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El caso Joyabaj, una performa racista y patriarcal

Ana Cofiño

Guatemala 2020: Una audiencia en un juzgado de provincia de un país empobrecido. Se acusa a varias mujeres indígenas y lideresas de organizaciones sociales de ocasionar destrozos y desorden público tras una protesta. Hay fiscales, abogados, víctimas, intérpretes, policías, prensa y asistentes: una mixtura de etnicidades, culturas, clases, géneros, e idiomas originarios. Pero el sistema de justicia es colonial y de antemano, ignora y desprecia a pueblos originarios y mujeres. 

Los procesos judiciales abiertos al público son novedosos en Guatemala. La reforma judicial que instauró el debate oral como núcleo de los mismos data de 1994, cuando se pasó del sistema inquisitorial, escrito, al debate oral acusatorio, donde hay exposición de hechos, argumentación en contra y a favor. Gracias a ello, hemos podido presenciar varios de los juicios más importantes de la historia reciente, y hoy, en medio de la tercera ola de Covid-19, dos audiencias intermedias del Caso Joyabaj donde se imputan delitos a cuatro mujeres k’iché. 

Joyabaj o Xol Ab’aj, (“Entre piedras”) es un municipio del departamento de Quiché en el altiplano guatemalteco, con una población de más de cien mil habitantes, mayoritariamente (83%) indígenas hablantes del idioma k’iche’, dedicada a trabajos del campo, comercio, servicios y otros, con una tasa de migración de las más altas del país. Conocida por sus tradicionales bailes del Palo Volador y de La Culebra, fue escenario de la violencia estatal durante los años de la guerra contrasubversiva. Luego vinieron las masacres en las aldeas, y posteriormente, la obligación a integrarse y apoyar a las Patrullas de Autodefensa Civil bajo el mando del ejército, que las instrumentalizó como punta de lanza en contra de las poblaciones locales. Es necesario recordar que los xoyes también han sido utilizados como mano de obra para las fincas de café que proliferaron desde el siglo XIX en las tierras bajas y la costa, despojadas a las comunidades. La pobreza y extrema pobreza son otros rasgos de dicha población, ahogada por la desigualdad abismal que afecta de manera brutal a los pueblos originarios. 

El Caso Joyabaj, como se le ha denominado en los medios, es un ejemplo más del uso de la persecución penal y la criminalización en contra de quienes se oponen a los abusos de funcionarios, de las empresas extractivistas y otras instituciones que constantemente violan los derechos, sobre todo de los pueblos indígenas y de las mujeres, con mayor enjundia. La defensa de los territorios, de ríos y montañas, de los idiomas, la memoria y la verdad, así como de los cuerpos y la sexualidad, se han vuelto motivos para que el Estado persiga, capture y hasta elimine a líderes de movimientos diversos, en las distintas regiones del país.

Cuando caracterizo como performa a este proceso, lo hago considerando el escenario donde se lleva a cabo, los personajes que intervienen, los símbolos, las relaciones, los poderes, las palabras, las interpretaciones y las representaciones que allí se ponen en juego y se entreveran por distintas razones, compartiendo el aforo de un juzgado de provincia en un país empobrecido. El conjunto que constituimos quienes ocupamos temporalmente ese no-lugar, para protagonizar, observar o documentar la interacción de fiscales, abogados, víctimas, intérpretes, policías, prensa y asistentes, es una mixtura que conjuga etnicidades, culturas, clases, géneros, de manera compleja, atravesada por profundas brechas que nos impiden acercarnos y comprendernos. No sólo por los idiomas o las distintas posiciones políticas y económicas, sino por las mascarillas y caretas con que nos embozamos como protección necesaria en una zona roja de Covid-19.

Como dijimos, el proceso se lleva a cabo en territorio K’iche’, las personas inculpadas hablan ese idioma, tienen creencias, cosmovisiones y costumbres propias de dicha cultura, pero todo el procedimiento judicial, auspiciado y amparado por el Estado de Guatemala, es en español o “castilla”, como se le llama comúnmente. A partir de allí, vemos la injusticia del sistema que viola el derecho de las personas a saber de qué se les acusa, a defenderse en su idioma, y además, niega y desconoce las formas de justicia indígena que se practican en las comunidades, e impide la búsqueda de soluciones, imponiendo penas. 

El sistema colonialista de Guatemala es excluyente porque impide a la población ser sujeta de esa justicia que, de antemano, ignora y desprecia a pueblos originarios y mujeres. En este caso, aunque las acusadas contaron con una intérprete que les traducía al oído lo que allí se planteaba, es imposible traducir los términos y estilos solemnes con vocablos especializados, ininteligibles para el resto de los mortales.

Sebastiana Pablo, lideresa de la organización que lucha por los derechos de las y los vendedores del mercado de Joyabaj, también ha cuestionado los actos de corrupción en el manejo de los recursos públicos. Es analfabeta y no habla español, vende productos básicos en el mercado. En esa calidad, y como autoridad indígena, acudió con la Asociación de Comerciantes a la municipalidad el 24 de agosto de 2020, a entregarle un documento con peticiones al alcalde Florencio Carrascoza quien, dicho sea de paso, ocupa ese cargo por cuarto periodo, ha sido señalado de corrupto en múltiples ocasiones y aparece en la lista Engel publicada por la embajada de Estados Unidos como un funcionario que obstaculiza la justicia, además de estar acusado de violencia contra las mujeres. A doña Sebastiana, como a Petrona Siy, Micaela Solís y Anastasia Mejía, también se les capturó el año pasado, acusadas de ser causantes y participantes en los destrozos provocados al edificio municipal en dicha ocasión, por parte de personas que no se sabe de dónde vinieron, y que pese a ser identificables, no están sindicadas. 

Anastasia Mejía Tiriquiz es k’iche’, xoy, conocida como comunicadora, fundadora de Xol Ab’aj TV; es  Aj q’ij, es decir contadora de los días o conocedora del calendario maya, y defensora de derechos humanos. Su oposición al mencionado alcalde, sus denuncias de actos ilícitos, así como la fiscalización de dicho gobierno, la hicieron blanco del odio machista y racista, amparado en la impunidad. De esa cuenta, Anastasia estuvo en prisión durante 37 días, junto con la señora Petrona Siy, comadrona, autoridad ancestral, presidenta de la asociación. Tres de ellas fueron liberadas bajo fianza, y lloraron tristemente cuando tuvieron que salir, dejando a su compañera de infortunio Sebastiana Pablo en la cárcel de Xela, sola, temerosa, maltratada, y quien después de once meses de cautiverio, finalmente obtuvo medidas sustitutivas para volver a su casa, con la condición de acudir cada quince días a firmar a un juzgado, y sin poder salir de los límites del departamento. Desgraciadamente, ella sí fue ligada a proceso, lo cual significa un largo y cruel recorrido por los vericuetos del sistema, hasta que sea juzgada y sentenciada.

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El sistema judicial en Guatemala rara vez funciona como debiera. Según denunció la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, auspiciada por Naciones Unidas, existe un 99% de impunidad en los casos presentados por el Ministerio Público. Es sabido y se ha denunciado que magistrados, jueces y fiscales se han alineado y son parte de las redes de corrupción que han hecho del Estado su modo de vida y la estructura idónea para que los grupos criminales actúen sin pudor y con toda la impunidad. 

El retardo malicioso, los recursos dilatorios, el abuso en la presentación de amparos, la manipulación y la falsedad, son algunos de los mecanismos que usualmente utilizan dichas redes criminales para que los procesos muestren vicios desde que se presentan y se prolonguen, ignorando el principio de brindar justicia pronta y cumplida. Esta maraña de tretas y subterfugios se vuelve un laberinto de pesadilla para quienes son perseguidas y acusadas por su rechazo a las políticas de corrupción. De esa cuenta, en Guatemala varias mujeres y hombres se encuentran tras las rejas, considerados como presos políticos por defender los territorios, tal es el caso del maestro Bernardo Caal, activista q’eqchi’ opositor a la construcción de mega-hidroeléctricas en el río Cahabón del departamento de Alta Verapaz.

Volviendo a la visión del proceso como performa, es importante destacar que la presencia de mujeres es cada vez más notoria en estos escenarios, tanto en papel de querellantes y testigas en contra de militares, violadores, criminales, como sindicadas de delitos; abogadas, fiscales, secretarias, oficiales, juezas son parte central del elenco. Si bien cuantitativamente la cantidad de mujeres aumenta, ello no siempre corresponde a su calidad. Ejemplo lamentable de ello es la actual Fiscal General del MP, Consuelo Porras, al servicio de las redes de corrupción y tapadera del presidente y su gobierno en hechos ilícitos, repudiada por la ciudadanía que le exige la renuncia. 

Como contraparte, hay mujeres dignas, valientes, confiables, como las honorables juezas Yassmin Barrios y Érika Aifán, las exfiscales Claudia Escobar Mejía y Thelma Aldana, reconocidas y valoradas por su correcto desempeño y trayectorias. También en el trabajo diario de preparar los casos, están involucradas abogadas, comunicadoras, peritas, defensoras, bregando en un mar de pudrición donde el riesgo de naufragar es grande.

 

“En la lucha por la transparencia”

 

La audiencia de etapa intermedia fijada para el viernes tres de septiembre de 2021 en el Juzgado de Primera Instancia de Nebaj, un poblado ubicado a 1900 metros sobre el nivel del mar, conformado mayormente por indígenas ixiles, da inicio con el retiro del caso del señor Manuel Hernández, un hombre supuestamente implicado, quien falleció recientemente. El trámite se resuelve con la exposición del certificado de defunción. Luego, los fiscales del MP exponen -de manera torpe y malintencionada- las razones por las que sindican a la periodista Anastasia Mejía, cuyos videos utilizan de prueba en su contra, y a la señora Petrona Siy, ambas acusadas de sedición y atentado agravado.

Tengo que hacer un esfuerzo enorme, al igual que otras personas presentes, para no reír, patalear o gritar ante los argumentos falsos, subjetivos, absurdos, esgrimidos por los acusadores: que sus testigos afirman que Anastasia “se hizo pasar por periodista”; que estaba filmando en el lugar de los hechos y que no hizo nada para detener a la turba; que siguió narrando el saqueo y quema de “la muni”[1], que no llevaba el gafete que la identificara como periodista, que en el video susurra algo... A doña Petrona la acusan de haber planificado y organizado la manifestación y del subsiguiente vandalismo, así como de agredir a una policía municipal, aunque en las tomas exhibidas, se ve claramente que ella no está en la escena en ese momento. Así de estúpido e increíble.

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El equipo que acompaña a las sindicadas está integrado por abogadas como Ana López Sales e Ingrid Ajsivinac, fundadoras de la Asociación Chomija’ que reúne a abogadas indígenas, quienes han trabajado y contribuido al proceso de manera estratégica. Los peritajes culturales, de periodismo y de género, realizados por especialistas, sostienen los argumentos que demuestran que Anastasia es una periodista comunitaria que ha llevado información a su pueblo, cuyo trabajo es objetivo y responsable. Este concepto permite fundamentar la importancia de la comunicación como un derecho de los pueblos en la defensa de sus territorios, y además, la ubica como actora clave de la democracia. 

Las abogadas Dinora Rodríguez y Floridalma Aguilar, con experiencia en esa región del país, y quienes fungieron como defensoras en la audiencia, fueron contundentes al señalar los fallos de la argumentación, los vicios del proceso, las contradicciones de los fiscales, e inclusive dejaron ver que el alcalde probablemente propició el ataque a la municipalidad, con el fin de que ciertos documentos que lo pudieran comprometer, fueran destruidos. Son contrastantes la actitud, la conducta y el desempeño de ellas, frente a esos tipos grotescos que muestran desprecio por las partes, y hasta se duermen en la audiencia.

El juez Gilmar Barrios, un abogado anteriormente cuestionado por su actuación en otros juicios de Derechos Humanos, quien en su intervención ha citado de memoria artículos y convenciones internacionales, después de haber concedido la palabra a las partes, hace un ilustrado razonamiento -que nos mantiene en vilo- para llegar a la conclusión de que no hay indicios ni medios suficientes que demuestren que las sindicadas han cometido los delitos imputados, y dicta auto de sobreseimiento, con lo cual no las pueden volver a acusar por esos supuestos delitos. Cerrado el caso, ambas quedan en total libertad, como afirmó Anastasia, “en la lucha por la transparencia”.

Reprimimos las ganas de aplaudir y celebrar, pero las lágrimas corren por su cuenta. La justicia, esa institución racista y patriarcal, funcionó en favor de las compañeras. Son estos los chispazos de esperanza que nos hacen seguir trabajando para que en Guatemala florezca el bienestar. 

Salimos a la fría lluvia de Nebaj y recibimos otra buena noticia: esa misma mañana, en un juzgado de Antigua Guatemala, se dictó prisión preventiva contra un empresario acusado de violación sexual, denunciado por la joven Verónica Molina, apoyada por grupos y organizaciones de mujeres que celebran este pequeño paso en favor de la justicia, repitiendo #NoEsNo y #YoTeCreo. Queda por delante otro largo proceso que puede inclusive dejar en libertad al violador.

Desde Nebaj hasta casa hay más de seis horas de camino, si por suerte no hay algún accidente o percance, comunes en Guatemala. Con mi compañera de viaje y colega periodista comentamos los detalles de la audiencia, celebramos la resolución y enfrentamos con serenidad y paciencia los retos de viajar por carreteras descuidadas que atraviesan paisajes hermosos. Nos animan las historias compartidas por las abogadas mayas, nos estimula saber que mujeres de distintas edades y procedencias, librando grandes obstáculos, siguen luchando contra la impunidad. Y pese a la pandemia y al fantasma que la acompaña, nos felicitamos y agradecemos por haber sido testigas de un momento histórico como éste. 

La performa de hoy terminó, no así el camino de las mujeres por una justicia que ponga punto final a la violencia en su contra. Anastasia ha dado inicio a un trámite de antejuicio contra el alcalde, por violencia contra las mujeres, proceso que puede quedarse engavetado por años. Igualmente, habrá que darle seguimiento al juicio que le harán a doña Sebastiana Pablo, acusada de sedición, un delito que puede imputarse según la interpretación. 

En todo caso, me parece admirable que personas criminalizadas y encarceladas, amenazadas y golpeadas, continúen en resistencia por la ruta de la defensa de los territorios, construyendo una Iximulew (“Tierra de Maíz”) donde todas las personas puedan vivir dignamente.

 

Antigua Guatemala, 6 de septiembre de 2021

[1] La municipalidad de Joyabaj.

El juez Gilmar Barrios. Intervención sobre fotos de la autora

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El juez Gilmar Barrios. Intervención sobre fotos de la autora

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