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Sistema de Alertas Regional sobre DSR

De la pandemia a la sindemia

Romina Napiloti

La pandemia, como la pobreza, tiene rostro de mujer. En junio de este año, el Sistema de Alertas Regional (SAR) publicó un informe sobre las barreras en el acceso a métodos anticonceptivos y a abortos legales. La vulneración de los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR) a lo largo y ancho de Latinoamérica y el Caribe (LAC) son la contracara de las medidas tomadas para responder a la emergencia sanitaria tras la propagación del virus SAR-COV-2. 

La pandemia de Covid-19 llegó a nuestro continente en un contexto político y económico adverso desde el punto de vista de las garantías para el ejercicio de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. Desde el principio de la crisis se advirtió sobre las posibles consecuencias del sesgo de género en las medidas valoradas para enfrentar la emergencia desde las políticas públicas. Las decisiones tomadas por los gobiernos tanto en materia sanitaria como económica, agravaron las condiciones de vida de la población más vulnerada, provocando que la pandemia en nuestro continente se transforme en una sindemia, cuyas consecuencias no son neutrales al género.

El término “sindemia” combina el concepto de sinergia y epidemia y se distingue por enfatizar los factores que habilitan esa sinergia. La sindemia tiene la peculiaridad de poner el énfasis en las formas en que los entornos sociales, especialmente las condiciones de desigualdad e injusticia sociales, contribuyen a la agrupación e interacción de enfermedades, así como a la vulnerabilidad. Por ello, señala una de las creadoras del concepto, podemos hablar de pandemias de carácter global pero no de sindemia global, en la medida en que el contexto importa.

De alertas en pandemia, a alertas en sindemia

Las epidemias de ébola y sika habían dejado como lección la necesidad de que, frente a coyunturas de crisis sanitaria, los servicios de atención considerados esenciales incluyeran el acceso a la salud sexual y reproductiva (SSR). Pero desde el 11 de marzo del 2020, la atención prioritaria a pacientes con Covid-19 y la estabilización de la tasa de contagios pasaron a encabezar la agenda política de los gobiernos nacionales a nivel mundial. En nuestro continente, las medidas tomadas tuvieron como contracara el debilitamiento de los servicios que garantizan el ejercicio de los DSR. La barrera en la oferta se sumó a la de menor demanda de los servicios, resultado de la movilidad reducida por el confinamiento y la falta de recursos, la resistencia a ingresar a centros de atención por el miedo al contagio, entre otros. 

Las consecuencias sobre la vida cotidiana de las mujeres ha sido gravísima y la misma se ve reflejada con gran claridad en las alertas halladas por el Sistema de Alertas Regional (SAR). Su crecimiento durante el período de pandemia ha sido exponencial, lo cual refuerza la idea de que en nuestra región nos enfrentamos a una sindemia, en la que los factores de contexto resultan determinantes  para el agravamiento de las consecuencias de la enfermedad de Covid-19 por sí sola. 

El Sistema de Alertas Regional (SAR) es una herramienta de monitoreo, seguimiento y denuncia sobre las vulneraciones a los DSR que reflejan incumplimientos de los estados de LAC frente al Consenso de Montevideo. La georreferenciación de esos episodios contribuye con información que enriquece el análisis dando contexto; le pone rostro a las personas e instituciones involucradas. Además, hace visible la dimensión regional de prácticas sistemáticas tanto favorables como desfavorables para los DSR.

Desde el año 2018 hasta mayo del 2021 el SAR ha identificado un total de 275 alertas, de las cuales la mitad se identificó a partir del comienzo de la pandemia. Para el período comprendido entre marzo del 2020 y mayo del 2021, el SAR reunió un total de 91 alertas que se encuadran en la crisis sanitaria Covid-19. Representan el 33% del total de alertas del sistema y las correspondientes al 2021 (51) representan el 19%.

Los cinco patrones en la sindemia

En una sindemia los factores de contexto adquieren especial relevancia, ya que contribuyen a que de la interacción de dos enfermedades o condiciones de la salud converja una nueva condición más grave que la suma de las dos anteriores. En ese sentido, tal como señala Emily Mendenhall, mientras las pandemias pueden tener carácter global, las sindemias no necesariamente. En el caso de América Latina las condiciones de desigualdad estructural dan marco a una interacción adversa entre el brote de COVID-19 y la SSR de las mujeres. Los resultados son determinados por múltiples factores que en todos los casos son externos a la decisión de las propias mujeres, por lo que pueden significar vulneraciones a los DDHH y los DSR. 

Del análisis de las Alertas de este mismo período surgen cinco patrones comunes que abarcan todos los países y todo el ciclo de la salud sexual y  reproductiva  de  mujeres  y  niñas: barreras en el acceso a métodos anticonceptivos, barreras para acceder a abortos legales y por lo tanto seguros, violencia sexual y embarazo no deseado, mortalidad y morbilidad materna y por último, el uso del poder punitivo del Estado.

Los cinco patrones en los que se enmarcan las alertas en los 14 meses analizados, reflejan situaciones en las que, por acción u omisión, se expuso a las mujeres a consecuencias negativas para su SSR de corto y de largo plazo, tanto a nivel individual como colectivo. Ahora bien, las barreras a métodos anticonceptivos y al aborto seguro, dejan en evidencia la importancia de la perspectiva de género y de DSR en la gestión de esta crisis: afectan al ciclo reproductivo en los aspectos más sensibles al tiempo. Un aplazamiento en cualquiera de los casos genera consecuencias profundas (González Vélez, 2020).

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Barreras a Métodos Anticonceptivos: Según las previsiones planteadas en abril del 2020 por el UNFPA, una interrupción moderada de los servicios de atención a la SSR de tres meses de duración, provocaría que alrededor de 23 millones de mujeres en 114 países de ingreso bajo y mediano encontraran barreras para acceder a métodos anticonceptivos modernos.

De las alertas puede desprenderse que las autoridades nacionales competentes en la gestión de los sistemas sanitarios, no se encuentran comprometidas cabalmente con la salud de las mujeres.

La negligencia es evidente. Ejemplo claro de esto es la situación denunciada en Brasil, pero más aún la situación chilena. Puntualmente, preocupan las respuestas respecto de la circulación de anticonceptivos defectuosos y la exigencia de receta médica para vender los anticonceptivos en el circuito comercial, que dejó expuestas a las mujeres durante los primeros meses de la pandemia y en pleno período de confinamiento. Las organizaciones que denunciaron la situación alertaron que dichos episodios tuvieron consecuencias gravísimas tales como decenas de embarazos no deseados.

Barreras a Abortos Legales: Del total de alertas identificadas durante el período de pandemia y sindemia, un tercio refleja barreras en el acceso al aborto seguro, de las cuales un tercio también involucra episodios de violencia sexual. En las alertas identificadas en Colombia, Argentina, Chile y Ecuador, las organizaciones de mujeres fueron las responsables de poner a la vista de las autoridades y de la opinión pública las consecuencias de la reorganización de los sistemas sanitarios ante la crisis de Covid-19, su impacto en el derecho de las mujeres a acceder a abortos seguros y legales, y las múltiples barreras que enfrentaron. Por ejemplo, en Colombia, algunas de estas barreras estaban directamente vinculadas a la pandemia (falta de privacidad, dificultades para desplazarse, imposibilidad de recibir atención). Pero los obstáculos, además, responden a acciones deliberadas de obstrucción al acceso a abortos seguros. Otra característica encontrada en las alertas de este patrón, es la intervención e incidencia de la contra movilización fundamentalista en distintos niveles institucionales.

La llegada de una pandemia era algo insospechado para nuestras arquitecturas institucionales. Su devenir en sindemia es un fenómeno que debería dejar una huella en nuestra cultura política, pues mucho tiene que ver con el histórico sesgo de género, raza y etnia que atraviesa nuestra visión de mundo y que, por lo tanto, condiciona cómo respondemos y a qué problemas. Incorporar la perspectiva de género en esa búsqueda de respuestas, en definitiva, facilita el reflejo de preguntarnos a quienes afecta el problema y cuándo es clave actuar. Sí, parece un juego de palabras, pero para las mujeres como sujetos de política pública el factor tiempo es determinante.

Ha sido un camino largo para lograr que la vida de las mujeres no sea reducida a su función reproductiva. Sostener ese logro o retroceder nos va a definir como cultura. Para recuperarnos del impacto de la sindemia será clave entender cabalmente que los derechos sexuales y reproductivos son universales y que deben ser defendidos por toda la sociedad y protegidos por todos los gobiernos, en toda circunstancia.

 

 

Referencias: 

González-Vélez, Ana Cristina (2020). Normas restrictivas sobre aborto en América Latina. Peter Lang: New York, Bern, Berlin, Bruxelles, Oxford, Wien.