N°11 año 2020

31 de marzo

Llevamos años hablando de HIV,

es hora de que hablemos de PIB

 Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex)

El abordaje de los temas que hablan sobre nuestras realidades como mujeres trabajadoras sexuales suele pasar por dos lugares: por el VIH sida o por las secciones policiales de los medios de comunicación. Y a la hora de hablar desde otras perspectivas, si no cuadran en alguna de esas dos categorías, seremos condenadas a la invisibilización. Desde la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, llevamos años trabajando en nuestro empoderamiento y tenemos claro que nuestras realidades y biografías no caben en una muestra de sangre, mucho menos en una noticia policial, y bajo ninguna circunstancia vamos a aceptar el espacio cómplice del silencio.

Nuestra trayectoria de años y nuestra formación política y sindical han sido claves para llevar adelante el desarrollo de nuestros propios temas. Somos mujeres trabajadoras sexuales que reconocimos el valor y la importancia de llevar a cabo una investigación sobre el impacto de nuestro trabajo en la economía de nuestros países; y no sólo la hicimos con escasos recursos, sino que además la presentamos en la CEPAL.

El estudio Aportes de las Trabajadoras Sexuales a las economías de América Latina y el Caribe no es nuestra primera investigación, pero sí es la primera sobre el tema. Fue desarrollada durante 2019 en seis países de la región: Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay y República Dominicana, que forman parte de los 14 integrantes la RedTraSex. Sumamos esfuerzos con el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad AC de México (Consorcio)[1] para llevar adelante una investigación piloto, con el fin de aportar información válida y generar nuevas incógnitas de cara al debate que se dio en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en la CEPAL, que tuvo como tema central el empoderamiento económico de las mujeres y abordó, como cuestión particular, la autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes.

Destacamos tres razones por las que consideramos necesario este estudio: primero, porque no hay antecedentes en la región de investigaciones sobre esta materia; segundo, porque evidencia nuestra participación activa como parte de la población trabajadora y da cuenta de las consecuencias económicas y sociales que genera la falta de regulación del trabajo sexual; y tercero, porque es necesario aportar y visibilizar los precedentes que permiten ver cómo el trabajo sexual hace parte del Producto Interno Bruto (PIB) de cada país.

Para su desarrollo se revisaron informaciones económicas y estadísticas, clasificadores, catálogos, cuentas nacionales y el marco legal de los seis países, de los cuales se obtuvieron en total 300 respuestas a preguntas abiertas y cerradas, que arrojaron datos sociodemográficos, ingresos, egresos, costos de laborar, gastos de seguridad social y salud. La investigación presenta los resultados del estudio cuantitativo, y del relevamiento de datos secundarios sobre el aporte que hacemos las mujeres trabajadoras sexuales[2] autónomas a las economías de los países, a partir de los ingresos obtenidos con nuestro trabajo, y de los egresos que tenemos y que representan un flujo en la economía regional.

Señalamos los impactos de alza en otras economías como: la UE (en 2014 el 0,35% del PIB provino del trabajo sexual); Reino Unido (el gobierno está incluyendo el trabajo sexual en su estadística oficial del PIB y, en términos globales, representa un 0.7%); y Bélgica (según cifras analizadas por su Banco Nacional, el número que arrojó el trabajo sexual en 2018 superó los 1000 millones de euros, señalando un crecimiento del 27% respecto a los diez años anteriores e impactando en el alza del PIB de ese país).

En nuestro continente, únicamente el Estado de Nevada en los Estados Unidos de Norteamérica contabiliza directamente el aporte del Trabajo Sexual al PIB, ya que ahí es una actividad legal. En el resto de los países, las aproximaciones son indirectas o no son tenidas en cuenta, y esto es producto del vacío legal que hay respecto a nuestro trabajo, del cual se estima un aporte de 186 billones de dólares a la economía global[3].

En América Latina y el Caribe, en referencia a la contabilidad oficial de los recursos generados por el trabajo sexual, señalamos cómo hay países que han adaptado la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas de Naciones Unidas (CIIU Rev4), para la inclusión del trabajo sexual como categoría existente en sus sistemas de cuentas. Estos son: Colombia, México y Paraguay. México es el que efectivamente contabiliza el trabajo sexual dentro de sus cuentas nacionales y en 2017 representaba el 0.4% del PIB de la economía total del país.

El impacto de estas contribuciones no sólo es importante para ser estudiado, también debe atenderse de modo urgente, porque las trabajadoras sexuales somos un sector de la población que a pesar de nuestros elevados índices de “participación” en la economía, no somos sujetas de ningún tipo de políticas públicas, así como tampoco gozamos del acceso pleno a derechos laborales, como cualquier otro trabajador y trabajadora de la región. 

La importancia de este estudio radica también en su capacidad para contrarrestar los estigmas y mitos sobre nosotras. Por ejemplo, muestra cómo la inmensa mayoría cuenta con la educación primaria completa, así como también más de la mitad de las encuestadas cuenta con un nivel de estudios aceptable para favorecer su inserción en el mercado laboral. Este dato pone al descubierto y a la vez se opone al estereotipo que representa a la trabajadora sexual como una mujer carente de estudios.

La inmensa mayoría de las mujeres encuestadas tenemos como única fuente de ingresos el trabajo sexual, así como también declaramos tener al menos una persona que depende económicamente de nosotras, y casi la totalidad aporta recursos para el sostenimiento de nuestros hogares. Desde el punto de vista económico, resulta abrumador el peso sobre los honorarios que percibimos las trabajadoras sexuales en la manutención de nuestros núcleos domésticos.

Como una radiografía de la actualidad latinoamericana, el estudio muestra que Chile es el país con mayor desigualdad para las mujeres trabajadoras sexuales, y da cuenta también de la actualidad migratoria de la región, ya que en los seis países en donde se hizo la encuesta, encontramos trabajadoras sexuales de 12 nacionalidades distintas; la colombiana y la venezolana son las que tienen mayor presencia en todos los países del estudio. Y este no es un fenómeno del trabajo sexual, es un dato que se corresponde con el cambio en los flujos migratorios observados en la región.

Nos preguntamos: ¿Dónde están los Estados frente a todas estas realidades que vivimos y que demostramos con esta investigación?

En ese orden de trascendencia y significado consideramos vital la continuación de este estudio y su ampliación en los demás países. No sólo evidencia la omisión de la contabilización de nuestro aporte a las economías, (excluyéndonos de la población trabajadora latinoamericana), sino que, además, en estas épocas de deconstrucción, demuestra la naturalización de la violencia económica e institucional de la que somos objeto. Con este estudio alertamos a todos los Estados de la región y a la CEPAL sobre ello. Dicha naturalización se refiere a la normalización, por parte de una gran cantidad de mujeres trabajadoras sexuales, de pagos en forma de multas y extorsiones para el ejercicio del trabajo, impuestas arbitrariamente por terceros, quienes, ante la falta de regulación, crean y alimentan el circuito de la clandestinidad.

Por muchos años hemos aportado, pero a los bolsillos de la policía y de funcionarios públicos que nos exigen coimas para trabajar. Esos aportes, queremos hacerlos a las naciones y queremos que se contabilice nuestra participación económica en el PIB de los países que, como sabemos y mostramos, no es para nada menor. Perdemos nosotras y pierden las economías nacionales porque esos “aportes” deberían ir al fisco de cada país y no a los bolsillos de la corrupción institucional.

Hablamos de darle un marco legal a nuestro trabajo, de aportar a la economía de nuestros países y con ese aporte poder generar políticas públicas para nosotras. Es necesario que los gobiernos, los tomadores y tomadoras de decisiones, la sociedad entera y el feminismo, reflexionen sobre el hecho que implica que existamos mujeres latinoamericanas que trabajamos durante años –algunas durante toda la vida–, y que no tengamos acceso a bancarización, a crédito para vivienda, ni siquiera a seguridad social. Esa es, justamente, la realidad que vivimos las mujeres trabajadoras sexuales de la región.

El objetivo que nos propusimos desde la RedTraSex y el Consorcio, lo cumplimos. Por primera vez las trabajadoras sexuales tuvimos un evento paralelo en el marco de la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina de la CEPAL, en la que el 28 de enero de 2020 presentamos los resultados de nuestra investigación piloto. En el panel contamos con la compañía de Herminda González, trabajadora sexual defensora de los Derechos Humanos, fundadora de Fundación Margen de Chile, cofundadora y actual encargada organizacional de la RedTraSex; Mabel Bianco, presidenta de FEIM, co-presidenta del Comité de ONG para la Condición de la Mujer de América Latina y el Caribe, integrante en representación de ONG del Sur en el comité Organizador de Generación Igualdad; Daptnhe Cuevas, feminista, máster en economía y gobierno, Directora Ejecutiva del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de México; Magdalena Provis Ramírez, oficial de juventud de ONUSIDA para América Latina y el Caribe, periodista, con más de cinco años de experiencia en el Sistema de las Naciones Unidas y Elena Reynaga, feminista y trabajadora sexual, fundadora y actual secretaria ejecutiva de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe.

Nuestra investigación la entregamos también a Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina; Janet Camilo, ministra de la Mujer de República Dominicana; Alejandra Mora Mora, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA y a Maria-Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres. Finalmente, y en el acto de cierre de la Conferencia Regional luego de pedir la palabra durante casi una hora, las trabajadoras sexuales pusimos bajo el conocimiento de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, la realización de nuestra investigación y también nuestros reclamos, ella tomó copia del estudio y expresó que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe iba a encarar la realización de este.

Además de haber llevado nuestra iniciativa a una instancia de la naturaleza de la CEPAL, consideramos de un altísimo valor político el impacto que tuvo dentro de la RedTraSex. El relevamiento de este estudio fue hecho por nuestras compañeras trabajadoras sexuales en cada uno de los seis países, aprovechando así las capacidades instaladas, producto de años de trabajo en nuestro empoderamiento y toma de consciencia política. Se entendió la importancia de llevar a cabo nuestro propio trabajo de campo, incluso sin contar con fondos para ello. Esto habla y demuestra una alta responsabilidad y un alto compromiso político y militante por parte de las Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe.

Además, tiene un enorme significado el hecho de que este estudio ideado e impulsado por la población de mujeres trabajadoras sexuales, haya sido presentado en el marco de una actividad en la que preponderantemente presentan estudios las mujeres académicas. Es de un enorme valor que también estemos ahí nosotras, desde nuestras calles, nuestras esquinas y desde las mesas con nuestras familias, hablando de economía, PIB y derechos, cambiando los términos de la conversación, saliéndonos del corsé del sida.

Con la realización de este estudio, sus resultados y su presentación en el marco de la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina de la CEPAL, dejamos claro que no sólo contribuimos como trabajadoras con la riqueza de nuestros países, sino que también vamos a seguir entrando a todos los espacios que sean necesarios para reclamar por nuestros derechos y nuestra autonomía, porque si las trabajadoras sexuales no hablamos de lo nuestro, nadie más lo va a hacer.

[1] Ambas organizaciones forman parte del movimiento feminista regional, son integrantes de la Articulación Feminista Marcosur, así como también hacen parte del Grupo de Trabajo Feminista, espacio creado para el seguimiento de la agenda de población y desarrollo en LAC.

[2] Sólo se incluyen mujeres CIS dado que son ellas las agremiadas a la RedTraSex, se reconoce que en la región también hay mujeres trans dedicadas al trabajo sexual, pero en el universo de las encuestas aplicadas para este estudio se abordaron muestras con las primeras.

[3] Según datos de la Organización Havocscope: “Prostitution: Prices and Statistics of the Global Sex Trade” citada en la investigación: “Aportes de las Trabajadoras Sexuales a las economías de América Latina y el Caribe” de la RedTraSex.