Eva Machado

Embarazo de niñas y adolescentes en Perú

Un caso emblemático y un Estado incapaz

A casi dos décadas de ser obligada a gestar, parir y amamantar, el Estado pidió perdón a Noelia Llantoy por la tortura a la que la sometió. Ese mismo día una niña de 13 años murió a raíz de una cesárea. Nadie le había informado de su derecho al aborto terapéutico cuyo protocolo se redactó, justamente, a partir de la condena contra el Estado peruano por el caso KL, como se conoce la batalla que Noelia ganó en los tribunales internacionales. Horas después de que el Estado prometiera garantías de no repetición, se supo que otras dos niñas cursaron embarazos forzados.

Los tres casos se presentaron días después de que el Estado pidiera perdón a Noelia Llantoy. El propio Estado la torturó al impedirle que abortara un feto anencefálico, al hacer que terminara su gestación. También debió amamantar a un bebé que moriría cuatro días después de ser obligada a parirlo. Su caso era conocido como “KL” (Karen, su primer nombre, Llantoy). Ahora, Noelia es una mujer adulta, puede mostrar su rostro públicamente y hablar de su vivencia, pero en 2001, tenía 17 años y todo un sistema de salud dispuesto a someterla a una de las experiencias más terribles.


La justicia para Noelia comenzó a llegar tres años después, cuando el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictaminó que sus derechos fueron violados y debía ser reparada. Pero tuvieron que pasar diez años más para que el Estado acatara en su totalidad la sentencia
internacional: que adoptara medidas para evitar violaciones semejantes en el futuro (el protocolo de aborto terapéutico se aprobó en 2014); que publicara el fallo del Comité (lo hizo en el Diario Oficial El Peruano en 2015); que reparara económicamente a la víctima (indemnización que se hizo conforme a los estándares internacionales del sistema regional y universal). Este año, el Ministerio de Justicia de Perú, en representación del Estado, pidió perdón públicamente a Noelia por el daño infligido y ella, por fin, pudo dar por concluida esa etapa de su vida. Pero existen cientos de “casos KL” más en Perú que no reciben justicia, ni protección ni respeto a sus derechos.

Sofía

 

Así perdió la vida Sofía1 1 en la ciudad de Ica, al norte de Lima. La niña de 13 años se había estado atendiendo en el Hospital San Juan de Dios de Pisco, pero Perú se enteró de su caso cuando el Hospital Regional de Ica emitió un comunicado a raíz de las denuncias de negligencia de los familiares de la menor. Sofía había sido sometida a una cesárea en Pisco y producto de este procedimiento quirúrgico entró en coma. Así llegó al Hospital Regional, estuvo diez días en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y falleció el 5 de marzo. El mismo día que el Estado pedía perdón a Noelia. El mismo día que le prometía hacer todo lo posible para que no hubiera nunca más casos como el suyo.


La historia de Sofía podría haber sido distinta si se hubiera activado el protocolo de aborto terapéutico, si los operadores de salud le hubieran informado a tiempo a sus familiares que podía acceder a este derecho, si su vida le hubiera importado al Estado y si nadie la hubiera violado. Pero el Estado volvió a fallar: la obligaron a continuar un embarazo, producto de una violación, que ponía en peligro su vida; la sometieron a una cesárea mal hecha; y la mataron. Porque este es un crimen del Estado y el Estado debe hacerse cargo de sus feminicidios.

Gabriela

 

Ella no murió, pero el Estado le tiene una enorme cuenta pendiente. Gabriela tiene 13 años y vive con su hermano de cinco años y su madre en uno de los distritos más pobres de Lima. Fue violada de forma recurrente por su vecino de 23 años en octubre del 2018. Dieciséis semanas después, en enero de 2019, un desmayo de Gabriela reveló lo que le sucedía: estaba embarazada. La denuncia fue interpuesta, pero la orden de detención para el violador salió un mes después. En ese tiempo le ofrecieron de todo a la madre de Gabriela para que retire la denuncia, incluso casar a la niña con su violador. Cuando vieron que esto no cambiaba la convicción de la madre de hacer justicia para su hija
empezaron las amenazas. El acusado está prófugo.


El caso de Gabriela salió a la luz dos días después de que se supiera la muerte de Sofía. Tenía 21 semanas de embarazo y su madre, preocupada por el estado emocional de la niña, acudió a los medios de comunicación: presentaba depresión y un problema renal, además de los riesgos inherentes a un embarazo adolescente. Gabriela no quería tener al producto de la violación, pero en el hospital en donde se atendió no le informaron que podía acceder a un aborto terapéutico. En cambio, la trataron como una gestante madura, le hicieron creer que tenía que ser madre así no quisiera, como hacen con todas las niñas embarazadas en Perú. Los servicios de salud están ciegos a los derechos de las niñas, a la tortura que implica llevar un embarazo forzado, al castigo que significa ser madre a la fuerza, a la precariedad a la que encadenan la vida de todas estas niñas.


Hubo un fuerte debate en los medios acerca de los tiempos en que se puede aplicar el protocolo. Este señala que el aborto terapéutico puede realizarse hasta las 22 semanas, a pesar de que las vidas de las niñas y adolescentes sigue en peligro pasado este tiempo. Activistas feministas convocaron a un plantón frente al Hospital Rebagliati, donde estaba internada Gabriela, para que accediera a un aborto terapéutico oportuno, pero la protesta fue cancelada luego de confirmarse que Gabriela estaba siendo acompañada por aliadas feministas, de que ya había cumplido las 22 semanas, y de evaluar que una movilización también podría convocar a los antiderechos y, de esta forma, se podía poner en peligro el
tratamiento y el anonimato de Gabriela. Lo que había pasado en Argentina meses antes, el sometimiento a cesáreas a niñas embarazadas por violación en Jujuy y Tucumán para “salvar las dos vidas”, ocasionaba temor en muchas de las personas cercanas a la menor.


La preocupación por el futuro de Gabriela era grande, hasta que el 20 de marzo la naturaleza jugó a favor de Gabriela: tuvo un parto pretérmino y el neonato falleció una hora después. Gabriela, su madre y su hermano pequeño regresaron a casa. Las amenazas continuaron y los obligaron a mudarse a otro distrito pobre, al otro lado de la ciudad, donde esperan rehacer sus vidas. Nunca “rehacer” tuvo tanto sentido en la vida de estas dos mujeres que han sido impactadas por una sociedad que desconoce la ciudadanía de las niñas y las mujeres.

Alejandra

Alejandra, una niña de 13 años de Piura, una ciudad al norte del Perú, no tuvo la “suerte” de Gabriela. Fue encontrada cuando huía con su bebé de cinco meses de la casa que nunca pudo llamar hogar. Alejandra fue violada por su padre, su primo y su hermanastro durante años, a pesar de que a sus nueve los había denunciado. El Estado tuvo cinco años para remediar su desprotección, pero no hizo nada más que devolverla al infierno. Sin poder soportar más, Alejandra huyó. Las dos se encuentran en un refugio del Ministerio de la Mujer, junto a cientos de mujeres que han pasado por historias de violencia, iguales y distintas a la vez, todas con algo en común: un Estado ausente, incapaz de proteger a las niñas.