusticias contra las mujeres. Recordemos a María Teresa[5], absuelta en una revisión de sentencia que la declaró inocente y anuló su condena de 40 años de cárcel, pero que tuvo que pedir asilo político en Suecia, al sentir amenazada su libertad porque continuaba el acoso judicial contra ella, convirtiéndose en la primera mujer en el mundo con asilo político debido a la persecución por aborto. 

 

Pese a haber demostrado las injusticias cometidas contra mujeres que han sido condenadas por estas circunstancias, en la actualidad 18 mujeres continúan en la cárcel sin que los pedidos por su libertad tengan algún eco. El Estado tampoco ha escuchado las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias que a principios del año 2020 se pronunció ante casos de mujeres que enfrentaron emergencias obstétricas y han sido víctimas de detenciones arbitrarias en El Salvador, así como a numerosas organizaciones sociales salvadoreñas e instancias internacionales que han insistido en que estos casos son consecuencia de la prohibición absoluta del aborto, que criminaliza a las mujeres pobres, las estigmatiza y las condena injusta y arbitrariamente por no reconocer sus derechos sexuales y derechos reproductivos.

 

Es por ello que consideramos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos  tiene la oportunidad histórica de hacer justicia para Manuela, para su familia y para todas las mujeres que viviendo en situación de pobreza, sufren las consecuencias de la penalización absoluta del aborto. Es la oportunidad de establecer estándares internacionales que abran posibilidades de justicia, reparación y garantía al respeto y cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, como la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación a las Mujeres, que aún está pendiente en El Salvador.

 

Este proceso está inspirado en la esperanza de encontrar respuesta a nuestros anhelos de justicia, esperando reconocimiento y reparaciones integrales para la familia de Manuela, pero también medidas que, en base al contexto, tan injusto e inhumano para las mujeres salvadoreñas, permita que muchas de ellas, recuperen su condición de personas con derechos.

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[1] Del hospital a la cárcel. Consecuencias para las mujeres por la penalización sin excepciones, de la

interrupción del embarazo en El Salvador. Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico. www.agrupacionciudadana.org El Salvador, febrero. 2013.

[2] Karina Clímaco Herrera fue liberada por revisión de sentencia en julio de 2009 e Isabel Cristina Quintanilla obtuvo su libertad ese mismo año por la figura de conmutación de pena que cambió su condena de 30 a 3 años.

[3] Dicen que tuve un bebé. Siete historias en las que el sistema judicial encarcela mujeres y a casi nadie le importa. Gloria Orrego-Hoyos, María Lina Carrera, Natalia Saralegui Ferrante. Buenos Aires: siglo veintiuno editores. 2020. https://sigloxxieditores.com.ar/libro/dicen-que-tuve-un-bebe/

[4] https://las17.org/

[5] El 21 de marzo de 2017  El gobierno de Suecia concedió asilo político a María Teresa Rivera, por sufrir persecución política y jurídica por aborto en El Salvador.