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Dos proyectos de ley que ponen en peligro a niños, niñas y adolescentes en Uruguay

Silvina Font

¿Un gobierno que obliga a menores de edad que fueron abusadas o violentadas por sus padres a convivir con ellos? Las iniciativas de “tenencia compartida responsable” y “corresponsabilidad en la crianza”, que se están debatiendo en el Parlamento, significan un retroceso enorme en los derechos de la infancia.

En términos generales, ambos proyectos proponen que, tras la separación de una pareja, se imponga la tenencia compartida para sus hijos e hijas, sin tener en cuenta ninguna particularidad de la familia ni el deseo de esos niños, niñas y adolescentes. Uno fue presentado por el Partido Nacional (el oficialismo) y otro por Cabildo Abierto (partido ultra-derechista y conformado mayoritariamente por militares), y cuentan con el visto bueno del presidente Luis Lacalle Pou, que se comprometió con su aprobación. 

 

En la actualidad, la mayor parte de los acuerdos entre padres y madres son extra judiciales. Solo se involucra a la Justicia cuando no se logra llegar a un punto común, y se analiza caso por caso con distintos especialistas. Tanto la tenencia compartida como la corresponsabilidad en la crianza son cuestiones plenamente vigentes en el Derecho uruguayo, leyes acordes a tratados internacionales que el país ha ratificado y que ponen en el centro el bienestar de las y los menores de edad. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, no objeto de la tutela de los adultos, y se toma en cuenta su voluntad durante el proceso.

Impunidad para los abusadores sexuales

 

“¿Cuál sería la consecuencia más grave, si se aprueba uno de estos proyectos de Ley?”, preguntó una de las periodistas del programa “Algo Contigo” a Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso e integrante de la Intersocial Feminista.[1]La consecuencia más grave sería niños y niñas conviviendo con sus abusadores sexuales, o con personas altamente violentas, peligrosas para ellos/as y sus progenitoras”, respondió Tuana. 

 

Uno de los proyectos incluso explicita que no se suspenderá la tenencia compartida aunque haya medidas cautelares de uno de los progenitores hacia el otro (en su enorme mayoría, que establecen que el padre no puede acercarse a la madre). Solo plantean la posibilidad de suspender la tenencia compartida en los casos en los que el padre o la madre tengan una condena penal en menos de tres meses desde que ocurre un episodio violento. 

 

El primer problema con este artículo es que “muchísimas situaciones no llegan a una condena penal. La impunidad en los abusos sexuales y en la violencia psicológica es enorme. Ni siquiera se llega a hacer la denuncia, en muchos casos”, explicó Tuana. El segundo problema es la exigencia que se genera hacia las pruebas de violencia, pues la decisión termina en manos de la Justicia penal en vez de en los procesos de protección de la infancia. “La Justicia no va a procesar a alguien porque su hijo o hija tiene un ataque de pánico cada vez que le dicen que tiene que ver a su papá. No lo va a mandar preso por eso”, dijo Tuana. “Pero en un proceso de protección eso se valora” para decidir a quién darle la tenencia del niño o niña en cuestión. “Entonces, es muy grave cuando se quitan los procesos de protección y solo se espera una condena penal para decir ‘este señor es culpable, le sacamos la tenencia compartida’. Es un retroceso tremendo”. 

Fuente: Freepik

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¿A quiénes benefician estos proyectos de ley?

¿A los niños, niñas y adolescentes? No; todo lo contrario. ¿A madres y padres que buscan lo mejor para sus hijos e hijas? Tampoco. ¿A las infancias perjudicadas por “denuncias falsas”? No. ¿A padres que no quieren pagar la pensión alimenticia? Sí, porque dejarán de estar obligados a hacerlo, al -supuestamente- compartir la crianza de forma equitativa (aunque actualmente el 60% de los padres separados es deudor de pensión alimenticia en Uruguay). ¿A padres que han cometido actos de violencia y abuso sexual? También, por los motivos antes mencionados. 

 

Estos proyectos, en su fundamentación, plantean que los padres son separados de sus hijos e hijas por “madres malvadas”, que destruyen el vínculo con toda la familia paterna. Se basan en el falso argumento de que la Justicia siempre favorece a las mujeres y perjudica a los hombres, lo que no está probado con ninguna evidencia científica. Alicia Deus, abogada especializada en derechos de la infancia y consultora en temas de género, violencia y acceso a la justicia, explicó en una entrevista con el programa televisivo “Arriba Gente” que “no hay estudios, ni investigaciones, ni datos que puedan decir que la Justicia está sesgada a favor de las madres y en contra de los padres”. Además, “en estos proyectos no se consideraron las opiniones de las organizaciones que trabajan con infancia, que tienen muchísimos años de experiencia en el país”. 

 

Quienes están impulsando estos proyectos de ley, quienes están haciendo lobby para que se aprueben, son los grupos fundamentalistas y anti-feministas. Un tema que estas organizaciones siempre ponen sobre la mesa, su caballito de batalla, es el de las tan mencionadas denuncias falsas. Ellos alegan que estas madres malvadas mienten y denuncian a sus ex-parejas por abusos o violencia para que sean inmediatamente separados de sus hijos e hijas, a modo de venganza o castigo. Es importante aclarar que en Uruguay no hay investigaciones hechas al respecto, pero sí en el ámbito internacional, donde “las denuncias falsas sobre violencia o maltrato no superan el 5% de todas las denuncias realizadas”, según la Dra. Deus. “En Uruguay no hay datos al respecto, pero nada indicaría que se supere ese número internacional”, agregó. Sí hay datos sobre violencia intrafamiliar, sin embargo, que no son tomados en cuenta para realizar estos proyectos.  

 

Sobre este asunto, Tuana explicó que “quitar las instancias judiciales y de protección, donde se escucha al niño o niña en cuestión, generaría un efecto aún peor” en los casos que sí haya denuncias falsas. Escuchar al niño o niña es fundamental para definir si una denuncia es falsa o no, por lo que quitar esta instancia es aún más perjudicial para las infancias, al contrario de lo que dicen quienes impulsan estas leyes. 

 

 

Organizaciones a favor de la niñez

 

El Comité de los Derechos del Niño, la Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales (ANONG), la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, la Red Pro Cuidados, el Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Intersocial Feminista emitieron un comunicado conjunto el 11 de abril, donde manifestaron "profunda preocupación ante el contenido regresivo en términos de garantía de derechos, de dos proyectos de ley a estudio en el Parlamento Nacional, ante la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores". 

Les invitamos a leerlo haciendo click aquí o aquí.

Teléfonos relevantes en Uruguay:

0800 4141 / *4141 – Denuncias por violencia de género

0800 5000 – Denuncias por violencia intrafamiliar

0800 5050 - Denuncias contra abuso infantil