N°11 año 2020

31 de marzo

Foto: Silvina Font

La derecha llegó a Uruguay

Vigilar, castigar y proteger

la propiedad privada

Lilián Celiberti

El 1 de marzo asumió el gobierno Luis Lacalle Pou, quien encabeza una coalición de partidos integrada por los partidos tradicionales (Partido Nacional y Partido Colorado), un pequeño partido auto definido como socialdemócrata (Partido Independiente), otro, también pequeño, de derecha antipolítica (Partido de la Gente) y, Cabildo Abierto, un nuevo partido de ultraderecha nacionalista dirigido por un militar que introdujo en sus narrativas principales, el ataque a la “ideología de género”. Este partido reunió el 11% de las adhesiones en las elecciones nacionales, captando todo el espectro de ultraderecha que no tenía en Uruguay una expresión política propia. Así, consiguió una bancada parlamentaria nada despreciable, que le sirve para presionar hacia la derecha a la coalición de gobierno que, por su fragmentación, necesita esos votos para tener mayoría parlamentaria.

En el aeropuerto de San Pablo, encontré una pareja de uruguayos amiga de amigos: “Nos vamos de vacaciones antes de que se nuestros ingresos como jubilados ya no nos permita hacerlo”. Mas allá de cualquier análisis, la sensación es la de volver a los 90 y la de saber muy bien los costos sociales que conlleva. Apenas unos días después de asumir el nuevo gobierno, el dólar se disparó con un aumento superior al de los países de la región. No hay lugar a confusiones: cuando festejan los exportadores sufren quienes viven de sus salarios. También se aumentaron las tarifas públicas y el Iva, que como todo impuesto indirecto afecta a quienes dependen de sus ingresos mensuales.

Pero incluso antes de colocarse la banda presidencial, Luis Lacalle, tal como lo había anunciado durante la campaña electoral, presentó en simultáneo a la ciudadanía y a los partidos de la coalición, el borrador de un proyecto de ley de 457 artículos divididos en diez secciones que será ingresado al parlamento como de “urgente consideración”, lo cual significa un tratamiento express, con tiempos acotados de debate. La cámara que recibirá el proyecto contará con 40 días para tratarlo y la segunda, con otros 30. Para ser aprobada, la iniciativa necesita mayoría simple, que el partido de gobierno tiene solo con el apoyo de sus socios de la coalición, con los que deberá negociar la versión final. El texto propone cambios legales en seguridad, educación, justicia penal, economía, propiedad de la tierra y en el enfoque de las políticas públicas y de los derechos. Y será interesante ver cuál es el resultado final, es decir, una vez que cada uno de los partidos de la coalición presente sus opiniones.

De todas maneras, este borrador es una forma de marcar la cancha y de trasladar a la agenda pública el significado del cambio a la derecha: punitivismo, participación tecnocrática, condicionalidades a los “beneficios” de las políticas públicas para acotar –y si es posible derrotar– la noción de derechos. Los cambios de lenguajes y de conceptos han marcado a lo largo de la historia una disputa permanente de los sentidos y del alcance de los derechos.

Una primera disputa es precisamente el carácter de urgente, ya que entre los 457 artículos se mezclan materias tan diversas como la prohibición de ocupaciones en los lugares de trabajo, cambios en la institucionalidad del gobiernos de la educación (incluida la participación de los docentes), la negociación colectiva, la portabilidad del número telefónico para favorecer a las empresas privadas de telefonía celular, el denominado derecho al olvido, o la habilitación a que las sociedades anónimas sean propietarias de la tierra. Es difícil resumir sus contenidos en lo concreto, pero no en lo conceptual: en ese sentido, el conjunto de los principios que sustenta el extenso articulado son los que sostienen la agenda de la derecha neoliberal.

“Analizar cómo se expresa esa manera de gobernar, cuál es su historia, cómo conquista, cómo se encoge, cómo se extiende a tal o cual dominio, cómo inventa, forma, desarrolla nuevas prácticas, ése es el problema”, invita Foucault.[1] No es una novedad la manipulación discursiva del capitalismo y la construcción de narrativas que identifican a los enemigos del momento, con mayor o menor sutileza, como delincuentes, pichis, narcos, o “hechos de apariencia delictiva” de libre interpretación. Se trata de un campo amplio de sujetos a los que la orientación de seguridad les advierte que se les “terminó el recreo”. El recreo para amar sin límites, el recreo de las que abortan, de los pintan las paredes de la ciudad, o hacen malabares en las plazas y calles. Autoridad y disciplina pretenden disciplinar los cuerpos díscolos y desobedientes.

Permiso para disparar

La primera sección del borrador está dedicada a la seguridad pública y se lleva más de 40 páginas. El orden, la seguridad y el control son los principios rectores de la nueva gobernanza. Se proponen cambios en normas penales como la sustitución del artículo 26 del Código del Proceso Penal, que establece las circunstancias que configuran la legítima defensa. Por ejemplo, se exime de responsabilidad a “aquel que defiende la entrada de una casa habitada o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de la casa o de las dependencias”. También se exime de responsabilidad a la policía que “en ocasión o con motivo del cumplimiento de sus funciones repele una agresión física o armada contra él o un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de coacción, en forma racional, proporcional y progresiva, y agotando en forma previa los medios disuasivos que tenga a su alcance, sin perjuicio de la prueba en contrario”.

Redefinir la “legítima defensa” es autorizar de hecho a los privados o al personal policial y militar a usar la fuerza y las armas para actuar contra los “sospechosos” y “delincuentes”, destruyendo las políticas garantistas del derecho. El control de las calles y plazas tuvo su primer ensayo –“la primera prueba de seguridad”, en palabras del gobierno– el 8 de marzo, con un operativo intimidatorio de 200 policías, tanquetas y un helicóptero para infundir el miedo. Sin embargo, las 350.000 voluntades que no se amedrentaron.

Punitivismo y seguridad

La violencia de género se aborda exclusivamente desde lo punitivo. Se aumentan las penas para quienes cometen violación, abuso sexual o abuso sexual especialmente agravado, y se crea un nuevo delito para aquellos violentos que destruyan las tobilleras electrónicas. En este apartado el texto dice, específicamente, que toda persona que deba portar el dispositivo electrónico “deberá preservarlo en las mismas condiciones en que le fuera entregado y colocado, conservándolo con la diligencia de un buen padre de familia” o, de lo contrario, se enfrentará a una pena de entre diez y 18 meses de prisión, y al pago de una multa.

Para el feminismo no punitivista es fundamental cuestionar la ponderación de la esfera penal para intentar resolver problemas sociales complejos. Al denunciar las violencias machistas, el feminismo ha creado una narrativa política que politiza la experiencia social de las mujeres frente a la dominación masculina. Y es, precisamente, el reconocimiento de esa experiencia común lo que posibilita disputar una captura reduccionista vinculada exclusivamente a una visión de seguridad. La catedrática María Eugenia Rodríguez Palop afirma que “cuando el Derecho nos protege solo mediante el uso de sanciones, nos fragmenta, nos despolitiza, y nos deja sin protección como grupo”. La racionalidad neoliberal privatiza e individualiza las responsabilidades.

Es urgente el debate sobre el incremento de penas y las alternativas punitivas como estrategia principal para enfrentar la violencia de género. Cuando la respuesta es exclusivamente punitiva, además de ser ineficaz, legitima la herramienta que el capitalismo patriarcal utiliza contra los oprimidos. Rita Segato ha abierto un debate interesante sobre este aspecto, que busca problematizar las demandas de más cárcel para los victimarios. Está en juego, como expresa Carolina Sepúlveda en Convergencia Medios de Chile, “el sentido que le daremos a la herramienta penal y de qué otras formas podemos buscar justicia y reparación ante las situaciones de violencia machista que se presentan en la forma de agresiones sexuales o femicidios, a la vez que nos hacemos cargo –como lo estamos haciendo ya– de las condiciones estructurales que generan y reproducen esa violencia”.[2]

Disputas de sentido

Por primera vez en la política nacional, un grupo político partidario asume, desde la derecha, una posición explícita contra de la denominada ideología de género. En tal sentido, el líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos no se cansa de decir, una y otra vez, que el problema de Uruguay son las bajas tasas de natalidad y que ello se debe a la ley de aborto y a la población LGTB. Según dijo Manini Ríos al semanario Voces, en Uruguay funciona un “modelo cultural” importado, con una “receta que viene dada” junto a “la orden de aplicarla: ahí aparece la ONU y un enjambre de ONG favoreciendo menos natalidad”. Luego se adentró aún más: “No me quiero meter, pero los LGBT también son parte del tema”.

Parece raro que el ex comandante Manini Ríos, siendo licenciado en Historia por la Universidad Católica desconozca la particularidad de la transición demográfica de Uruguay que, de la mano de la universalización de la educación primaria y la separación de la Iglesia del Estado, ha determinado bajas tasas de natalidad mucho antes de la “llamada agenda de derechos”. Las mujeres uruguayas abortaron siempre sin protección de la ley y por ello Jimenez de Aréchaga fundamentó la ley que despenalizó el aborto en 1934.

No se trata solo de un derecho individual decidir cuántos hijos tener, se trata de discutir –como dice Verónica Gago– bajo qué formas y experiencias se desarrolla una producción social en términos no extractivos ni explotadores. La disputa se instala en torno a la soberanía de un cuerpo –territorio que permite conectar las luchas por el aborto con las de una vida que merece ser vivida, al decir de Amaia Pérez Orozco. Coloca en debate la reproducción de la vida en un sentido amplio, desde la perspectiva de la economía feminista. El aborto es, para la subjetividad feminista, el deseo de libertad. Elegir y decidir son premisas que jamás aceptó el pensamiento conservador patriarcal y controlador. La maternidad deseada es lo que está en juego en una dimensión que cuestiona profundamente el orden patriarcal; por eso el primer proyecto de ley presentado en la legislativa recién inaugurada es una modificación a la ley que establece la educación para el ejercicio pleno de la sexualidad. En nuestros deseos de decidir también interviene la precariedad de la vida, la pobreza de tiempo que tenemos y las extenuantes jornadas entre el cuidado y la obtención del ingreso mensual que necesitamos. Una razón feminista que el pensamiento patriarcal jamás podrá comprender.

En otros sectores de la coalición de gobierno las disputas no son tan explícitas como en Cabildo Abierto, sin embargo, el borrador de la ley de urgente consideración introduce cambios en la institucionalidad estatal del Instituto Nacional de las Mujeres. Le quita su carácter rector para las políticas de género y le adjudica la promoción del “respeto a la vida” aunque no se sabe muy bien a qué se refiere en relación a política pública. Sin referirse explícitamente a la ley integral de violencia de género, reduce la responsabilidad del instituto al ámbito familiar. Aparentemente es la única forma de violencia que se reconoce. En el texto del borrador de la ley de urgente consideración también se eliminan competencias relacionadas con el asesoramiento de los organismos del Estado a nivel nacional y departamental, y la posibilidad de “realizar convenios internacionales de cooperación técnica y financiera de los cuales el país forma parte”.

En el plano institucional queda por ver la dimensión que tendrán los “cambios” propuestos por el nuevo gobierno y, particularmente, qué combinación tendrá la disminución del “costo del Estado” y el ahorro prometido de 900 millones de dólares, sin tocar derechos fundamentales. Lo que el borrador anuncia, en muchos terrenos y planos del acontecer, es una vez más, se aplicará la fórmula conocida: las pérdidas recaerán sobre las personas que viven de sus salarios regulares y precarios. Tendremos que potenciar formas de re-existencia, como propone el geógrafo brasileño Carlos Porto Gonçalves, “es decir, una forma de existir, una determinada matriz de racionalidad que actúa en las circunstancias, inclusive re-actúa, a partir de un topoi, en fin: de un lugar propio, tanto geográfico como epistémico” (2006). Re-existir con prácticas anómalas, autogestionadas que construyen el lugar de lo común que va más allá de lugares y espacios, para convocar formas de organización de la vida atacada por el capitalismo neoliberal.

[1] Nacimiento de la biopolítica. Clase 10 de enero 1979. Fondo de Cultura Económica 2007, pag 21

[2] Carolina Sepulveda. Convergencia Medios, Chile https://www.convergenciamedios.cl/2019/06/sobre-la-necesidad-de-un-feminismo-antipunitivista-aprendizajes-de-la-visita-de-rita-segato-a-chile/