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Una crónica del proceso chileno. 

De la revuelta a la Convención Constitucional[1]

Virginia Guzmán

Me han invitado a escribir desde una perspectiva feminista sobre la Convención Constitucional de Chile. Pese al grado de involucramiento personal y las esperanzas que me suscita este proceso, en verdad, no sé por dónde empezar. Me pregunto cómo dar cuenta de un proceso tan legítimo y comprensible en sus razones y a la vez tan contingente, que se desenvuelve paso a paso en un clima político nacional e internacional tan complejo, agitado y amenazante. ¿Por dónde empezar? ¿Qué destacar? ¿Cómo respetar la materialidad del proceso sin teñirlo de mis expectativas y de las esperanzas que comparte una parte mayoritaria de la  ciudadanía? Tal vez, será bueno adoptar la forma de una crónica.

El antes: Acumulación de malestar y emergencia de nuevos movimientos

 

Hasta el año 2010, discursos sobre el crecimiento, la modernización y el progreso circulaban en los medios oficiales. Pero también habían algunos indicios de malestar y denuncias sobre los efectos del desarrollo de parte de la ciudadanía que motivaban propuestas de cambio radicales entre las fuerzas de oposición y algunas organizaciones sociales. Sin embargo, el malestar era tapado en los medios y en la discusión pública  y las propuestas de cambio de las fuerzas políticas de oposición eran bloqueadas una y otra vez en el parlamento.  Los altos quorum constitucionales aprobados en la constitución de los ochenta para dar estabilidad al orden social ponían coto a las propuestas de una centro izquierda que, además, estaba muy preocupada  en asegurar la gobernabilidad del país.

Los estudiantes secundarios, muchos los primeros de su familia en ingresar a universidades por medio de programas de créditos, cargaban al salir de la universidad una pesada mochila de deudas, que difícilmente podrían asumir en el futuro. En el ambiente profesional, los sistemas de exclusión vigentes devaluaban la formación adquirida y, no  contando con redes familiares, muchos/as egresados/as universitarios/as ocupaban posiciones subalternas, con bajos salarios y/o al margen del mercado profesional. Los cambios en la medición de la pobreza hicieron visibles sus múltiples dimensiones, así como cada vez eran más evidentes los efectos nocivos de las políticas de crecimiento en el desgaste experimentado por la mayoría de los/as trabajadores/as, en el empobrecimiento de la vida social y personal, así como también en los daños producidos al bienestar de las comunidades y en la naturaleza. 

Una mayoría de mujeres con mayores niveles de educación y experiencia de asociatividad desarrollaron mayores niveles de autonomía, expresados en proyectos propios y colectivos, y asumían posiciones más visibles en la vida pública. La autonomía alcanzada junto al desacato de normas de género muy tradicionales referidas a la dependencia económica y política de las mujeres y al control y abuso de la sexualidad, desencadenaban olas de violencia patriarcal ante la amenaza de perder poder.  

En el 2006, un poderoso movimiento estudiantil secundario -en el que participan muchas mujeres- se pronuncia contra una ley orgánica de educación inscrita en la constitución de 1980 y, desde 2011, nuevamente los movimientos universitarios luchan con el apoyo amplio de la ciudadanía contra el lucro de las universidades. Al mismo tiempo, crecen los movimientos territoriales que se oponen a decisiones centralistas que afectan sus modos de vida y su entorno, contra la privatización de los derechos sociales que obstaculiza el acceso a servicios de calidad de salud, educación y vivienda. 

A partir de 2011, se visibilizan en Chile nuevos colectivos feministas heterogéneos que extienden su acción política hacia diversos ámbitos de la sociedad y la cultura, articulándose con otros movimientos sociales. Se inscriben en lo que se reconoce como la “ola verde violeta”. Los nuevos feminismos se presentan como disidentes, en contra de las políticas neoliberales, decoloniales, antirracistas y anti patriarcales. Estos procesos se vinculan, a su vez, con los de otras latitudes: en todo el mundo y en los más diversos ámbitos, se destapan casos de abuso sexual con efecto dominó, como lo refleja el mismo nombre del movimiento que surge desde actrices estadounidenses al año siguiente: #MeToo (2017). Ese mismo año, el 19 de octubre de 2016, la convocatoria de la marcha Ni Una Menos supera todas las expectativas de las organizadoras congregando multitudes en la Alameda, en el mismo mes en que miles de mujeres marchaban, bajo la misma consigna, por la Ciudad de Buenos Aires, Lima, La Paz, y tantas otras de la región, probando el rasgo más visible de la actual ola feminista: su masividad

En al año 2018 tiene lugar la toma de universidades y protestas masivas. Las estudiantes recogen y traducen en códigos actuales las demandas del movimiento de mujeres que lleva décadas de lucha contra el sexismo y la discriminación. Un primer hito de este derrotero está marcado en el mes de abril de 2018, cuando en la ciudad de Valdivia, un grupo de estudiantes de la Universidad Austral decide ocuparla frente a la indiferencia de la casa de estudios ante las denuncias de abusos sexuales que involucraban a alumnos, docentes y funcionarios. Días después se suma la toma de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, seguida por una ola de movilizaciones feministas a lo largo del país, cuyo balance a fines de mayo arroja dieciséis universidades en toma, más de treinta facultades en paro, y una serie de manifestaciones de estudiantes secundarias. Si bien los programas de género universitarios fueron  una nueva cantera de movimientos feministas, a partir del 2018 trascienden marcos institucionales y se expanden por los más diversos resquicios de la sociedad[2].

Feminismo, revuelta social y pandemia

 

El estallido social ocurrido en octubre del año 2019 y resignificado posteriormente por la mayoría ciudadana y las fuerzas de izquierdas como “revuelta social”, constituyó la irrupción espontánea de personas y grupos a los espacios públicos. Convocados a través de redes sociales, canales informales o boca a boca, la ciudadanía se volcó a las calles y a las plazas, denunciando los privilegios de la elite, su falta de respeto hacia la ciudadanía, visibles en experiencias cotidianas de abuso. Fue el momento en que se hicieron palpables los costos sociales de las políticas neoliberales (bajas pensiones y salarios, difícil acceso a los servicios de salud y educación, altos niveles de endeudamiento, entre otros aspectos). La demanda de una asamblea constituyente, vieja demanda de los movimientos sociales, fue voceada en las manifestaciones en búsqueda de un horizonte societal más justo. Se trata de poner fin a las políticas neoliberales y a las desigualdades en el reconocimiento del otro/a como igual y promover una genuina representación democrática. 

La presencia de las mujeres y de los colectivos feministas fue masiva en las distintas expresiones del estallido social, desde los Cabildos y otras manifestaciones territoriales de protesta hasta las grandes manifestaciones convocadas por organizaciones mixtas. Muchas mujeres salieron de sus casas y alteraron sus rutinas habituales, ampliando las fronteras de su cotidianidad y enriqueciendo sus sentimientos de pertenencia a nuevos colectivos. Las actuales generaciones feministas -dentro de las cuales destaca la militancia de feministas jóvenes de distintas procedencias sociales, étnicas y territoriales, debido a su gran experticia y uso de las nuevas tecnologías- estrecharon distancias temporales y espaciales, culturales y discursivas. Ello les ha permitido estar permanente y virtualmente entrelazadas a través de múltiples convocatorias[3].

A casi un mes de la revuelta y ante la intensidad del apoyo ciudadano, y a las múltiples expresiones de violencia, parlamentarios de distintos partidos políticos exigidos por el Poder Ejecutivo, arribaron después de intensas y tensas negociaciones a la redacción de un “Acuerdo por la Paz social y la nueva constitución”. El apoyo a la salida institucional suscitó contradicciones en los integrantes de las organizaciones sociales y en el movimiento espontáneo debido a la desconfianza de parte importante de la ciudadanía respecto a la capacidad y disposición real del sistema político de responder a las demandas y a no limitarse al cooptar el proceso en su propio beneficio.  

El itinerario político institucional que conducía a la elaboración de una nueva constitución requería de reformas constitucionales que permitiera la realización de un plebiscito para aprobar la idea de una nueva constitución y al final para ratificarla o rechazar la constitución elaborada en una Convención Constitucional. 

El debate sobre la composición de la Convención y el sistema electoral para elegir a los futuros convencionales permitieron, gracias a la fuerza de la revuelta, y a una potente red de mujeres feministas, organizaciones de defensa de derechos de las mujeres, profesionales y parlamentarias, aprobar la paridad de los resultados en la composición de la Convención, listas de independientes, posteriormente escaños reservados para pueblos originarios y cuotas en la listas para personas en situación de discapacidad .

Luego de la firma del Acuerdo, un sector de la derecha inicia la campaña al rechazo. Sin embargo, otros sectores de derecha con mayor capacidad de leer el momento político se manifiestan a favor del “apruebo”. 

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La Convención Constituyente: hacia una cultura política paritaria y plural y normas institucionales democráticas

 

La pandemia de Covid-19 interrumpió bruscamente las movilizaciones sociales y alteró el itinerario del proceso constituyente, generando un clima de inseguridades, no solo por los efectos sanitarios sino también por  la sobrevivencia y futuro del proceso constituyente. 

Pese a la pandemia, los distintos movimientos sociales, grupos académicos y universidades, grupos feministas y mujeres, siguieron la movilización en forma virtual, crean plataformas, promueven debates, elaboran publicaciones y organizan consultas en torno a los contenidos posibles de una futura Constitución. Se mantiene el proceso de politización en busca de cambio de paradigmas y de modelos nuevos de desarrollo y de organización de la sociedad. Es esta politización virtual -animada desde distintos espacios e iniciativas a nivel nacional y territorial- la que mantiene vivo el horizonte constitucional. 

En los espacios de coordinación (asambleas, colectivos, plataformas) las feministas se perfilan como actoras sociales y políticas y desarrollan puntos de agendas de género coincidentes para integrar en una futura constitución, la que, de acuerdo a sus planteamientos, debe garantizar el ejercicio de una democracia paritaria y plural, los derechos y la soberanía de las personas y grupos sin ninguna exclusión.  

En un contexto de extrema deslegitimación de las instituciones surgen, sin embargo, tensiones entre las mujeres feministas de generaciones mayores -que han militado en u ocupado puestos de gobierno de la concertación- y algunos grupos de mujeres que las cuestionan afirmando su independencia de los partidos de izquierda tradicional y su procedencia territorial y popular. También se percibe una diferencia entre posiciones muy radicales poco dialogantes y otras posiciones feministas que buscan ampliar el espacio político del feminismo. Sin embargo, pese a estas tensiones, la mayoría del movimiento se alineó finalmente a favor del apruebo en el plebiscito y en una modalidad en que los integrantes eran elegidos directamente por la ciudadanía. 

 

El triunfo del Apruebo a la elección de la convención constitucional elegida directamente por la ciudadanía 

 

El triunfo de la ciudadanía en el plebiscito de entrada en octubre del 2020 (un año después del estallido) fue alegre, esperanzador y revitalizante. Gana mayoritariamente “el apruebo”- y la moción que todos los/as convencionales fueran elegidos directamente. Al mismo tiempo que se inicia la campaña por la Convención Constituyente tiene lugar el ciclo electoral de alcaldes y concejales, la elección por primera vez de los gobernadores, las primarias presidenciales y las candidaturas de parlamentarios y presidente. Esta situación, si bien mantiene vivo el debate político, lleva a que la Convención debilite  sus perfiles propios. Y posteriormente, que las lógicas electorales se entreveren condicionando en algún sentido el comportamiento de las y los constituyentes.

 

La voluntad ciudadana de participar en la elaboración de una nueva constitución fue notable. Se inscribieron más de setenta listas, la mayoría de las cuales están enraizadas en la movilización social. Las listas de independientes superaron a las inscritas por los pactos políticos de oposición, revelando que parte importante  de la ciudadanía desea participar sin mediaciones, desde los territorios y bases sociales. 

 

Los efectos cotidianos de la desigualdad, la confrontación reiterada con la insatisfacción de necesidades básicas, la prioridad de los criterios económicos sobre la calidad de vida en zonas de sacrificio, la debilidad de valores ciudadanos y las reiteradas prácticas de corrupción y enriquecimiento ilícito, motivaron a los candidatos a organizarse y participar en listas independientes. Sus demandas son condensaciones de luchas anteriores que con distintas longitudes de tiempos fueron impulsadas por grupos de mujeres y hombres, como, por ejemplo, contra el proyecto de HidroAysén, luchas contra la privatización del agua, la descentralización, la pequeña agricultura familiar, contra las zonas de sacrificio, el deterioro ambiental, la lucha de los pueblos originarios por sus territorios, respeto a su cultura y formas de auto gobierno, contra las AFP (Administradora de Fondos de Pensiones) y, en el caso de los movimientos feministas, contra las distintas manifestaciones de la sociedad patriarcal.  

La campaña constituyente de los partidos políticos oficiales siguió la lógica común de intereses partidarios más inmediatos. La derecha establece una amplia alianza que va desde la derecha extrema a los sectores de centro derecha para alcanzar el 2/3 de quórum que les permita vetar los acuerdos en el proceso constitucional. Los partidos de izquierda no logran acuerdos y se presentan en dos bloques: “Unidad constituyente”, en torno a la ex nueva mayoría, y la lista “Apruebo Dignidad”, conformada por el Frente Amplio, el Partido Comunista y otros partidos. Pero a diferencia de otras elecciones, los partidos liberan cupos a actores independientes, en respuesta a la opinión ciudadana que se pronuncia a favor de candidatos  sin filiación política, profesionales respetados y líderes sociales comprometidos con luchas territoriales. 

 

La elección de candidatas feministas, aunque discutidas en asamblea u organizaciones, se decidieron en pequeños grupos y en negociación con el resto de las listas que se presentaban, especialmente con el Partido Socialista, independientes, Frente amplio y lista del Pueblo. Las candidaturas feministas se unen bajo la consigna de una Constitución feminista. Plantean que la perspectiva feminista debe estar presente desde las orientaciones generales constitucionales, la definición del Estado, la formulación de los principios y derechos así como en el debate de la orgánica, referido a la distribución del poder al interior del Estado y a la implementación de una gobernanza participativa y descentralizada.  Coinciden en una serie de propuestas en torno al cuidado, la paridad, la igualdad sustantiva y la no discriminación, entre otras:  

 

- Incluir la dimensión de cuidado en la definición del Estado, para visibilizar la condición de vulnerabilidad humana y la interdependencia de los seres humanos con los seres vivos y la naturaleza. 

- Reconocer el principio de la corresponsabilidad social del cuidado. 

- Reconocer y garantizar el Derecho a cuidar, ser cuidado y al auto cuidado. 

- Reconocer y garantizar los Derechos sexuales, reproductivos y de la diversidad sexual. 

- Reconocer y garantizar el Derecho a vivir una vida libre de violencia. 

- Garantizar la paridad de género hombres y mujeres en los órganos y poderes del Estado. 

 

Las elecciones de las/os constituyentes

 

La tensa calma, permeada de temores y esperanzas debido a las sucesivas postergaciones de las elecciones por la pandemia, fue disipada con los resultados de la mega elección del 15 y 16 de mayo de 2021, cuyo corazón fue la elección de lxs constituyentes. 

Los resultados mostraron que la Convención Constitucional era efectivamente una salida institucional participativa a la revuelta social. Al bajar las barreras de acceso a los espacios políticos institucionales debido a la norma de paridad de resultados, escaños reservados a los pueblos originarios, cupos en listas partidarias para personas con discapacidad y formación de listas independientes y sistema de elección distrital, se facilitó el acceso a la escena política institucional de sujetos políticos más representativos de la diversidad social.

La derrota de la derecha fue clara: obtuvo 37 convencionales del tercio que aspiraba para frenar los cambios. Los partidos de la ex concertación eligieron 25. Ellos fueron cuestionados por su distanciamiento con las demandas y necesidades de la mayoría de la población, la no defensa irrestricta de los derechos humanos, su débil compromiso con la protección ambiental y las demandas de los pueblos originarios. El apoyo a Apruebo Dignidad como fuerza alternativa fue mayor, con 28 escaños. Un gran porcentaje de hombres y mujeres que se autodefinen independientes o integrando la Lista del Pueblo lograron una importante victoria con 38 escaños, 27 de los cuales pertenecen a la Lista del Pueblo (ver Anexo).

El efecto de la Constituyente también se sintió en las elecciones realizadas de acuerdo con el sistema político vigente. La participación alcanzó un porcentaje mayor que en las elecciones municipales pasadas y aumentó la presencia de las fuerzas de oposición, de la izquierda concertacionista. Además, algunas mujeres accedieron a cargos de alcaldesas en Municipios de gran trascendencia, como es el caso de Santiago, Ñuñoa, Melipilla, San Miguel, Valdivia y Viña del Mar -que estaban en manos de la derecha- y aumentaron también su presencia entre las concejalas electas.

La instalación de la Convención 

 

La esperada inauguración de la Convención Constitucional el 4 de julio en 2021 y la elección de la Presidencia y Vice presidencia de la Mesa, marcó el inicio de una nueva etapa. En su discurso inicial, Elisa Lonco, lingüista mapuche, integrante de los escaños reservados para pueblos originarios, se dirigió a la ciudadanía llamando a la acción común, a moverse desde concepciones, experiencias, sentimientos, emociones y voces diferentes, hacia objetivos comunes que respeten la diversidad. Subrayó y demandó el reconocimiento del carácter plurinacional e intercultural de nuestra sociedad. 

La instalación de la Convención enfrenta numerosos desafíos. El primero de ellos es generar normas de funcionamiento a través de un reglamento provisorio, ampliar la mesa mediante la elección de 7 vicepresidentes/as: cuatro mujeres y tres hombres, representantes de pueblos originarios y de distintas posiciones políticas. También determinar los contenidos de las comisiones de trabajo y elegir a sus integrantes, cuyas presidencias fueron elegidas con criterios paritarios.

Las convencionales feministas enfrentan varios desafíos importantes. En primer lugar, transitar desde la paridad numérica a una paridad de contenidos en torno a una agenda de género y la inclusión de la perspectiva feminista en el reglamento. Con ello se busca evitar que en el funcionamiento interno y en las relaciones con la ciudadanía se reproduzcan estos estereotipos de género y racistas, que  desvalorizan los aportes de las mujeres, inhiben y frenan su participación en los procesos de deliberación y toma de decisiones. Es preciso igualmente estar alerta a que en la relación que establece la constituyente con la ciudadanía, no sea excluido ningún grupo de mujeres. En este sentido, el tema de la participación territorial es un punto de interés principal.

A partir de la existencia de reglas claras sobre modalidades de acceder a la información, la calidad de las relaciones entre los constituyentes y la participación ciudadana, se incluyeron en la formulación del reglamento los principios de igualdad y no discriminación y de paridad de género. De acuerdo con estos principios, las mujeres deberían presidir en un mismo número que los hombres las comisiones y subcomisiones. En un sentido preventivo deberían aprobarse normas específicas destinadas a sancionar la violencia política hacia las mujeres, como a tener en cuenta los recursos de tiempo u otros necesarios para garantizar la participación de las mujeres. Por otra parte, otro tema de discusión se refirió a las modalidades de articulación que podrían establecer las feministas para  evitar la desarticulación de las propuestas incluidas en su agenda.

 Por otra parte, la paridad numérica  no es suficiente. Para transitar hacia una paridad de contenido feminista es necesario establecer un amplio campo político entre convencionales que se autodefinen feministas y establecer sistemas de alianzas. En el pleno de la Convención o en las comisiones, las feministas deben relacionarse con distintos constituyentes que pueden presentar diferencias tajantes o matices con las posiciones feministas, que deben ser considerados en la argumentación y en los procesos deliberativos en que ellas intervengan. Las convencionales deberán cruzar la cancha para debatir con distintas fuerzas y posiciones políticas en torno a la dimensión de género presente en la definición del carácter, los alcances y los contenidos de la nueva Constitución. Esto les exigirá difundir y publicitar sus posiciones, abrirse a escuchar otras propuestas, identificar los puntos de acuerdo para generar fuerza y esclarecer dentro de las alianzas establecidas las premisas erróneas y consecuencias negativas de otras posiciones conservadoras renuentes al cambio de la situación de las mujeres y a la pérdida de privilegios.

Para esta tarea, cuentan con recursos acumulados en el tiempo: una ciudadanía sensibilizada frente a las desigualdades de género y un fuerte movimiento feminista heterogéneo a nivel nacional e internacional. Cuentan también con experiencias de organización flexibles en redes, que cruzan espacios y trascienden rígidos límites organizacionales. Redes que se despliegan a lo largo del territorio nacional y que, a través de la lucha conjunta, han logrado la paridad de género en la Convención. 

A lo largo del país se han conformado una serie de articulaciones de organizaciones feministas para apoyar y dar seguimiento al proceso, a la vez que generalizarlo a los distintos territorios. Desde la articulación territorial feminista se han elaborado propuestas de reglamentos feministas, protocolos de no violencia y una carta de compromiso de no violencia de género, entre otros recursos, como las propuestas presentadas las convencionales por la articulación territorial “Elena Caffarena”. 

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Del reglamento a la discusión de los marcos constitucionales 

 

Han pasado casi dos meses desde la instalación de la Convención Constituyente y a lo largo de estas ocho semanas la ciudadanía ha sido testigo de la forma en que la convención ha ido adquiriendo materialidad y presencia política e institucional. Se ha ido enraizando en la sociedad, cuestionando la lógica centralista, levantando las barreras que excluyen a mujeres y pueblos indígenas de los cargos representativos y debilitando las fronteras que habitualmente distancian las instituciones de las organizaciones sociales y la sociedad civil.

Las comisiones han convocado a la ciudadanía  a participar de  numerosas  audiencias  sobre  a los temas que discuten, y la comisión de descentralización se ha desplazado a regiones en el cumplimiento de su función. A través de las audiencias, las/os constituyentes han podido sumergirse en la realidad del activismo social, en la vivencia de la injusticia compartida y conocer propuestas de superación que provienen de distintas organizaciones y colectivos. Muchos testimonios trasuntan una gran carga de sufrimiento, comunican el desprecio y postergación de que las personas han sido objeto, y desnudan los efectos corrosivos de la dominación y la violencia. Pero, a la vez, han elevado las esperanzas de que es posible desarrollar otras subjetividades y formas de mirar el mundo que promueven la justicia y democracia en una sociedad paritaria, plural. Finalmente, en torno a la Convención se han generado múltiples observatorios que registran, organizan y difunden la información a la que se puede recurrir para profundizar la reflexión, anticipando la necesaria transparencia de las futuras instituciones. 

Y es que en la convención se intenta construir una nueva institucionalidad e incursionar en nuevas formas de quehacer político para poner los cimientos de una nueva sociedad. Estos logros requieren grandes esfuerzos, convicción y un sentido de enorme responsabilidad frente a los/as electores/as y los movimientos sociales. Porque la elaboración de normas no es un trabajo puramente burocrático, sino que, al contrario, se sustenta en premisas que reflejan las concepciones que se tienen de la sociedad, de los principales problemas de injusticia y desigualdad que hay que abordar y de los marcos constitucionales futuros necesarios para lograr las transformaciones deseadas.

Durante estos dos meses las personas elegidas se han afirmado como constituyentes y a partir de sus posiciones iniciales se han abierto a las demás, sobre todo en las comisiones, acercando posiciones de acuerdo con las temáticas tratadas. 

En este debate, se intercambiaron concepciones y distintos puntos de vista de cómo construir democracia, por ejemplo, en torno a los sistemas de elección que favorezcan el acuerdo mayoritario, garanticen espacios de escucha y deliberación dentro de una institución, y se respete a las minorías. El debate ha movilizado energía que se plasma en la emergencia de nuevas subjetividades y se manifiesta en el compromiso y dedicación de los/ las convencionales más allá del tiempo estipulado de trabajo diario. La influencia de la cultura de los pueblos originarios, fomentar el buen trato y respeto al entorno se han difuminado y se expresan en las apelaciones permanentes a la escucha, la aceptación de las diferencias y el respeto mutuo. La Convención enfrenta el desafío permanente de articular  la justicia y la democracia. 

Por otro lado, enfrenta el desafío de articular distintos tiempos. El primero de ellos es mantener el horizonte de futuro tratando de no dejarse atrapar por la contingencia. Por otro lado, no es tarea de la convención resolver los problemas de la contingencia sino elaborar marcos constitucionales y aprobar mecanismos de actuación que permitan la solución futura de esos problemas, en marcos constitucionales más justos y democráticos.

El segundo de ellos es enfrentar la estrategia de desestabilización política de parte la derecha y sus medios oficiales y en redes sociales, que con el apoyo experto pretende  socavar el prestigio y apoyo ciudadano a la Convención.

Las feministas convencionales siguen enfrentando los mismos desafíos: lograr que las concepciones del feminismo y el reconocimiento de las bases estructurales de las desigualdades de género sean consideradas en todos los debates temáticos para mostrar cómo estas desigualdades configuran los distintos problemas abordados - climáticos, económicos- y son influidas por el tratamiento que se les dé. Como dice Joan Scott, conocida historiadora feminista: todas las relaciones sociales tienen una dimensión de género, al tiempo que las relaciones de género están entrecruzadas e influidas por otras relaciones sociales de clase, de etnia, edad, región.  Un segundo desafío es formar un amplio campo feminista diverso entre las militantes y mujeres independientes que se definen a favor de los derechos de las mujeres, para dar materialidad y voz a las propuestas en todas las comisiones, a la vez que difundan entre los constituyentes las ideas feministas para tejer amplias y necesarias alianzas.

Un tercer riesgo es su exposición a la violencia política de género, racista y clasista, que ya se ha ejercido sobre todo contra dirigentes de Pueblos Originarios, con el fin de inhibirlas, dividirlas y neutralizarlas. 

Pero y fundamentalmente las feministas organizadas y mujeres feministas independientes deben enfrentar y resistir los intentos de dividirlas que surjan desde el interior mismo de las feministas o desde los/las convencionales o la sociedad. Una vez más, es fundamental abrir espacios entre ellas y expresar  las diferencias para llegar crear posiciones conjuntas, evitando el riesgo de que algunas se sientan las representantes del “verdadero feminismo”,  lo que puede traducirse en una actitud de superioridad moral, punitivista y empobrecedora 

Por el contrario, se debe ampliar la fuerza social y política, fortalecer los espacios de deliberación al interior de la convención y fuera de ella, en alianzas con las organizaciones de mujeres y feministas. 

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ANEXO 

 

Las y los convencionales elegidos/as

En la elección de constituyentes se estableció la paridad de género en las candidaturas y en la integración del órgano constituyente. Ello significaba que se debían presentar la misma cantidad de candidaturas de hombres y de mujeres -conocido como sistema paritario de entrada-, un mecanismo de ajuste que asegurara que los escaños se distribuyeran de forma pareja entre hombres y mujeres, y un sistema paritario de salida.

De las 155 personas elegidos/as que redactarán la propuesta de la Nueva Constitución: 77 son mujeres y 78 hombres. De ellos, 17 corresponden a escaños reservados para pueblos originarios (seis de ellos fueron reservados para el pueblo Mapuche, dos para Aymaras, mientras que Diaguitas, Atacameños, Changos, Collas, Quechuas, Kawésqar, Yaganes y Rapa Nui obtuvieron un escaño para cada representante): 9 mujeres y 8 hombres :

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En relación con la edad de las/os convencionales, también es diversa. El promedio de edad es de 45 años, es decir, la mayoría nacieron y crecieron en democracia. La persona de mayor edad es un hombre de 81 años y la persona más joven es una mujer de 21 años.

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Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en La Tercera (2021) “Tu Match Constituyente”

La diversidad sexual también está presente, 10 de ellos/as se reconocen como parte de la comunidad de LGTBIQ+.

 

En relación con el nivel educacional de las y los constituyentes, el siguiente gráfico da cuenta de ello:

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Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en La Tercera (2021) “Tu Match Constituyente”. 

 

Hay una diversidad de profesiones y oficios entre las personas que integran la convención. Una mayoría con educación superior o profesionales de universidades regionales y nacionales y algunos con estudios de post grado, como muestra el gráfico anterior. Las profesiones más frecuentes son las/os abogados o egresados de Derecho (64), profesoras/es (17), ingenieras/os (11) y periodistas (6), pero también hay quienes estudiaron trabajo social, sociología, geografía y psicología.

Asimismo, en este caleidoscopio de personas, también hay dirigentes indígenas y sociales, una machi, amas de casa, cuidadoras, técnicos y emprendedoras. 

La pertenencia a las distintas coaliciones políticas es otra caracterización de las/os convencionales. Según el eje militancia e independencia, los resultados, excluyendo a los escaños reservados, indican que del total:

  • Milita en alguna colectividad política, un 36% (50 de 138) 

  • Son independientes (88), un 64% de los/as constituyentes, entre ellos:

    • un 1% (1) son candidaturas independientes fuera de pacto 

    • un 34% (47) pertenecen a listas o pactos (Lista del Pueblo, con 28 electos/as; Independientes no Neutrales, con 11; entre otros)

    • un 29% (40) son independientes en "cupos", dentro de pactos y/o partidos 

 

(Observatorio de una Nueva Constitución, 2021)

 

 

La votación por mujeres fue mayoritaria en las listas de independientes:

  • En la Lista del Pueblo, el 60,7% de la votación fue para sus candidatas

  • En la lista Independientes No Neutrales, las mujeres obtuvieron el 56,1% de los votos. 

En las listas de partidos en cambio, los hombres obtuvieron una mayor votación: 

  • En la Lista del Apruebo, un 53,3% de los votos fueron para los hombres

  • En la Lista Vamos por Chile, el 51,8%

  • En la Lista Apruebo Dignidad, el 51% de la votación fue para hombres 

 

 

Nos encontramos entonces con un grupo heterogéneo de convencionales que pueden ser clasificados por varios ejes simultáneamente, por su posicionamiento a lo largo del eje derecha-izquierda, y del eje militante o independiente. Ahora bien, la categoría “independiente”, más que posición política es una expresión de la desafección y de la profunda desconfianza que les suscita la institucionalidad y el sistema político (que en el caso de la Lista del Pueblo concentra en las posiciones de izquierda más radical).  Otro eje central es la pertenencia a uno de los variados pueblos originarios, entre los cuales son mayoritarios. Esta heterogeneidad permite anticipar la posibilidad de distintas agrupaciones y alianzas

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